«Bajar impuestos dependerá del modelo de financiación»

—¿Qué escenario vislumbra para 2018 en términos de crecimiento del PIB, creación de empleo y reducción del paro?

—La evolución de esos parámetros es situarnos en torno al 2,3 por ciento de crecimiento del PIB. El año pasado fuimos muy prudentes y las expectativas se vieron ampliamente superadas al crecer un 3 por ciento. Respecto al paro, cuando hay expectativas de que la economía va mejor, la gente suele registrarse como demandante de empleo, de manera que se da cierto freno en el descenso del paro. Ya hemos recuperado la mitad del empleo perdido con la crisis pero el objetivo es que sea de más calidad.

—¿Cómo evitar una recuperación a dos velocidades?

—Nuestra estructura económica es de pequeñas y medianas empresas que atendían al mercado interior. Las empresas eran más débiles y estaban muy sujetas a los ciclos económicos. Una economía abierta que mire al mundo es menos dependiente. Tenemos una ubicación geoestratégica privilegiada para ser la gran cinta transportadora del comercio mundial.

—Me refería a la precarización de las condiciones laborales, a la creación de la figura del trabajador pobre.

—En España ha contribuido de manera muy notable la reforma laboral. El PP metió su ideología en una reforma que debía haber tenido un carácter técnico y debilitó excesivamente a los sindicatos y la negociación colectiva porque quería que bajaran muy rápidamente los salarios. Una vez que estamos saliendo de la recesión parece razonable que cambie la regulación laboral porque ya no cumple su función, es un lastre para la recuperación. Ahora deberían subir los salarios para que las inversiones y el consumo tiren de la economía. Tenemos que crear las condiciones para que la precariedad no sea la ganadora de la crisis.

—El turismo se afianza y la construcción recobra protagonismo. ¿Volveremos a caer en los mismos errores?

—Los inicios de la recuperación apuntan a una potente reactivación de la industria. Estamos al 80 por ciento de capacidad de la producción de la industria andaluza. En 2017 hubo un superávit en Andalucía de unos 1.700 millones. Podemos caer en el error del pasado, que esos excedentes los invirtamos en ladrillo y eso reactive más de la cuenta la construcción, pero toda sociedad avanzada tiene un sector de la construcción aceptable; el 6-7 por ciento del Valor Añadido Bruto (VAB) está bien, España llegó a tener más del 15 por ciento, una barbaridad. La construcción tiene que existir pero aspiramos a que la salida de la recesión se haga apostando por industria, servicios avanzados y turismo.

—Andalucía cerró un año récord de exportaciones pero si quitamos a las grandes empresas de aeronáutica y agroindustria, ¿qué papel juegan las pequeñas y medianas?

—El 95 por ciento de las empresas andaluzas tiene menos de 10 trabajadores. Hoy día, gracias a las nuevas formas de comercio electrónico, hay muchas pymes que exportan fuertemente aunque para poder responder al mercado de una manera solvente se necesita tamaño.

—¿Por qué cuesta tanto trabajo que las empresas generen alianzas aquí?

—Teníamos un mercado originariamente que era el español y no hacía falta. Los gobiernos tenemos que facilitar la tarea pero es una conciencia que deben asumir los empresarios.

—¿Se ha reunido con Airbus para calibrar el impacto laboral de la reorganización del programa A400M?

—Estamos en contacto con ellos constantemente. La evolución de los acontecimientos ha ido a mejor. Pese a las dudas con el A380 se han extendido sus compromisos de construcción diez años más, muy importante para el eje de aeroestructuras Sevilla-Cádiz. El A350 va muy bien y los proyectos militares suelen tener un comienzo lento porque son productos muy avanzados, al límite de la ingeniería.

—De las más de 2.000 empresas que han abandonado Cataluña, ¿cuántas han recalado en Andalucía?

