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De arriba a bajo: José Antonio Viera, Antonio Fernández, José Antonio Griñán, Manuel Chaves, Magdalena Álvarez, Carmen Martínez Aguayo, Gaspar Zarrías y Francisco Vallejo. -
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El 13 de diciembre de 2017 será un día que quedará señalado en rojo en la historia de la política andaluza. Dos expresidentes de la Junta de Andalucía –uno de los cuales se enfrenta a seis años de prisión– se sentarán en el banquillo de los acusados, acompañados por otros 20 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos seis exconsejeros. El juicio arranca el próximo miércoles 13 de diciembre con las cuestiones previas y será un examen a una instrucción, la de la jueza Mercedes Alaya, con luces y sombras.
El juicio por la supuesta trama política del caso ERE será el pistoletazo de salida de un reguero de causas que coparán la Audiencia Provincial de Sevilla durante los próximos años y de su resultado dependerá en buena medida el devenir del resto. Casi ocho años después de que Alaya abriera unas diligencias (las 174/2011) que fueron creciendo hasta llegar a lo más alto de la cúspide de la Junta de Andalucía, el juicio desgranará y expondrá el amplio sumario. En este tiempo, ha habido lugar para enjuiciar dos casos de corrupción investigados por Mercedes Alaya, que fueron los que abrieron la senda de los ERE, que no han terminado con los resultados que quizás pensó en su día la «incansable» instructora. Hablamos del caso Mercasevilla.
Las diligencias abiertas por las irregularidades detectadas en la lonja sevillana dieron lugar a varias ramas del caso, una de las cuales aún no ha sido juzgada. La primera, la que dio origen a todo el reguero de causas de corrupción en el Juzgado de Instrucción número 6, fue la del cobro de supuestas comisiones ilegales, en la que finalmente el Tribunal Supremo dejó fuera al único político que se sentó en el banquillo ante un jurado: el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. Finalmente, quienes resultaron condenados por este asunto fueron el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet y su adjunto Daniel Ponce, después de que el Supremo confirmara la pena de multa de 600.000 euros y suspensión de cargo público durante 21 meses por haber reclamado 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza a cambio de gestionar la escuela de hostelería del mercado central. El Alto Tribunal tumbó la única conexión con la Junta que Alaya estableció en este caso, al considerar que la única prueba que existía contra Rivas era la declaración de Mellet ante la Policía.
La segunda causa de Mercasevilla que llegó a juicio fue la supuesta venta irregular de los suelos de la lonja. La vista se celebró en el Juzgado de lo Penal número 13, cuya titular absolvió a los diez acusados, entre ellos, al ex primer teniente de alcalde de la ciudad y portavoz de IU Antonio Rodrigo, al que Alaya señaló prácticamente desde el inicio de la instrucción e imputó a pocos días de unas elecciones municipales. Junto a él también salía airoso el exconcejal socialista y expresidente de la lonja Gonzalo Crespo y el exdirector de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, que fue asesor socialista en el Ayuntamiento hispalense. Esta vez, no solo se desmoronaba la parte política del caso, sino la causa al completo.
Con estos antecedentes la pregunta es inevitable: ¿qué pasará con este juicio? ¿Hay pruebas suficientes para mantener la acusación contra todos los ex altos cargos y lograr una sentencia condenatoria? La teoría de Alaya es que hubo un «plan» que permitió durante diez años otorgar ayudas públicas sin control alguno, hasta el punto de que se dilapidaran 741 millones de euros (875 millones, según el auto de procesamiento). Para ello se estableció un sistema por el que la Consejería de Empleo otorgó ayudas sociolaborales eludiendo los controles financieros, mediante la utilización de las transferencias de financiación del programa 31L, la partida de la que se nutrieron los ERE.
Anticorrupción cree que los expresidentes y los demás procesados no actuaron para evitar este fraude tras recibir el contenido de la memoria de las actuaciones de la Intervención General de la Junta que alertaba de las irregularidades cometidas en Empleo.
Ahora, toca demostrar que pese a tener conocimiento la Junta no actuó y, sobre todo, que existió ese «plan» que apuntaba Alaya y que como indicaba la jueza permitió beneficiar a empresas y personas del entorno del PSOE.