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Díaz recibió ayer en San Telmo a la presidenta de la Abogacía del Estado, Victoria Ortega. / Raúl Caro (Efe)
Como ya ocurrió con las masivas mareas blancas contra la fusión de hospitales en Granada y Huelva, ambas paralizadas, y las protestas de la patronal de los colegios concertados ante la retirada de sus subvenciones, reducida finalmente a los centros de educación diferenciada, el «ruido» social contra el impuesto de sucesiones se ha hecho demasiado molesto para el Gobierno andaluz de Susana Díaz, que se encuentra en la casilla de salida de la carrera para disputar su salto a la dirección nacional del PSOE. La Junta ha intentado sin éxito aplacar ese «ruido» promovido por el PP, que ha hecho de la supresión de este impuesto su caballo de batalla apelando a la discriminación de los andaluces «obligados a pagar más por heredar» que en otras comunidades. Al no conseguirlo, ayer anunció por sorpresa que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, se ha dirigido al ministro del ramo, Cristóbal Montoro, para pedirle que el Estado «se quede» con la gestión de este impuesto, que es «competencia estatal y está cedido a las comunidades» y compense a éstas por los ingresos obtenidos por esta vía «para financiar servicios públicos». El presupuesto andaluz este año contempla 400 millones pero desde la consejería subrayaron que «la compensación solo sería para aquellos supuestos donde hay diferencias entre regiones».
El impuesto de sucesiones entró en el debate político andaluz en la campaña electoral de 2015, cuando tanto el PP como Ciudadanos (C’s) llevaban su supresión en sus programas electorales. La formación naranja incluyó su reforma en el acuerdo para apoyar la investidura de Susana Díaz. Fruto de ello, el año pasado hubo una primera exención para la transmisión de explotaciones agrarias y este enero entró en vigor la segunda rebaja pactada por la que las herencias inferiores a 250.000 euros no tributan y hasta 350.000 sólo se paga por 50.000.
Sin embargo, la rebaja no frenó la campaña del PP andaluz, que poco a poco ha calado en la ciudadanía. La Junta lleva semanas tratando de contrarrestar la «demagogia» y «falsedades» del PP. Esgrime que el 93 por ciento de los herederos andaluces no paga nada y del 7 por ciento restante (19.000), sólo el 2 por ciento son herederos directos, unos 5.000. El impuesto es mayor cuanto más lejano es el parentesco con el fallecido y las principales diferencias entre territorios se dan en lo que pagan hijos y cónyuges. El viernes la consejera de Hacienda presentó una campaña informativa que incluye un simulador para calcular cuánto sale a pagar. Está operativo desde el lunes día en el que según el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, superó las 43.000 visitas.
Ya entonces la consejera dejó caer que el impuesto es estatal aunque esté cedido a las comunidades por lo que, «si al PP le parece tan mal», «tiene la potestad de eliminarlo compensando a las comunidades» por esos ingresos. Criticó que en la última reforma fiscal hace un año, el Gobierno modificó otras figuras fiscales y no lo tocó, ni siquiera para armonizarlo.
Idénticos argumentos esgrimió ayer el portavoz de la Junta al anunciar la decisión de pedir al Estado que retoma la gestión de este tributo, una «propuesta que parte de Andalucía» y que no se ha hablado con otras comunidades pese a que «requiere un acuerdo que afectara a todas». «Le decimos a Rajoy que se quede con su impuesto, que compense a las comunidades y que el PP «deje de enredar, de engañar a los ciudadanos y de enfrentar a los habitantes de unas comunidades y otras», señaló. Preguntado por el hecho de que esta reivindicación no haya sido hecha como otras por el Gobierno andaluz en el debate actual para la reforma de la financiación autonómica, Vázquez argumentó que los trabajos del grupo creado para dicha reforma «van demasiado lentos» y «mientras tanto Andalucía no va a soportar su infrafinanciación y al mismo tiempo campañas desde la mentira y la demagogia del PP». El escrito, según la consejería, indica que mientras se reforma el sistema «el Gobierno ejerza sus competencias sobre el impuesto ante la preocupación social que están generando las diferencias» ya que «algunas comunidades con mayor capacidad recaudatoria han aprobado beneficios fiscales muy diferentes a los vigentes en otras con menores recursos».
La intención, admitió Vázquez, es «poner de manifiesto la paradoja del PP» andaluz que rechaza «sólo» aquí un impuesto que «no es un invento de Andalucía, se paga en todas las comunidades y está vigente desde hace 30 años» y que el Gobierno central del PP «no lo quita pudiéndolo hacer».