La Fiscalía Anticorrupción rechaza que los 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía que se sientan en el banquillo de los acusados por el procedimiento específico formen una “trama criminal” como reclama el PP, que ejerce la acusación particular, que imputa a los procesos un delito de asociación ilícita. El fiscal también se ha opuesto a que se cambie el orden de las declaraciones, como solicitaba la defensa de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, y que ha sido respaldada por el resto de defensas. Asimismo, ha rechazado las peticiones de nulidad basadas en cuestionar el juez instructor del caso. La vista se ha suspendido ya hasta el 12 febrero para que el tribunal pueda resolver las cuestiones previas.
La sesión de tarde de esta sexta jornada del juicio de los ERE ha continuado con las réplicas de las partes. En este trámite, los fiscales del caso han expuesto su rechazo a que los acusados sean juzgados por un delito de asociación ilícita, como reclama el PP, alegando que del auto de procedimiento abreviado con el que se dio por terminada la instrucción “no se desprenden estos hechos”. Así, negado que los acusados formen parte de una organización “más allá de la pertenencia a la Administración andaluza”, ha añadido. Una postura que el abogado de los populares, Luis García Navarro, ha defendido de nuevo en sala, lo que ha generado la protesta de uno de los letrados, que entendía que estaba haciendo un uso indebido de su turno de palabra.
La Fiscalía tampoco ha apoyado la petición del abogado de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, Víctor Moreno Catena, de alterar el orden de la prueba de tal modo que los acusados declaren al final del juicio, tras los interrogatorios de los testigos y los peritos. El Ministerio Público ha señalado que “no parece adecuado que las defensas decidan el orden de las declaraciones “. Así, ha apuntado a que un acusado “no es dueño de la declaración, sino de su contenido” y ha alegado que romper el orden “sería romper con los principios de contradicción de la prueba y contención de la misma”. En la misma línea se han expresado las dos acusaciones populares, PP y Manos Limpias.
Otra de las cuestiones que se han tratado ha sido el derecho al juez predeterminado, invocado por las defensas para solicitar la nulidad de todas las actuaciones realizadas por el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 Álvaro Martín. El fiscal se ha remitido a sus alegaciones planteadas cuando las defensas intentaron apartar del caso al magistrado para que fuera asumido por la titular, María Núñez Bolaños. Por último, ha recordado que el juez fue propuesto por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y ratificado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Un punto que también ha sido rechazado por el PP. En cambio, Manos Limpias considera que se ha vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley, al considerar que en este caso “ha sido el juez predeterminaado por la jueza”.
Por su parte, el PP ha apoyado la petición de las defensas de apartar de la acusación al sindicato Manos Limpias, al considerar que “actúa en fraude de ley” debido a la investigación abierta por la Audiencia Nacional contra su secretario general, Miguel Bernat. Según el letrado del PP, la intención de Manos Limpias es “evitar una condena por asociación ilícita”.