—Han venido algunos cientos, pero no me gustaría especular sobre esa cuestión. Lo que está sucediendo allí es tan lamentable que no creo que sea para estar contento que tengan que salir empresas de Cataluña. Sí me gustaría que Andalucía fuera una tierra donde se dieran las condiciones para que vinieran empresas grandes e importantes y ahí vamos a concentrar los esfuerzos.

—¿Por qué cree que no somos atractivos para atraer sedes de otras empresas?

—Tenemos que hacer una reflexión. Hay una cuestión de Estado. Históricamente se ha apostado por un triángulo Madrid-Barcelona-País Vasco que crea unos desequilibrios que generan espejismos respecto a la riqueza de los territorios. Ese triángulo debe reconsiderarse porque al resto del país le gustaría recortar distancias en cuanto a las rentas. La convergencia manteniendo la cohesión social es uno de los retos más importantes para las próximas décadas.

—¿Qué peso tiene ahí la presión fiscal? Se ha centrado mucho el debate en el Impuesto de Sucesiones.

—No creo que tenga que ver con esa cuestión. Las regiones han tenido distintas estrategias en ese impuesto y no ha afectado. Por razones de oportunismo político nos hemos centrado en un impuesto muy pequeño. Lo que determina la riqueza de las personas no es su renta, es su patrimonio y sin embargo no existe un análisis sobre si debe o no existir ese impuesto. Se ha planteado de una manera superficial, como si fuera una obsesión de las regiones. El Estado ha decidido que sea un impuesto transferido a las regiones pero podría acabar con él en un minuto. En Madrid recaudan 300 millones cobrando el 1 por ciento. En Cataluña, 300 millones cobrando un tipo del 10 por ciento. Todas las comunidades recaudan lo mismo. ¿Que Andalucía es un infierno fiscal? No, lo que sucede es que Madrid recauda más porque su economía crece más rápido por el efecto sede. Cuando una persona pide que se le quite solo el impuesto que le molesta puede ser legítimo pero tiene que hablar de todos los impuestos, no de uno.

—Le iba a preguntar si había margen para reducir los impuestos pero me parece que la respuesta es que no...

—No digo que no se puedan bajar, lo que sucede es que no es ajeno al modelo de financiación. Las comunidades que están mejor financiadas pueden bajar los impuestos todo lo que quieran. Tenemos un déficit de 5.000 millones al año de financiación y a la vez quieren que bajemos los impuestos. Cuando se pide igualdad entre territorios no es solo que haya los mismos servicios públicos sino que se den las condiciones para que todos paguemos los mismos impuestos.

—¿Cree que se va a lograr?

—Yo creo que el Gobierno no lo va a plantear porque está concentrado en salir este año del régimen de déficit excesivo de la UE. Poner sobre la mesa un aumento de la financiación de las comunidades va en contra de los compromisos que tiene con Europa a pesar de que Rajoy se había comprometido. El Gobierno ha encontrado en su debilidad parlamentaria la excusa para entrar en este estado de letargo tan preocupante.

—Queda un año de legislatura si no hay adelanto electoral. ¿Qué proyectos quedan en cartera?

—Tiene que salir la ley de emprendimiento, que está en el Parlamento. En materia de universidades, después de un enorme esfuerzo de normalización, esperamos cerrar un acuerdo que garantice que lo que hemos conseguido se consolide. En materia de I+D, seguir con el despliegue del Paidi y hacer una reflexión sobre el papel de los agentes tecnológicos. Estamos en proceso de revisión de la Agenda 2020, iremos recuperando el diálogo social, está en la agenda del Gobierno una ley de participación institucional que articule la participación de los agentes sociales, y queremos impulsar una estrategia internacional de atracción de inversiones.

—¿Con qué objetivos?

—Deberíamos tener un planteamiento estratégico en logística. Tenemos siete puertos y hay que impulsar la colaboración y utilizarlos como palanca para la industrialización. Me apena cuando voy a una industria agroalimentaria y la maquinaria con la que se trabaja es italiana o alemana.

—¿Balance de la bonificación de la matrícula universitaria? ¿Se ha generado un efecto llamada?

