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El buque Open Arms llega al puerto de Algeciras (Cádiz) con 87 inmigrantes a bordo procedentes mayoritariamente de Sudán y Sudán del Sur. Una veintena se marcharán a Francia. / Europa Press
El desembarco en Algeciras del buque Open Arms con 87 inmigrantes a bordo rescatados el jueves pasado frente a Libia se produjo en medio de un cruce de reproches. Primero llegaron las quejas del Ejecutivo andaluz, que apuntó que no ve «coherente ni sostenible» que se acerquen barcos a puertos con menores y el Gobierno «no dé más recursos». Y después de la propia ONG, que denunció que se están incumpliendo las normas internacionales en rescates en el Mediterráneo.
Proactiva Open Arms señaló que las normas internacionales en rescates de inmigrantes en el Mediterráneo establecen que los náufragos y personas rescatadas en situaciones que hayan puesto en peligro su vida sean trasladados a un puerto seguro en el menor tiempo posible, según declaró en conferencia de prensa posterior al desembarque ayer el jefe de operaciones de Open Armas, Ricardo Gatti.
Gatti aseguró que, si en vez de inmigrantes africanos indocumentados se tratara de náufragos de veleros, cruceros o ferrys no se procedería del mismo modo y se les facilitaría el transporte al puerto seguro más próximo.
Por este motivo la ONG denunció en un juzgado de Palma de Mallorca a los guardacostas libios y al mercante Triades, de bandera gibraltareña, a los que acusa de haber abandonado a las tres personas –dos ya cadáveres y una mujer– a las que rescató también frente a Libia el 16 de julio. En aquel caso pudieron desembarcar en Palma a la mujer y a los dos cadáveres –uno de un menor que llevaba muy poco tiempo muerto, según certificó un médico– que, según Open Arms, fueron abandonados por los guardacostas y el mercante denunciados.
El coordinador de Operaciones de la ONG, Gerard Canals, al ser preguntado por la designación del puerto de Algeciras para su desembarque, en vez de otros más próximos, señaló que la denuncia judicial «no es la forma más adecuada de tratar con las autoridades», en alusión al caso español e italiano.
Canals aseveró que «tiene sentido seguir y seguiremos igual», ya que el Open Arms partirá hoy con rumbo a Barcelona para cambiar de tripulación, someterse a una revisión y volver a tratar de rescatar personas frente a las costas de Libia.
Gatti lamentó que para estas labores de rescate «las dificultades se estén haciendo grandes» y puso como ejemplo los casos de Libia y Malta, donde el Open Arms se dirigió hace unas semanas para dejar a uno de sus 17 tripulantes –una mujer que había enfermado y precisaba asistencia– y se les envió una embarcación para recogerla en alta mar, ya que la ONG tiene vedado atracar en sus puertos.
Los 87 inmigrantes desembarcados ayer en Algeciras son todos varones, doce de ellos menos, la mitad de los cuales son no acompañados. Todos están bien pero, matizaron los responsables de Open Arms, «relativamente bien» porque cuando fueron rescatados el jueves pasado ya llevaban dos días en una barca, algunos casi deshidratados, y al verles venir y tomarlos por libios se tiraron al agua asegurando que preferían morir a ser devueltos a ese país. «Todos tienen mucho miedo tras ser rescatados, de hecho como estuvimos dos días en la zona esperando ante la posibilidad de nuevas embarcaciones, los rescatados tardaron en confiar en nosotros porque veían que inicialmente no nos movíamos de la zona y pensaban que iban a ser devueltos en caliente», apostilló. «Prefieren morir a ser devueltos a Libia», relató Gatti.
Los 87 proceden de Sudán y Sudán del Sur, salvo un egipcio, un sirio y otro de Gambia, todos los cuales fueron ayer atendidos por Cruz Roja para luego pasar el trámite habitual de extranjería con la Policía española. Francia anunció ayer que acogerá a 20 de los 87 rescatados en alta mar.
Sólo en las costas andaluzas Salvamento Marítimo ha gestionado el rescate de algo más de 26.000 inmigrantes en lo que va de año, de los cuales 3.200 eran menores que viajaban en pateras o de polizones.
Una situación que ha llevado al colapso de los sistemas de acogidas, según denuncian los sindicatos policiales como las asociaciones que trabajan sobre el terreno. De ahí que el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, advirtiera de que «no parece coherente ni sostenible que se acerquen barcos a los puertos con menores a bordo y al mismo tiempo se afirme que ni hay recursos ni posibilidades de repartir la responsabilidad de estos entre las comunidades por falta de consenso entre ellas». Así lo ha señalado en un comunicado, donde consideró que «ahora con un Gobierno más comprometido debe entender» esto. Además, trasladó a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad de España, Carmen Calvo, que la Junta de Andalucía defenderá en la próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Migraciones, que se celebrará el día 5 de septiembre, la responsabilidad compartida y más recursos económicos para atender a las personas que llegan a la costas andaluzas, especialmente de los menores no acompañados.
Jiménez Barrios aseguró que el Gobierno andaluz va a seguir atendiendo como se merecen a estos menores «en condiciones de dignidad y respeto, pues son personas muy vulnerables que atraviesan un drama muy duro en sus vidas». Para el vicepresidente, se debe establecer un plan integral como país, «donde las comunidades compartan entre todas, la atención de los menores no acompañados». El vicepresidente apeló a la solidaridad compartida de todas las comunidades en este caso.