Chaves: «Sabía que la Junta daba ayudas sociolaborales, pero desconocía cómo»

Cuatro meses después de que arrancara el juicio por la rama política del caso ERE al fin llegó el turno del expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves, en pleno lunes de Feria. Con el sonido de los coches de caballos de fondo, Chaves respondía a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción –no lo hizo en la fase de instrucción–, admitiendo que «conocía que el Gobierno de la Junta de Andalucía daba ayudas sociolaborales», aunque recalcó que no sabía cómo se daban, pues era una cuestión que estaba «fuera de mi ámbito político de decisión». «Yo estaba informado en líneas generales, no de lo detalles». Chaves también apeló a la «confianza» para que funcione la Administración por lo que «era muy difícil pensar que se estableciera un procedimiento conscientemente ilegal».

Seguro y con una contundencia, que no se ha visto en otros acusados y más propia de una intervención parlamentaria, el que fuera presidente de la Junta durante 19 años manejó con soltura la situación, hasta el punto de que daba la sensación de que era él quien dominaba el interrogatorio y no el fiscal. Este no logró sacarle de su discurso, en el que repitió hasta la saciedad que la concesión de ayudas sociolaborales y que el sistema de pagos de las mismas «no era» de su «ámbito político de decisión». Pero Chaves también dejó claro, una y otra vez, que con esto no quiere parecer que estamos «ante una dejación de funciones o que quiera ocultar nuestra responsabilidad». «Sabía que en el Gobierno de la Junta de Andalucía se daban ayudas sociolaborales, igual que sabía que se daban ayudas a becas, a actividades culturales, deportivas y medio ambientales. ¿Cómo se daban? No lo sé, la decisión no es de mi ámbito político», dijo el expresidente en una puesta de escena tan cuidada, que incluía una camisa con gemelos y la siempre opción neutra de una corbata azul.

Se reunió con sindicatos

Ante las numerosas preguntas del fiscal Juan Enrique Egocheaga sobre supuestas irregularidades en la concesión de ayudas, Chaves repitió que desconocía «las cuantías, los beneficiarios, cómo se hacían, no eran competencias de mi ámbito político». «Mi ámbito de actuación política era que se pusiera en marcha una mesa de negociación, un plan de viabilidad, y punto», dijo tajante. El expresidente aclaró que tanto él como su Consejo de Gobierno estaban al tanto «de las grandes crisis de las empresas», poniendo como ejemplo alguno de estos conflictos laborales como el de Delphi o Santana, sobre los que «se debatió no solo políticamente, sino también sobre cómo afrontar una situación social» por la que «preguntaba el Parlamento y estaba en los medios de comunicación». Por ello se reunió «con los sindicatos de las grandes empresas, eran parte de la normalidad democrática, lo anormal hubiera sido que no me hubiera reunido». «Yo me inicié en la política desde el mundo sindical», señaló tras destacar el papel de los sindicatos. Chaves daba indicaciones, pero precisó que consistían en que «ante una empresa en crisis había un objetivo que era salvarla y ayudar a los trabajadores de la empresa» y así dijo que «estaba recogido en los siete acuerdos de concertación social» firmados con empresarios y sindicatos. Más concretamente, Chaves explicó que ante un conflicto laboral derivado de una crisis su respuesta era que «había que convocar una mesa de negociación, establecer un plan de viabilidad» en el que también se incluía a los trabajadores. Era ahí donde finalizaba su «compromiso», siendo competencia de otros cargos, como «los directores generales», los que «lo tenían que poner en marcha».

Es en este punto cuando el expresidente aludió al «principio de confianza» en la administración pública para que la misma pueda funcionar. Así, destacó que dentro de esta estructura él siempre ha confiado en «la legalidad» de las actuaciones y que «era muy difícil pensar que en Empleo o en cualquier otra consejería se pudiera establecer un procedimiento conscientemente ilegal». Luego volvió a insistir especificando que «siempre» partió de que sus «consejeros y consejeras respetaban escrupulosamente la ley, me cuesta creer que se hubiera creado algún procedimiento ilegal o para burlar la ley».

Chaves también se desvinculó de cualquier conocimiento de irregularidades en la gestión de ayudas, así como del destino de las mismas. Así, dijo que no conocía las memorias de control financiero permanente de la Intervención General de la Junta en las que puso diversos reparos sobre el procedimiento utilizado en los ERE. «Si hubiera leído todos los documentos de los puntos del día, hubiera dedicado mi presidencia a leer», aunque precisó que sí las ha leído con posterioridad, con motivo de esta causa. En concreto se ha referido a las del año 2004 y 2005 sin encontrar «ningún dato que hiciera saltar las alarmas», más allá de alguna «negligencia, pero no nada como para hacer saltar las alarmas».

No conocía el convenio

En cuanto al modo de pago, negó que conociera el convenio marco de 2001, que firmó Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para que este abonara las ayudas que la consejería otorgaba, «porque no tenía que pasar por el Consejo de Gobierno, pero ni este ni muchos otros gobiernos». Además, señaló que desconocía el programa 31L porque «en un presupuesto de más de 30.000 mil millones, más importante que el de muchos países europeos, había cientos de programas» y recordó al fiscal que esta partida no suponía «ni el 0,9 por ciento» del montante total.

Asimismo, Chaves admitió que tampoco conocía las órdenes ministeriales de 1994 y 1995, por las que el Gobierno central concedía ayudas similares a las de la Junta, hasta que se abrió esta causa y, «especialmente después de la exposición detallada del señor Griñán», que fue quien las aprobó en su etapa de ministro de Trabajo. También lo hizo sobre las conocidas transferencias de financiación –el sistema por el que Empleo dotaba de fondos al IFA para abonar las ayudas que aquel otorgaba–, así como de las modificaciones presupuestarias que se llevaron a cabo para dotar de más fondos a la partida 31L. «El Consejo de Gobierno no podía conocer las modificaciones presupuestarias, porque no las debatía y tampoco las transferencias de financiación. Había 140 modificaciones presupuestarias que se incluían en el proyecto de presupuesto. No, no eran conocidas», concluyó.

Para explicar su intervención en el presupuesto andaluz, Chaves sacó un folio de entre las muchas carpetas rojas que tenía sobre la mesa durante su declaración. Era un esquema, una especie de cuadrante de Excel, en el que se apreciaba las cuantías a repartir por consejerías. «Mi función en el Consejo de Gobierno era dirigir el debate, que se centraba en cuestiones generales, cada consejería distribuía después su presupuesto», indicó. Asimismo, dijo, a preguntas de su abogado, que «nunca» intervenía en los debates a la totalidad del presupuesto, sino que lo hacía el responsable de Hacienda, al igual que «en el Gobierno central el que lo explicaba era el Ministro de Economía y Hacienda», señaló.