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Buzón, Díaz y Villegas, de izquierda a derecha. / Julio Muñoz (Efe)
Ciudadanos obliga a sus grupos municipales a entregarle el 30% de su asignación pública
Una grabación de Manuel Buzón –número dos en Andalucía– revela cómo reclaman a los grupos municipales, provinciales y regionales un porcentaje del dinero público que reciben y que por ley han de destinar a funcionamiento propio
El modelo de financiación de Ciudadanos tiene por mandamiento principal la recaudación de hasta un 30 por ciento de las asignaciones públicas que por ley reciben sus grupos municipales, provinciales y parlamentarios. Este modus operandi, desprendido de una grabación privada del delegado territorial del partido en Andalucía, Manuel Buzón, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía y refrendado con documentos de funcionamiento interno de la formación naranja, levanta fundadas sospechas de posible financiación ilícita, cuanto menos, en un pantanoso terreno de alegalidad.
Buzón, mano derecha de Juan Marín en Andalucía y su casi inseparable compañero desde la época sanluqueña –también procede de la localidad gaditana–, reconoce con claridad en una conversación privada con un miembro de Ciudadanos en Sevilla una norma interna de financiación del partido: las entregas que los grupos políticos constituidos bajo sus siglas en entes locales, provinciales y regionales realizan a la dirección nacional con periodicidad mensual con cargo a la subvención pública que reciben. La conversación discurre por términos propios al respecto de las relaciones entre los grupos y la fontanería del partido, representada esta última por Buzón, quién reclama el cumplimiento de estos pagos justificándolo en un asunto de «solidaridad» que reconoce hacer «con todo el mundo».
Desde los momentos iniciales de la conversación, el interlocutor cuestiona con insistencia los motivos que llevan al partido a cobrarles esta suerte de diezmo político. La respuesta del delegado regional no puede ser más clara: «somos un partido a nivel vertical y lo que intentamos es que el sitio donde no lleguemos se pueda echar un cable». Lo anterior choca frontalmente con la legalidad establecida, ya que las aportaciones públicas que estos grupos políticos reciben no pueden moverse para financiar otras órdenes de su formación, teniendo un consabido carácter finalista, esto es, ser usadas para único funcionamiento del grupo municipal, provincial o autonómico.
A razón de lo anterior, la persona que conversa con Buzón clama por la necesidad que en su grupo tienen de esos fondos: «¿Quién nos echa un cable a nosotros?», aunque su pregunta retórica obtiene por respuesta de la mano derecha de Juan Marín que ya habrían de saber de antemano que no podían planificar más allá del 70 por ciento del total. De hecho, durante la conversación salta a la palestra la existencia de un presupuesto supuestamente aprobado por el partido, en el cual, el grupo reserva un 30 por ciento intocable que va directamente a las arcas del partido en Madrid. «Se dijo desde el principio que el 100 por ciento no se podía gastar», explica, más vehemente, Buzón.
Incluso, la persona que habla con uno de los hombres más influyentes de Ciudadanos en Andalucía llega hasta el punto de dudar de que ese 30 por ciento, del que no tienen noticias, pueda perderse, ya que la ley que regula la asignación a grupos políticos establece que aquel montante no utilizado o incluso, del que no se tenga justificación, habrá de ser devuelto. A lo anterior, Buzón responde, con cierto halo de misterio, que esté «tranquilo», que ese montante «no se pierde».
Protocolo de ingresos
La conversación reproducida en estas líneas, filtrada íntegramente a El Correo de Andalucía, es el botón de muestra de una financiación de partido que reclama aportaciones regulares y orquestadas a los grupos. Pero no es, ni mucho menos, la única prueba. Ya hace unos meses, el medio digital El Confidencial destapó procedimientos ilícitos en el seno del partido a nivel andaluz, a través de una conversación de Eugenio Rodríguez, segundo de Buzón en la delegación regional, en la que explicaba que habían tirado de estos fondos públicos para contratar a una persona, que haría su trabajo para el partido, no para el grupo político de donde salía el dinero. Además, también flotaba el trasfondo de la reserva de un porcentaje de la cantidad ingresada por la institución en cuestión al grupo.
