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El diputado de C’s Julio Díaz. / E.P.
Con un Parlamento crispado y unas elecciones generales a la vuelta de la esquina, la comisión de investigación sobre el fraude en los cursos de formación pagados por la Junta entre 2002 y la actualidad echó a andar este jueves, aunque formalmente se presentará una agenda de trabajo el próximo 13 de octubre, y tanto los nombres como el calendario y el inicio de las comparecencias empezarán el 20 de octubre.
El objetivo de este órgano, impulsado por Ciudadanos con el apoyo del resto de fuerzas de la oposición, es determinar si en efecto hubo un desfalco de dinero público destinado a la formación de parados, y señalar las posibles responsabilidades políticas. Ocurrió lo mismo con la comisión de investigación del caso ERE, que puso en brete al anterior gobierno socialista de Andalucía, y ahora volverá a vivirse un pulso entre el PSOE y el resto de formaciones. Las comparecencias se meterán en plena campaña de las elecciones generales, previstas para diciembre.
La comisión de investigación es una especie de tribunal parlamentario en el que se sentarán diez diputados, dos de cada partido, y será presidida por Julio Díaz, de Ciudadanos. Díaz fue elegido este jueves con los votos del PSOE, lo cual motivó las acusaciones de PP y de Podemos sobre un supuesto “pacto” entre ambos partidos para blindar al Gobierno socialista ante posibles responsabilidades políticas. La formación naranja facilitó la investidura de Díaz, después de 80 días de bloqueo, y firmó un acuerdo con el PSOE que contempla 70 medidas económicas, sociales y un pacto por la regeneración democrática. De este último punto emana la solicitud de una comisión de investigación por el fraude de los cursos. Díaz ha negado hoy que exista ningún pacto, y ha defendido que su único objetivo es buscar la verdad de lo ocurrido. “Por cosas como ésta volví a la política”, dijo el diputado, que antes de ingresar en Ciudadanos fue militante socialista y concejal durante ocho años con este partido.
Durante los próximos días y semanas irán desfilando por esta comisión todos aquellos responsables políticos, miembros y exmiembros del Gobierno andaluz, que sean llamados para aclarar su papel en lo ocurrido. Es un proceso de investigación que, como ocurrió con la comisión parlamentaria del fraude de los ERE, discurre en paralelo a la que se está viviendo en una docena de tribunales andaluces, incluido el juzgado que ahora instruye la magistrada María Núñez Bolaños, de la que antes era titular Mercedes Alaya. En ese desfile de personalidades políticas y empresariales, el PP tiene especial interés en citar a Susana Díaz, aunque ésta no ocupaba ningún cargo en el Ejecutivo cuando se dieron las ayudas bajo sospecha. Los populares también pretenden que declaren los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de una larga lista de exconsejeros, algunos de ellos ya imputados en el caso ERE, como Antonio Fernández, y otros imputados en el proceso judicial abierto por el caso de formación, como el extitular de Hacienda, Antonio Ojeda, por su papel de propietario de un conjunto de empresas de cursos de formación para desempleados.
La comisión de investigación de la formación se crea con el voto unánime de todos los grupos, aunque el PSOE ha cedido a regañadientes y forzado por encontrarse en minoría parlamentaria. Los socialistas anticipan que este proceso será instrumentalizado por el PP, que busca dilatar las declaraciones de altos miembros del partido, empezando por Díaz, Chaves y Griñán, para que el eco mediático se meta en plena campaña de las elecciones generales, previstas presumiblemente para el 13 de diciembre. Así, el PSOE de Pedro Sánchez afrontaría un pulso político con Mariano Rajoy mientras una larga lista de veteranos socialistas andaluces se exponen a las preguntas de los miembros de la comisión, con una sombra de sospecha sobre sus cabezas. El partido que ostenta el Gobierno andaluz intentó que la comisión se suspendiera durante la campaña electoral para que no interfiriera en el proceso, y luego fuera retomada más adelante, pero ningún otro grupo lo aceptó.
El escenario, en cualquier caso, no es el más beneficioso para un PSOE enfrentado a prácticamente todos los grupos de la oposición por su empecinamiento en mantener el veto al debate de las iniciativas legislativas de PP y Podemos. La Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara, lleva tres semanas bloqueando el debate sobre las leyes de estos dos partidos esgrimiendo el impacto que tendrían en los próximos presupuestos. El veto lo sustenta el PSOE y la abstención de Ciudadanos, contra el criterio del resto de formaciones y del propio letrado mayor del Parlamento. Un reciente informe jurídico concluye que las dos iniciativas vetadas no afectarían al próximo presupuesto, porque tanto PP como Podemos las fecharon para ejercicios posteriores. Además el letrado mayor advierte al PSOE y al presidente de la Cámara, el socialista Juan Pablo Durán, de posibles “repercusiones legales personales” de los miembros de la Mesa que están bloqueando las leyes de la oposición. PP, Podemos e IU han amagado con acudir a los tribunales para denunciar un posible delito de prevaricación.