-
Muestreos de Cartografía de posidonia oceánica. / Consejería de Medio Ambiente
Ya no basta con reducir las emisiones, con proteger los bosques y reforestar, para frenar el cambio climático se necesitan más aliados y la Consejería de Medio Ambiente se ha fijado también en los fondos marinos. La apuesta, además, cuenta con el respaldo de la Unión Europea, que financia al 60 por ciento el presupuesto de más de 2,5 millones de euros, de la segunda edición del proyecto Life Blue Natura Andalucía.
El secreto está en que los científicos han descubierto que la posidonia oceánica, una planta subacuática, conocida popularmente como lijo o alga del vidriero, aunque «no es un alga, es una plata con raíz, hojas y flores» como las terrestres, puntualiza la responsable del proyecto, Rosa Mendoza, actúa como sumidero de CO2, liberando, por tanto, a la atmósfera, de dióxido de carbono y, contribuyendo, a frenar el cambio climático.
La primera edición de este Life se centraba en localizar y cartografiar los bosques sumergidos de posidonia en el litoral andaluz mediterráneo. Pero también se ha realizado una aproximación a su contribución a la mitigación frente al cambio climático y los estudios llevados a cabo estiman que las praderas de posidonia en Andalucía secuestran cada año unas 30.000 toneladas de CO2, que equivale al 0,2 por ciento del objetivo de reducción de emisiones marcado por el Plan Andaluz de Acción por el Clima y en el mercado europeo de derechos de emisión, regulado por el protocolo de Kioto, este secuestro de CO2 se valora en más de 700.000 euros anuales, a lo que hay que añadir las más de 25 millones de toneladas de CO2 que tienen secuestradas a largo plazo, y, por tanto, los créditos de CO2 que habría que comprar para compensar estas emisiones, que supondrían más de 300 millones de euros de coste adicional, detalló el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal.
Más especies y zonas
El proyecto Blue Nature amplía este estudio a otras zonas y otras especies: fanerógamas marinas y marismas de marea —especies acumuladas en los fondos marinos—, en Marisma del Odiel y el Parque Natural de Bahía de Cádiz, y la cymodocea en el Estrecho de Gibraltar. Con el objetivo general de «conservar los sumideros de carbono azul en Andalucía», el equipo de investigación pretende cuantificar los depósitos de carbono y las tasas de secuestro de los hábitats de estos sumideros; analizar la evolución de los mismos en las próximas décadas y «elaborar los estándares para verificación de créditos de carbono e incluir en la oferta del SACE (Sistema Andaluz de Créditos de Carbono) un catálogo de proyectos de compensación de emisiones», subraya Rosa Mendoza.
De hecho, adelanta Mendoza, la Ley de Cambio Climático en Andalucía, que actualmente se está tramitando, va a incluir en el artículo 31 la posibilidad de llevar a cabo proyectos de compensación de emisiones (mercado voluntario) mediante intervención en humedales y espacios marinos. Una forma de implicar también a la iniciativa privada en esta investigación de la que se pueden beneficiar, al compensar sus emisiones extras de CO2 —las que exceden de las asignadas en el Protocolo de Kioto— por inversiones en proyectos para la mitigación.
Ya no basta con reducir las emisiones, con proteger los bosques y reforestar, para frenar el cambio climático se necesitan más aliados y la Consejería de Medio Ambiente se ha fijado también en los fondos marinos. La apuesta, además, cuenta con el respaldo de la Unión Europea, que financia al 60 por ciento el presupuesto de más de 2,5 millones de euros, de la segunda edición del proyecto Life Blue Natura Andalucía.
El secreto está en que los científicos han descubierto que la posidonia oceánica, una planta subacuática, conocida popularmente como lijo o alga del vidriero, aunque «no es un alga, es una plata con raíz, hojas y flores» como las terrestres, puntualiza la responsable del proyecto, Rosa Mendoza, actúa como sumidero de CO2, liberando, por tanto, a la atmósfera, de dióxido de carbono y, contribuyendo, a frenar el cambio climático.
La primera edición de este Life se centraba en localizar y cartografiar los bosques sumergidos de posidonia en el litoral andaluz mediterráneo. Pero también se ha realizado una aproximación a su contribución a la mitigación frente al cambio climático y los estudios llevados a cabo estiman que las praderas de posidonia en Andalucía secuestran cada año unas 30.000 toneladas de CO2, que equivale al 0,2 por ciento del objetivo de reducción de emisiones marcado por el Plan Andaluz de Acción por el Clima y en el mercado europeo de derechos de emisión, regulado por el protocolo de Kioto, este secuestro de CO2 se valora en más de 700.000 euros anuales, a lo que hay que añadir las más de 25 millones de toneladas de CO2 que tienen secuestradas a largo plazo, y, por tanto, los créditos de CO2 que habría que comprar para compensar estas emisiones, que supondrían más de 300 millones de euros de coste adicional, detalló el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal.
Más especies y zonas
El proyecto Blue Nature amplía este estudio a otras zonas y otras especies: fanerógamas marinas y marismas de marea —especies acumuladas en los fondos marinos—, en Marisma del Odiel y el Parque Natural de Bahía de Cádiz, y la cymodocea en el Estrecho de Gibraltar. Con el objetivo general de «conservar los sumideros de carbono azul en Andalucía», el equipo de investigación pretende cuantificar los depósitos de carbono y las tasas de secuestro de los hábitats de estos sumideros; analizar la evolución de los mismos en las próximas décadas y «elaborar los estándares para verificación de créditos de carbono e incluir en la oferta del SACE (Sistema Andaluz de Créditos de Carbono) un catálogo de proyectos de compensación de emisiones», subraya Rosa Mendoza.
De hecho, adelanta Mendoza, la Ley de Cambio Climático en Andalucía, que actualmente se está tramitando, va a incluir en el artículo 31 la posibilidad de llevar a cabo proyectos de compensación de emisiones (mercado voluntario) mediante intervención en humedales y espacios marinos. Una forma de implicar también a la iniciativa privada en esta investigación de la que se pueden beneficiar, al compensar sus emisiones extras de CO2 —las que exceden de las asignadas en el Protocolo de Kioto— por inversiones en proyectos para la mitigación.