—Hasta el 31 de diciembre, 76.000 estudiantes. Estimamos un impacto de 30 millones al año y hemos acertado. Creemos que va a tener un efecto muy positivo en el rendimiento de los estudiantes porque mucha más gente va a aprobar en primera matrícula y por lo tanto el sistema va a ser mejor. No ha habido ningún efecto llamada. Sí se ha notado un incremento de los estudiantes matriculados en máster, que han crecido un 7,6 por ciento, hasta los 16.466.

—¿Y la deuda con las universidades?

—Ese problema ya no lo es porque en su día se estableció un protocolo de pago de tesorería. Lo que sí sucede es que hay un remanente no afectado de casi 500 millones, que son sus ahorros históricos, y que el Gobierno no deja que gastemos en inversiones por la ley de estabilidad presupuestaria.

—La CEOE propone contratos de formación para mayores de 45 años y no obligar a las empresas a pagar a los becarios.

—En las prácticas formativas, que los estudiantes no cobren puede llegar a entenderse, pero en las voluntarias las empresas deben pagar. La fórmula para mayores de 45 años me parece escandalosa, una barbaridad y una vergüenza. Deben tener contratos estables en los que se les dé formación y no un contrato formativo para generar otra vuelta de tuerca a la precarización. Es una ofensa a una persona que lleva trabajando tantos años y que solo tiene que reciclar sus capacidades profesionales.

«Nunca hemos devuelto ni un euro de fondos europeos»

¿En qué grado de convergencia estamos con Europa?

—Estamos recuperando posiciones. Debemos estar en el 75 por ciento, aunque con la crisis bajamos del 70. Cuando llegó la recesión toda España se alejó de las medias europeas. Andalucía se quedó algo más retrasada porque España era nuestro mercado. Las políticas de los gobiernos regionales no son las que deben corregir eso únicamente. La cohesión se logra a través de un modelo de financiación justo y la convergencia, a través de inversiones. Su ausencia lastra el crecimiento andaluz y del empleo.

—¿Qué porcentaje de los fondos europeos para la región han sido ya solicitados o asignados?

—Actualmente está asignado el 20 por ciento de los fondos europeos. Son instrumentos que duran hasta 2020 y suelen tener tres años más de vigencia. Hay un control a mitad de proyecto que se hace a finales de 2018 y en 2019 es la evaluación. Hasta ahora no se han certificado muchos fondos porque se han iniciado los programas y hasta que no acaban no se certifican.

—¿No se va a devolver dinero?

—Nunca hemos tenido que devolver ni un euro. Hay un mito instalado de que ha habido un mal uso del dinero europeo. Desde 1985 Andalucía ha recibido 40.000 millones. El Gobierno andaluz ha gestionado 17.000 millones y el Estado 23.000, y en ambos casos se ha gastado el cien por cien. Es falso que haya habido que devolver nada nunca. Lo que pasa es que el proceso de gestión supone unas dinámicas en las que uno se puede alarmar: la descertificación. Gastas el dinero para poner en marcha programas, se enseñan a la UE y ésta te da el dinero, no te lo adelanta. ¿Qué sucede? Hay veces que certificas un programa y luego aparece otro que te parece más interesante, entonces descertificas y vuelves a certificar. ¿Qué es lo que ha causado un escándalo? Se certificaron fondos de formación y ante el lío que se forma y para que la UE no se asuste, se descertificaron y se certificaron otros proyectos. El resultado final, cien por cien de cumplimiento.

—¿Se han endurecido los requisitos?

—La UE ha obligado a todos los países y regiones convergentes a hacer una estrategia de especialización inteligente. Eso es lo que se ha endurecido, no las condiciones administrativas. Europa ha dicho que en Andalucía el eje es ahora la innovación y en eso se lo tiene que gastar. Ya tiene carreteras, colegios, hospitales, por eso le digo que centre sus inversiones en algo que impulse su competitividad.