A las revelaciones anteriores, fruto de conversaciones ciertamente comprometidas que han visto luz pública, se une que semanas después de la puesta en marcha de las corporaciones locales en el mandato actual, en julio de 2015, el partido envió a todos sus grupos políticos entonces recién establecidos un protocolo de apertura de cuentas bancarias. Este manual oficial ofrecía unas instrucciones precisas de cómo operar para la gestión financiera de los grupos, en el que en primer estadio ya advertía de que la formación naranja, al ser un único partido para toda España y no una federación de partidos por territorios –que suele ser lo habitual–, sería responsable jurídico de todos estos grupos y habría de presentar anualmente cuentas consolidadas. Lo anterior era, precisamente, el cobijo de la obligación de enviar todas sus asignaciones a Madrid para que en la sede central se administraran estos fondos.
De esta forma, en el protocolo de Ciudadanos se cita expresamente que los grupos municipales de localidades con más de 50.000 habitantes, los grupos provinciales y los parlamentarios –regionales– están obligados a abrir dos cuentas bancarias. La primera de ellas, llamada «de ingresos», tiene su sede en una oficina bancaria del Banco Popular en Madrid, de forma concreta, la 0446 ubicada en Bellas Artes. Esta sería una cuenta para todos los grupos de Ciudadanos en España, y se cita textualmente en el protocolo, que ahí tienen que «ingresar todas las cantidades en concepto de subvención de dichos grupos». En la citada cuenta aparecerán como apoderados, de forma global para todos, el secretario general y número dos de Albert Rivera, José Manuel Villegas y el secretario de finanzas de la formación naranja, Carlos Cuadrado. Junto a ellos, estarán representados dos concejales o diputados del grupo político concreto.
La segunda cuenta, la de gastos, se dice en el manual que utilizarán para «gestionar los pagos del personal y gastos en general de los grupos», y esta sí podrá estar ubicada en una oficina cualquiera del Banco Popular, apareciendo como apoderados los concejales o diputados de ese grupo. De esta forma, y a tenor de fuentes a las que ha tenido acceso este periódico y a la grabación publicada, al inicio de cada mes esa cuenta recibiría de vuelta sólo el 70 por ciento de la cantidad total que el grupo ha movido previamente a la de ingresos. Se retiene, por tanto, el 30 por ciento tantas veces referido. Lo anterior, con toda lógica no aparece en el protocolo escrito, dado que se trata de un auténtico fraude de ley.
Existen, sin embargo, situaciones que permiten a los grupos superar la férrea recaudación del aparato de partido, aunque, según se explica en el manual, habrán de estar consensuadas, y justificadas, con la secretaría de finanzas, de la que es titular Carlos Cuadrado. Se les conmina a elaborar «presupuestos anuales», que habrán de ser aprobados por el partido. Sin embargo, a la hora de verdad, Ciudadanos, como reconoce Buzón en la conversación, solo aprobaba cuentas en las que se gastara por debajo del 70 por ciento del total recibido, quedando ese 30 para un uso no especificado, aunque controlado por la dirección nacional de la formación.
Este modus operandi puede entenderse como a todas luces alegal, siendo su irregularidad un asunto que depende de la interpretación de las leyes. Al respecto del ordenamiento de la ley de bases de régimen local, la subvención pública que ayuntamientos, diputaciones y entes regionales otorgan a los partidos que componen sus cámaras han de ser de uso exclusivo de funcionamiento de ese grupo político, según el por el artículo 73. La ley de financiación de partidos, en su segundo capítulo, sí abre el abanico de estas donaciones, aunque, crece la confusión en el siguiente punto, artículo tres, donde se habla que las subvenciones recibidas de entes públicos para el funcionamiento de grupos son incompatibles con otras recibidas destinadas al funcionamiento de los partidos políticos, en clara diferencia entre los grupos y la estructura en sí de partido. En cualquier caso, una cuidada y estudiada ingeniería financiera que suma a las arcas nacionales de Ciudadanos cientos de miles de euros al mes.