Ahora sí, se acabó el ensayo general

Fin a tres largas y tediosas jornadas de juicio, en las que no se ha avanzado más que en un mero trámite judicial. Ayer ya se dio por terminadas las lecturas de los escritos de defensa de los 22 ex altos cargos acusados en el procedimiento específico de los ERE. Ahora sí, tras este ensayo general, la vista se retomará el 9 de enero de 2018 para exponer las cuestiones previas, después de que el tribunal propusiera a lo largo de la mañana varias alternativas para ganar tiempo, sin éxito ante la dificultad de cuadrar todas las agendas.

Uno de los escritos de defensa que se leyeron ayer fue el del exinterventor de la Junta Manuel Gómez que insiste en que realizó «todas las actuaciones a las que estaba obligado» y que alertó «de las irregularidades administrativas detectadas».

Las defensas continuaron con el modelo seguido el día anterior, en el que cada uno leía aquellas partes que más le interesaban de sus escritos. La acusación contra Gómez son «imprecisas» y hay «graves incorrecciones técnicas» para mantener una acusación por prevaricación, dijo su letrado, José Rebollo, que recordó que se le acusa de no haber actuado, pese a conocer el destino de los fondos desviados, cuando los informes –que «no eran vinculantes»– solo podían ser favorables. «Emitió numerosos informes para alertar de las irregularidades administrativas detectadas en el procedimiento de adjudicación de subvenciones y ayudas por parte de la Consejería de Empleo», a lo que el letrado añadió que «la acusación olvida, que fue él quien lo remitió a sus destinatarios, que eran los que podían ejecutar las medidas». El día antes las defensas de los expresidentes Chaves y Griñán dijeron que «no conocían ni podían conocer» el fraude porque «nadie» les alertó. Ayer, el abogado de José Antonio Griñán, José María Mohedano, negó una «hipotética responsabilidad del interventor», porque eso sería admitir que el «procedimiento específico» existió.

Además del abogado del exinterventor, la jornada arrancó con la intervención del letrado de Agustín Barberá, Pedro Apalategui, que negó la existencia de una trama criminal que durante diez años haya desviado fondos y recalcóo que «las acusaciones han errado el punto de mira». Tras él han dado lectura a sus escritos el abogado del exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el del exviceconsejero de Economía José Salgueiro, el del exsecretario de Empleo Juan Francisco Sánchez, el de los ex directores generales de IDEA Javier Aguado y Jacinto Cañete, de la exsecretaria de empleo Lourdes Medina, del ex secretario de Hacienda Antonio Estepa y del exconsejero de Presidencia Miguel Ángel Serrano. Asimismo, declinaron a leer sus escritos tres abogados, entre ellos, el del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Fernando de Pablo, que en su momento ni siquiera lo entregó y dijo que responde a una «estrategia de defensa».

El magistrado daba por terminada la sesión, recordando que a partir de enero el juicio será de lunes a miércoles, y este día habrá sesión de mañana y tarde. «¡Feliz año!», se desearon, pese a todo, entre los acusados.