Las investigaciones comenzaron tras detectarse irregularidades en empresas ubicadas en varias provincias, entre ellas Sevilla y Almería.
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 30 personas e investigado a otras 27 por delitos en una operación contra el fraude a la Seguridad Social, en la que un total de 39 empresas han sido investigadas en nueve comunidades, entre ellas Andalucía, por defraudar 10,5 millones de euros mediante el impago de cuotas y el cobro indebido de prestaciones.
Según ha informado la Policía en un comunicado, entre los implicados se encuentran tanto los administradores de las empresas como las personas que colaboraron en la comisión de los delitos. Todos están siendo investigados por distintos tipos de irregularidades, desde delitos por impago de seguros sociales hasta alzamiento de bienes o cobro indebido de prestaciones por desempleo.
En concreto, los investigadores han descubierto un total de diez delitos contra la Seguridad Social; 17 delitos de fraude de subvenciones; cuatro de frustración en la ejecución; 26 de falsedades documentales; uno de malversación de caudales públicos; otro de pertenencia a organización criminal; y cuatro delitos contra los derechos de los trabajadores.
Las investigaciones comenzaron el pasado mes de junio tras ser detectadas irregularidades en varias empresas ubicadas en nueve comunidades autónomas. En concreto, en las provincias de Murcia, Almería, Sevilla, Soria, Toledo, Madrid, Barcelona, Castellón, Alicante, Lugo, Badajoz, Cáceres y Valencia.
En total fueron investigadas 39 mercantiles por el impago sistemático de las cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social tanto de las cuotas correspondientes a sus trabajadores como en las que le corresponde abonar a la propia empresa.
Respecto al impago sistemático de los seguros sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social, se suele llevar a cabo con la finalidad de producir la situación de insolvencia. Estos seguros han sido previamente descontados a sus trabajadores y no son ingresados, sin que por parte de estos empresarios haya una firme voluntad de negociar el pago de la deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social.
En alguna de las empresas investigadas, se detectó que varias personas habían sido dadas de alta sin que realmente hubiese habido una relación real y efectiva con las mercantiles. Dichas altas ficticias se llevaron a cabo con la finalidad de cobrar, por parte de trabajadores, la prestación por desempleo sin que tuviesen derecho a ella.
Una vez confirmada la existencia de las irregularidades, la Policía procedió a la detención de 30 personas y a la investigación de otras 27 por diferentes tipologías delictivas.