«Todos los sistemas son frágiles. Lo que se construye cuesta mucho pero luego es fácil de destruir. Una de las misiones del médico es defender los sistemas sanitarios públicos porque son vulnerables». Son palabras del jefe de cirugía torácica del Reina Sofía de Córdoba, Ángel Salvatierra, en una entrevista a El Correo tras ser nombrado Hijo Predilecto de Andalucía este 28F. El Defensor del Pueblo Andaluz lleva tiempo denunciando retrocesos en el Estado del Bienestar y recientemente lamentaba que «ya aceptamos como normal el recorte de derechos». La pugna política, en esta campaña electoral permanente, también ha llenado la actualidad de mensajes entre los defensores de la austeridad y quienes denuncian que la brecha social se agranda.
El Gobierno socialista de Susana Díaz presume de que la «sanidad y la educación no se tocan» y califica al SAS de su «joya de la corona». El grado de satisfacción de los usuarios es de notable. Pero en los últimos años, las denuncias y protestas sindicales y la movilización de un colectivo poco sospechoso de agitado indican que la joya pierde lustre.
Como el resto de empleados públicos, los del SAS han visto recortado su salario, alargada su jornada y mermada la plantilla sin cubrir bajas y apenas jubilaciones. El sindicato Satse cuantifica en 7.000 la pérdida sólo de enfermeros, tradicionalmente más reivindicativos. Los médicos, sin embargo, también se han movilizado en estos años. Ahora están todos inmersos en una campaña para exigir la recuperación de la jornada de 35 horas semanales y la paga extra suprimida en 2012. Incluso los MIR protagonizaron en 2012 una huelga sin precedentes por su «explotación» y falta de derechos que puso en jaque al SAS mes y medio.
El número de eventuales ha crecido hasta los 17.000. Muchos llevan años encadenando contratos y han creado una asociación para demandar judicialmente al SAS. Ya han logrado sentencias que les reconocen como fijos. El consejero, Aquilino Alonso, se ha comprometido a convocar ofertas públicas de empleo anuales para estabilizar a la plantilla (este año salen 3.391 plazas) y se ha empezado a poner fin a contratos al 33 o 50 por ciento de jornada para eventuales estructurales, no para sustituciones.
Políticos y profesionales coinciden en que el sistema ha resistido por el esfuerzo de los trabajadores. La duda es hasta cuándo podrá ser así.