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El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. / Europa Press
Confusión y desconcierto. Los ayuntamientos que han recibido la misiva del Ministerio de Hacienda instando al cierre de empresas públicas deficitarias han comenzado ya a remitir alegaciones contra el «proceso de disolución automática» de estas entidades que ofrecen servicios públicos tan dispares como la limpieza y recogida de basuras –caso de Lipasam en el Ayuntamiento de Sevilla–, la depuración de agua, tratamiento de residuos o transporte urbano. Por este motivo, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que preside el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, se ha sumado a la carta que el pasado 3 de agosto envió su homólogo en la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), Abel Caballero, al ministro del ramo, Cristóbal Montoro, solicitando una aclaración sobre los motivos por los que estas entidades se consideran deficitarias pese a prestar servicios públicos, así como la lista de todas las empresas afectadas.
Sin embargo, tanto fuentes del Ministerio como el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, insistieron ayer en que los requerimientos enviados a algunos ayuntamientos que han notificado pérdidas durante dos años seguidos de empresas públicas por Hacienda son meramente «informativos» y que ahora se abre el plazo para «presentar alegaciones» con las que «paralizar el proceso». De hecho, detalló Sanz, aquellos ayuntamientos que tengan cuentas en superávit pueden hacer aportaciones para corregir el déficit de estas sociedades.
El delegado del Gobierno en Andalucía recordó ayer que, en cumplimiento de lo que establece la Ley de Régimen Local y la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en diciembre de 2014 se dio un primer plazo para que los ayuntamientos solucionaran el déficit de las empresas deficitarias, un plazo que se amplió un año más, hasta diciembre de 2015, «para solucionar la situación económica de esas empresas públicas». Por lo que defiende que «la aplicación de la norma no puede ser entendida como un enfrentamiento ni agravio ni va en contra de las administraciones locales, sino que va en beneficio de las propias corporaciones para acabar con el déficit y aplicar las políticas de estabilidad presupuestaria».
Sin embargo, Caballero no dudó en exigir al ministro que «reflexione y empiece a considerar una moratoria de la aplicación de la Ley, recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) y pendiente de resolución. De hecho, en esta línea se manifestó también ayer el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, que mostró ayer en Cádiz, según las declaraciones recogidas por Europa Press, su sorpresa ante el hecho de que desde un gobierno en funciones se haga esta petición, enmarcada además en una ley de racionalidad «que ha sufrido dos varapalos judiciales que han anulado gran parte de esta ley».
El vicepresidente andaluz aseguró que se trata de una normativa «inaplicable» y que son más de 3.000 los ayuntamientos «de todos los colores, incluidos del PP» los que la han recurrido.
En cualquier caso, de momento no hay aún una lista definitiva con las empresas municipales que los ayuntamientos deben disolver por la deuda acumulada a la espera de la presentación de las alegaciones que ahora les ha sido requerida. En Andalucía, en un primer sondeo realizado por técnicos de la FAMP, de 140 sociedades consultadas sólo dos han recibido la misiva de Montoro.
Pero, como recordaba ayer Sanz, además de las alegaciones para paralizar el proceso de disolución, los ayuntamientos con superávit pueden hacer aportaciones a estas empresas deficitarias para corregir el desvío presupuestario.