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Declaración de Carmen Martínez Aguayo. / Efe
La declaración de Carmen Martínez Aguayo en el juicio de los ERE será recordada como la del «tono arrogante», o al menos así lo percibió el tribunal que le llamó la atención para que rebajase la tensión. Sea como fuere, con un tono más distendido o más arrogante, el caso es que la exconsejera de Hacienda y número dos del expresidente José Antonio Griñán en su etapa al frente de la misma consejería, no solo le ha sacado las castañas del fuego a su jefe, sino que incidió en la misma idea que todos los acusados que le han precedido: el desconocimiento de las irregularidades en el procedimiento de los ERE pues en ningún momento fueron advertidos de ellos.
Martínez Aguayo, que se enfrenta a seis años de cárcel y 30 de años de inhabilitación, comenzó ratificando su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el 8 de abril de 2015. «Ni mis técnicos ni los interventores me advirtieron de irregularidades», dijo la exconsejera, como ya hiciera ante el instructor en el Alto Tribunal andaluz. A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, admitió que despachó con Griñán, entonces consejero de Hacienda, sobre las conclusiones de la memoria de control financiero permanente y los informes adicionales de la Intervención General, «claro que sí», pero nunca al detalle de comunicarle el «uso inadecuado» de las transferencias de financiación y la «ausencia de fiscalización previa». Aguayo los llamó «desajustes administrativos» y no informó al entonces consejero porque dichos informes «no requerían de la actuación de Hacienda». «Mi énfasis siempre estaba en las mejoras de las Intervención» y las que este proponía dijo Aguayo. La ex alto cargo dijo también que la Intervención ponía en su mesa unos «cien informes anuales», aunque ella no se los leyó, sino que pasaban por las manos de los técnicos de la consejería, funcionarios cualificados, y «ni mis técnicos ni los interventores me advirtieron de irregularidades». En este punto, Aguayo recordó la declaración del ex interventor general Manuel Gómez, quien reiteró que ninguno de los interventores delegados de las consejerías apreció «menoscabo» alguno en el procedimiento de las ayudas sociolaborales. El mandato del Consejo de Gobierno, según destacó Aguayo, era que en el caso de que «no se atendiera a las mejoras recogidas por el Interventor, este realizara un informe de actuación, especialmente si se estaba produciendo menoscabo de fondos públicos». Un paso que en el caso de los ERE nunca hizo la Intervención.
Aguayo defendió el sistema de control financiero permanente –el que se seguía con las ayudas sociolaborales cuestionadas– frente a la fiscalización previa, pues «es mejor y más moderno que» esta. «No solo los entes instrumentales de la Junta están sometidos al control financiero permanente, sino también la Administración general, como es el caso de Salud». Ante las irregularidades detectadas por la Intervención y que no fueron atendidas, el fiscal le preguntó si aún así seguía defendiendo este sistema, a lo que Aguayo ha dicho que sí, que no es solo su opinión, pues «es una ciencia que no voy a discutir porque así lo dice la Unión Europea y así se está estableciendo en España». En definitiva, dijo que es «un sistema más profundo, con tres informes y una auditoría externa».
Por otro lado, sobre el uso de las transferencias de financiación, el sistema que se empleó para dotar de fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y a la Agencia IDEA para pagar las ayudas comprometidas por Empleo, aseguró que «era la medida habitual, la medida frecuente para donar fondos de un sitio a otro». De hecho, sostuvo que no es un sistema exclusivo de la Junta, sino que también es empleado por otras comunidades autónomas y el Estado. Además, incidió en que «sí estaban sujetas a control como todos los gastos de la Junta de Andalucía» y que la Cámara de Cuentas y el Parlamento conocían de su utilización y no hubo nunca «ningún tipo de objeción».