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Persona dependiente con alzaheimer en un centro de día. / Efe
La Ley de la Dependencia lleva años como un bonito papel mojado, pese a los esfuerzos de muchas autonomías por extender este servicio pensado para tratar con dignidad, sobre todo pero no exclusivamente, a quienes llegan deteriorados al final de sus vidas después de haberlo dado todo por su familia y la sociedad .
El sindicato CCOO ha elaborado el Informe de seguimiento de la implantación del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD). Situación en las comunidades autónomas, con datos actualizados hasta el 31 de marzo de este año. La secretaria de Políticas Sociales y Migraciones de CCOO Andalucía, Rosa Berges, explica que en esta comunidad el «peor problema» sigue siendo el tapón de la lista de espera –pese a su reducción en algo más de un 10 por ciento en un año, de 100.000 a 88.000 personas– y que, con el nivel de prestaciones a la dependencia que presta Andalucía, suprimirla costaría 817 millones de euros.
Esta lista de espera afecta grosso modo a un 30 por ciento de dependientes en la comunidad autónonoma, el tercer porcentaje tras Canarias y Cataluña y muy lejos de la lista de espera testimonial de Castilla y León.
Esta lista de espera, que se puede prolongar hasta un año, es especialmente sangrante porque todo el proceso desde que empiezan los síntomas de falta de autonomía y deterioro del mayor hasta que se barema, se incluye en la lista de espera y se le concede la prestación se prolonga meses mientras este desgaste físico se acelera y los familiares se desesperan.
De alguna manera, explica Berges, Andalucía está haciendo una pesada y larga digestión de un sistema de atención que ha querido cubrir a mucha gente –por ejemplo, además de ancianos, a menores de edad discapacitados, que tienen preferencia– y que antes de que llegaran los recortes fue «pionero», explica la sindicalista. Con el tiempo esa primacía andaluza ha ido perdiendo brillo y los servicios más caros han ido dando paso a soluciones menos costosas, como la teleasistencia, que en Andalucía se presta a 80.955 beneficiarios, el 31 por ciento del total, 14 puntos por encima de la media. Las prestaciones baratas suponen el 62 por ciento de las que se conceden en Andalucía, prosigue la experta.
«El porcentaje de población que solicita ayudas a la dependencia es más alto que en la mayoría de las comunidades y tras los recortes del Gobierno en 2012 la Junta ha tenido que ir adaptándose ofertando teleasistencia y ayuda a domicilio, que son las prestaciones más económicas», explica Berges, por el «interés en atender» a cuantos más dependientes mejor de la Administración autonómica. Pero, alerta el informe de CCOO, cuando el deterioro avanza, quizá la teleasistencia no sea el recurso más adecuado.
Tampoco sirve para controlar a dependientes testarudos que se resitan a medicarse, aunque su ventaja es que es compatible con otras prestaciones, como la ayuda a domicilio, añade Berges.
Como contrapartida a la alta implantación de la teleasistencia, en Andalucía apenas hay dependientes en residencias: el 10,79 por ciento. La media está en el 22,82.
De hecho, el principal reproche que hace la responsable de Políticas Sociales de CCOO a la Junta de Andalucía es precisamente la «anticuada» normativa sobre residencias, que favorece que falten gerocultores porque el perfil de los ocupantes de las residencias ha cambiado en los últimos tiempos y quienes cuidan de los ancianos acaban «sobrecargados».
Recortes del Gobierno
Pero las reclamaciones más serias se dirigen al Gobierno central, que ha dejado muy desatendida la dependencia. Por comparar dos cifras, la Junta de Andalucía cuantificó como gastos de Dependencia 1.263 millones de euros en 2017. El Gobierno dedicó en toda España 1.359 millones a todo el sistema, que en teoría debe financiar al 50 por ciento con las autonomías. Pero en Andalucía es frecuente desde la implantación de los recortes que la Junta cargue con el 80 por ciento de estos pagos.
El gran ejemplo en el que podría mirarse Andalucía, no obstante, es una autonomía que gobierna el PP: Castilla y León, donde también hay un gran número de dependientes –casi todos muy ancianos– y una gran dispersión geográfica. Pero la lista de espera allí no llega al 5 por ciento de los dependientes
CCOO PIDE UN PLAN DE CHOQUE DE 2.500 MILLONES
CCOO reclama con este informe al Gobierno un «plan de choque» dotado con 2.500 millones de euros para garantizar que cerca de 400.000 dependientes salgan de la lista de espera o del limbo de la baremación. Bajo la Ley de la Dependencia 967.835 personas reciben atención en toda España, aunque otras 293.173 personas están en lista de espera, sin ningún tipo de prestación, y otras 127.910 personas se encuentran pendientes de valoración. Sin embargo, la positiva evolución de las listas de espera contrasta con el aumento de personas a la espera de esta valoración.
La implantación de este «plan de choque», explicó a las agencias de prensa la secretaria de Política Social de CCOO, Paula Guisande, podría suponer la creación de más de 100.000 puestos de trabajo en la atención a la dependecia. Además, aseguró que este plan tendría también una perspectiva de género debido al «porcentaje importante de mujeres» que hay trabajando en el sector.
El informe del sindicato estima que el reconocimiento de prestaciones para los 1,30 millones de dependientes supondrá una necesidad de financiación que sitúa entre el 1 y 1,50 por ciento del PIB, en función de la calidad de los servicios que se implementen.
«Consideramos que la recuperación económica no tiene un reflejo en la atención a las personas dependientes», precisó Guisande. En este sentido, añadió que los recortes realizados por el PP en el año 2012 han supuesto un «golpe para el sistema», del cual, en su opinión, «no se ha recuperado», aunque desde 2015 «se ve un refuerzo por parte de las autonomías».