Andalucía suspende en depuración de aguas residuales

En Andalucía casi una de cada cuatro depuradoras analizadas no cumplen la normativa. En Sevilla, tres de las cuatro plantas de aguas residuales han sido denunciadas por la Fiscalía por un presunto delito ecológico por verter nitrógeno y fósforo al entorno de Doñana

18 feb 2018 / 08:16 h - Actualizado: 18 feb 2018 / 08:16 h.

Imagen de archivo de unos residuos de almazara vertidos de forma ilegal en un colector de aguas residuales urbanas por una aceitunera. / El Correo

{Se cobra en la factura pero no se hace. Este presunto fraude se produce en 117 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de Andalucía. Se trata de la tasa de depuración que cada usuario del ciclo urbano del agua (toda la ciudadanía andaluza) paga en su recibo del agua pero que después la empresa encargada de hacer esa depuración de aguas no realiza acorde a lo que establece la ley. Así, de las 318 depuradoras de las que la Junta de Andalucía tiene datos, un 36,8 por ciento no cumple lo que cobra. No hay realizado un análisis de la cantidad a la que podría ascender el presunto fraude contra los ciudadanos, pero Ecologistas en Acción decidió denunciar estos hechos ante las diferentes fiscalías provinciales y la respuesta por ahora ha sido dispar, como indica el Coordinador Área de Agua Ecologistas en Acción Andalucía, Antonio Amarillo: «en los casos de Sevilla y Málaga nos consta que se ha llevado una exhaustiva investigación en la que nos han llamado (a la organización ecologista) para recabar datos, pero en otras provincias no hemos detectado ese nivel de implicación».

El caso de la depuración de aguas residuales es especialmente grave si se tiene en cuenta que Ecologistas en Acción ha recopilado en un informe los datos de los que se dispone de analíticas, que apenas alcanza la mitad de las depuradoras de Andalucía, donde hay construidas 668 EDAR y otras 27 en construcción. «Sólo hemos logrado tener las analíticas oficiales de 318», explica Antonio Amarillo. Para conocer mejor la realidad de la depuración en toda Andalucía habría que tener los datos de las de que dan este servicio a las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, de aquellas que no están operativas por encontrarse fuera de servicio y de los municipios que aún no cuentan siquiera con estación depuradora para tratar sus aguas residuales urbanas. «Con toda probabilidad ese porcentaje de incumplimiento será mucho mayor», apostilla el coordinador de agua de Ecologistas en Acción en Andalucía, que apunta que su organización únicamente ha logrado la información completa del saneamiento y depuración de la provincia de Sevilla, por lo que ya ha solicitado a las demás Delegaciones Territoriales de la Consejería de Medio Ambiente un informe semejante a esta.

Las conclusiones para la provincia de Sevilla, de la que se tienen todos los datos, son alarmantes y muestran un desprecio de la normativa de aguas: De los 105 municipios que componen la provincia de Sevilla poco más del 50 por ciento tratan adecuadamente sus aguas residuales, un 16 por ciento aunque tratan biológicamente sus aguas residuales necesitan tratamientos adicionales para eliminar correctamente el nitrógeno y el fósforo; y para rematar este examen suspenso en depuración de aguas en Sevilla, hay un 10,5 por ciento que tienen las depuradoras fuera de servicio y casi un 23 por ciento ni siquiera tienen depuradoras. Las depuradoras sevillanas que no cumplen la ley son: Brenes, Carrión de los Céspedes, Castilblanco de los Arroyos, Guadalcanal, Palomares del Río, Herrera, Isla Mayor, Guillena, Los Palacios y Villafranca, Morón de la Frontera, Utrera, y las sevillanas de El Copero, Tablada y San Jerónimo.

El extenso estudio de Ecologistas en Acción analiza el grado de cumplimiento de las depuradoras en funcionamiento de las ocho provincias andaluzas de más de 2.000 habitantes-equivalentes y las compara con el anterior ciclo 2013-2015, y llega a otra conclusión descorazonadora: el porcentaje de disconformidad respecto a la normativa vigente sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas ha aumentado en más de un 2,5 por ciento, situándose en el 36,79 por ciento. En otras palabras: la tendencia no es a depurar más sino todo lo contrario, cada vez se depura menos. Por provincias, solo Almería y Sevilla siguen mostrando un descenso paulatino desde el año 2013, en resto hay leves mejorías, aclara el informe. Siguen siendo Córdoba y Sevilla las provincias con mayor grado de cumplimento de la normativa, en torno al 70 por ciento. Por el contrario, Almería y Huelva apenas superan el 50 por ciento.

El informe también analiza la situación de las depuradoras del litoral andaluz, donde sólo la provincia de Granada cumple la normativa. En Málaga, la depuradora de Casares es la única que tiene problemas, siendo Huelva, Almería y, sobre todo, Cádiz, las provincias con graves problemas de depuración en la costa.

El cumplimiento de la Ley de Aguas es un imperativo europeo. Por eso, la Comisión Europea ya tiene abierto contra España cinco procedimientos de infracción, de los que dos han llegado ya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se han incumplido todos los plazos para implementar la Directiva Directiva 91/271/CEE, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas y hay aglomeraciones urbanas señaladas por Europa que siguen sin estar ejecutadas o funcionando correctamente. Andalucía es la región que más depuradoras tiene señaladas, por lo que urge la solución a estos problemas y el ritmo para cumplir no es todo lo rápido que se desearía.

Para dar cumplimiento a lo estipulado en la Directiva, aunque sea tarde, se firmó el pasado verano un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería homónima andaluza donde se definen las líneas de actuación para la ejecución de obras de saneamiento y depuración necesarias, planificando su ejecución, priorizando su realización y estableciendo quién es el responsable de llevarla a cabo. De las 300 actuaciones declaradas de interés, solo hay datos de 155, de las que el 40 por ciento están ejecutadas y el 50 por ciento están en ejecución. El resto, más el porcentaje de las actuaciones sin datos, da un resultado aproximado de 57,8 por ciento de actuaciones «sin iniciar».

Ecologistas en Acción recalca en este sentido que «la salud de las personas y el medio ambiente no admiten más retrasos», y aseveran en una nota que «los que ostentan las competencias del saneamiento y depuración tienen que actuar ya». Mientras se escucha en los despachos gubernamentales esta demanda ciudadana, la Comisión Europea sigue incoando procedimientos a España que derivarán en sanciones que pagará la ciudadanía.