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El presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno cerró ayer la campaña en Algeciras, junto al candidato y al líder del PP en Cádiz, Antonio Sanz.
En Andalucía, hace dos meses que 6,5 millones de ciudadanos fueron llamados a las urnas para elegir un nuevo gobierno autonómico que aún no existe, y mañana volverán a los colegios electorales sin saber para qué sirvió aquel voto. El ejecutivo andaluz lleva dos meses en funciones, porque la fuerza más votada el 22 de marzo, el PSOE, no logró una mayoría holgada para gobernar en solitario, y en todo este tiempo no ha conseguido que ninguno de los cuatro partidos de la oposición facilite la investidura a Susana Díaz para formar gobierno.
El bloqueo institucional y la imagen de inestabilidad que da Andalucía desde el 22M ha empujado a la líder de los socialistas andaluces a adoptar una decisión arriesgada: Díaz afronta las municipales como una segunda vuelta de las autonómicas, y ha decidido vincular el resultado a lo que está pasando en el Parlamento. Si el PSOE revalida su victoria, entenderá que los ciudadanos han castigado a los partidos que conforman «el bloque del no» –PP, Podemos, Ciudadanos e IU-, y exigirá enseguida que desatasquen la investidura. Díaz lleva varios días haciendo este llamamiento a sus rivales, más a los líderes nacionales que a los andaluces, a sabiendas de que el bloqueo del gobierno andaluz incomoda a algunos barones del PP (y bastantes alcaldes), que aspiran a ser la lista más votada en sus comunidades y temen que se repita la situación de Andalucía.
De las formaciones que conforman ese «bloque del no», como lo llama Díaz, la parte más susceptible a facilitar la investidura tras el 24M es el PP de Juan Manuel Moreno. Los populares andaluces parten de un resultado inigualable en las municipales de hace cuatro años: obtuvieron un 39,36% del sufragio en Andalucía, casi siete puntos sobre el PSOE. Gobiernan con mayoría absoluta en las ocho capitales y en 22 de las 29 ciudades de más de 50.000 habitantes, y ahora, conscientes de que la entrada de nuevos partidos ha fragmentado el tablero y difícilmente se repetirán las mayorías absolutas, el PP ha rebajado sus expectativas a «ser la lista más votada» en las principales ciudades.
El último cartucho de Moreno consiste en llegar a un acuerdo con Díaz para facilitar su investidura como presidenta de la Junta a cambio de que ésta permita gobernar al PP en los ayuntamientos donde sean los más votados. La socialista ha repetido hasta la saciedad que no entrará en el «cambalache o el trueque» de alcaldes y ediles. Pero es evidente que a partir del lunes las reglas de la negociación para la investidura habrán cambiado. El mapa de pactos postelectorales en los municipios será un elemento que condicionará el diálogo entre partidos a nivel regional, y las presiones no sólo llegarán desde dentro de Andalucía, también de otras regiones cuyos gobiernos pueden depender de lo que haga allí el PSOE como primera, segunda o tercera fuerza. Se abre un escenario susceptible a las contradicciones y las comparativas complejas, en el que los socialistas, por ejemplo, pueden facilitar un gobierno del PP en Madrid, si no pactan con la candidata de Podemos a la Alcaldía, Manuela Carmena, a quien las encuestas sitúan como segunda fuerza tras Esperanza Aguirre. Díaz augura que lo que está ocurriendo en el Parlamento andaluz se repetirá en el resto de comunidades, es decir, que las fuerzas emergentes, Podemos y Ciudadanos, no entrarán en ningún gobierno y no facilitarán la entrada de otro partido, si éste no acepta unilateralmente sus condiciones. En el caso de andaluz: la dimisión de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso ERE; un pacto anticorrupción; que la Junta rompa sus relaciones contractuales con los bancos que desahucian y que se destituyan a todos los cargos de la Administración contratados a dedo para sustituirlos por funcionarios.