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Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, en una comparecencia de prensa. / Europa Press
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado esta mañana la renovación de los órganos del Consejo Consultivo justo cuando el ente ha puesto peros a proyectos de ley del Gobierno como el de Formación Profesional o la de nombramientos de peritos judiciales. El cambio ha causado malestar en los partidos de la oposición puesto que afean a la presidenta del Ejecutivo, Susana Díaz, se haya saltado la costumbre de consensuar con todas las fuerzas políticas la composición del Consejo. Aunque la competencia es exclusiva del Consejo de Gobierno, mediante decreto, la norma no escrita hasta ahora había sido la de pactar sus miembros. En el orden del día facilitado ayer de la reunión del Gobierno no aparecía esta medida. De los miembros electivos del órgano sólo permanecen tres, el resto han sido sustituidos.
Con esta renovación, pues, quedan fuera los representantes que tenía el Partido Popular en el Consejo Consultivo. También quedan fuera Ciudadanos y Podemos, que se incorporaron al arco parlamentario en esta legislatura. La comisión permanente del Consultivo fue nombrada en mayo de 2011 y estaba integrada por dos representantes a propuesta del PP-A y cinco del PSOE. La nueva composición deja fuera a los dos miembros designados por los populares José Antonio Sánchez Galiana y Francisco Javier Gutiérrez Rodríguez. El primero, cerca de la jubilación, ya había comunicado su decisión de no renovar en su cargo. No es el caso de Francisco Javier Gutiérrez Rodríguez, al que a primera hora de la mañana se le ha comunicado de manera inesperada el cese. Su lugar en la comisión permanente lo ocupara la expresidenta del Parlamento y ex consejera de Presidencia, María del Mar Moreno, según ha comunicado el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco. El ex presidente de la Junta, Rafael Escuredo, también pasa a formar parte de esta comisión. Se da la circunstancia de que Gutiérrez Rodríguez había sido uno de los miembros más beligerantes con algunas de las normas que el Ejecutivo había enviado al Consejo Consultivo para su análisis.
El PP-A ha tardado muy poco en criticar con dureza la decisión del Consejo de Gobierno, aprobada “sin consenso ni diálogo con el resto de los grupos”. La portavoz parlamentaria popular, Carmen Crespo, consideró la medida como “el mayor acto de despotismo en la autonomía reciente de Andalucía”. Para la dirigente del PP-A, “Es un acto propio del absolutismo, una conducta propia del peronismo”. Crespo ha revelado que la decisión es una represalia por la decisión de su partido de pedir la citación de la presidenta de la Junta para declarar como testigo en el juicio de la pieza política de los ERE, en el que el Partido Popular está personado como acusación popular. La portavoz ha revelado que en una conversación telefónica con un dirigente socialista para pedir explicaciones por la decisión de renovar el Consejo sin consenso, éste le contestó: “eso os pasa por pedir que la presidenta declare en el juicio de los ERE”.
Después de un retraso considerable, el Gobierno andaluz presentó a finales del año pasado el anteproyecto de Ley integral sobre la Formación Profesional, una norma muy esperada por el sector educativo pero que ha quedado en parte desvirtuado pues su puesta en marcha se retrasa otros tres años y, además, cuenta con el tirón de orejas del Consejo Consultivo. En su revisión del texto, apunta a “errores gramaticales” y “alusiones literales e innecesarias” a la legislación estatal.