Carbonero sobre el ERE de la Faja Pirítica: «Nunca firmé nada»

«Nunca participé de nada, nunca firmé papeles, nunca firmé ningún cheque, ni tramité las ayudas a ninguna persona, ni estuve en ninguna reunión de ERE, nada y ahí están las actas en el sumario». Así de tajante se mostró ayer el que fuera secretario general de CCOO en Andalucía Francisco Carbonero ante la jueza que investiga el caso ERE y que le ha llamado a declarar como imputado por las supuestas irregularidades en el expediente de la Faja Pirítica de Huelva, que recibió 40 millones de euros en ayudas entre la Junta y el Gobierno central en 2003. Precisamente, la magistrada también tomó declaración a dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar que defendieron la legalidad de las subvenciones.

Carbonero, que estuvo unos diez minutos ante la jueza María Núñez Bolaños, ratificó su declaración ante la Guardia Civil y explicó a los periodistas que, entonces como secretario de organización, firmó un papel para constituir la asociación que gestionaría las ayudas a los trabajadores y que lo hizo a requerimiento «del Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Andalucía» porque era algo urgente. «Nunca más supe de esa situación», señaló.

«Hoy me veo aquí declarando con lo que supone esto de pérdida de mi reputación y a la honestidad personal y también a la organización a la que he dirigido durante bastante tiempo», por ello dijo estar «más que preocupado, indignado». «Nunca estuve en ninguna reunión, no conozco a nadie de las aseguradoras. Espero que la Justicia actúe, haga el trabajo y se haga justicia y archive la acusación», sentenció. En cuanto a los intrusos detectados en este ERE dijo que «ni me corresponde ni mucho menos, pero quien lo ha verificado no somos los sindicatos, tiene que ser la administración del Estado». Por su parte, su abogado, Manuel Conde, destacó que la Fiscalía no le ha planteado ninguna pregunta por «no querer escuchar que quien estaba detrás de toda la operación de Faja pirítica desde la creación hasta el final era el Gobierno Central, era la Delegación del Gobierno de Andalucía», entonces con el Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido al frente. «Nosotros «estamos de acuerdo con Zoido en que no hubo ninguna ilegalidad en la Faja Pirítica. Él lo sabe bien porque fue quien dirigió y llevo todo el proceso. Eso era lo que la Fiscalía, por órdenes de arriba, no quería escuchar y no ha preguntado».

Tras Carbonero, declararon la ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Cordova Garrido, durante la etapa de José María Aznar. Fuentes del caso explicaron que esta última defendió que la ayuda la otorgó el Gobierno conforme a la Orden Ministerial de 1995, que permite la concesión directa, y que, por tanto fue «legal». Igualmente, dijo que los trabajadores acogidos al ERE cumplían los requisitos, alertando que el informe de la Guardia Civil tiene en este sentido varios errores. Según la ex alto cargo, los agentes han errado, ya que entonces la Orden no establecía ningún límite de edad y, además, calcularon mal la llamada edad química de los mineros. «No tiene rigor en sus conclusiones», aseveraron ambas.

Igualmente, Cordova dijo que desconocía el procedimiento seguido por la Junta para otorgar las ayudas, aclarando que lo que sí tenía son competencias para otorgar las ayudas sociolaborales en virtud de la citada orden.

También declararon tres sindicalistas y un intruso, que fue incluido en el ERE pese a que trabajaba en un supermercado y no en la mima. Fuentes del caso indicaron que este hombre señaló a la jueza que fue el dueño de la aseguradora Uniter, José González Mata, el que le ofreció prejubilarse.