-
El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. / Julio Muñoz (Efe) -
Los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. /Julio Muñoz (Efe) -
El exconsejero de Empleo Antonio Fernández. / José Manuel Vidal (Efe) -
El exconsejero de Empleo José Antonio Viera. / Jesús Barrera -
Una vista general de la sala en la que se celebra el juicio de los ERE. / Julio Muñoz (Efe) -
Las exconsejeras Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo. /Julio Muñoz (Efe)
Caso ERE: el día de la marmota
El juicio se retoma con las cuestiones previas y con un retraso de tres jornadas
Este martes será el día de la marmota. Arranca de nuevo el juicio por el llamado procedimiento específico de los ERE y lo hace como debía hacerlo el pasado 13 de diciembre, con las cuestiones previas. Las tres primeras jornadas estaban reservadas para este trámite pero finalmente se consumieron en la lectura parcial de los escritos de acusación y defensa. Lo único interesante de esos tres primeros días fue la imagen de toda una era socialista sentada en el banquillo, con los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza.
La escena se volverá a repetir en esta cuarta jornada del juicio que arranca a las diez de la mañana: numerosos medios de comunicación en la puerta de la Audiencia Provincial para captar la imagen de los dos ex presidentes y el resto de 20 ex altos cargos entrando en el edificio. En la sala se espera que se repita la imagen de estos días atrás, Chaves y Griñán sentados juntos en primera fila en el banquillo (fueron los propios acusados los que eligieron los sitios). Desde allí escucharán las cuestiones previas de la Fiscalía Anticorrupción, si no hay ningún imprevisto. Al Ministerio Público le seguirán las acusaciones populares, ejercidas por el PP y Manos Limpias. Las defensas serán las últimas y estarán alerta porque temen que los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, o alguna de las acusaciones, traten de introducir en juicio hechos y ayudas que se están investigando en otras piezas del caso. Algo que para los letrados defensores sería un «fraude de ley».
En un principio están previstas tres jornadas para las cuestiones previas tras las que previsiblemente se volverá a suspender el juicio para que el tribunal pueda tomar una decisión al respecto, ya que si admite algunas de las cuestiones planteadas el desarrollo del juicio se puede ver afectado, hasta el extremo de suspenderlo y retrotraer la causa a la fase de instrucción. Es, por ejemplo, lo que va a solicitar el abogado de Griñán, José María Mohedano. El letrado, que también representa al ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, plantea la nulidad de todas las actuaciones realizadas por el juez de refuerzo Álvaro Martín. Este magistrado fue el que dictó el auto que enviaba la causa a juicio y fue designado para llevar el caso, después de que este fuera dividido en piezas y pese a que como titular del Juzgado de Instrucción número 6 se nombró entonces a la jueza María Núñez Bolaños. Por ello, el abogado, que ya planteó esta cuestión a la Audiencia pero fue desestimada, considerara que se ha vulnerado el «derecho al juez predeterminado por la ley» que recoge el artículo 24.2 de la Constitución. Aceptar este planteamiento, algo poco probable, supondría devolver el caso a la fase de instrucción, justo antes de la designación de Martín.
Otra de las cuestiones anunciadas que puede alterar el desarrollo de la vista es la del abogado de la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, que reclama invertir el orden de las declaraciones de tal forma que los acusados sean los últimos en ser interrogados, una vez que presten testimonio todos los testigos (más de un centenar) y la docena de peritos.
Esta rama sienta en el banquillo a un total de 22 ex altos cargos, entre los que hay seis exconsejeros, que se enfrentan muchos de ellos a penas de prisión. Es el caso de Griñán, para quien la Fiscalía reclama seis años de prisión y 30 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos; mientras que para Chaves solicita diez años de inhabilitación por prevaricación. Una pena que el PP eleva hasta los ocho y los dos años de cárcel respectivamente.
El caso ERE se abrió el 19 de enero de 2011, hace siete años, para investigar la «presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de ERES con planes de Prejubilación Anticipada mediante pólizas de renta colectiva cuya prima era sufragada en su mayor parte por la Junta». Las defensas niegan la existencia de esta «trama» criminal que tanto la jueza Mercedes Alaya como Anticorrupción aseguran que existió durante una década.