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Susana Díaz, Mario Jiménez y Jiménez Barrios, en el Parlamento este miércoles. / E.P.
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se agarra a los buenos datos macroeconómicos para dar un paso más y devolver y ampliar los derechos que los andaluces perdieron a causa de la crisis, “los derechos pueden recuperarse y ampliarse”, aseguró. En esa línea van las treinta medidas que ha presentado en el debate de política general que se ha celebrado en el Parlamento de Andalucía. Pese a las cifras positivas, la comunidad muestra todavía datos preocupantes en desempleo y en población que aún está en riesgo de pobreza.
De este modo, empleo y bienestar son dos de los pilares en los que la presidenta basó su intervención. La Junta de Andalucía pondrá en marcha una renta mínima de inserción social cuyos beneficiarios serán “las familias que dispongan de unos recursos mensuales inferiores a 415,35 euros si es una sola persona”. Las familias con menores y las víctimas de violencia de género serán dos de los segmentos prioritarios a los que irá destinada la ayuda. Se abonarán por un máximo de doce meses, recibirán una prestación económica mensual del 78 por ciento del Iprem, incrementada en un diez por ciento por cada persona integrante de la unidad familiar distinta de la persona solicitante de la misma, hasta un máximo equivalente del 125 por ciento de dicho Iprem.
Susana Díaz centró la primera parte de su intervención a exponer las trabas, que según su punto de vista, ha puesto el Gobierno central a Andalucía. “Bochorno, política miope, intereses personales y partidistas, atropello, reforma laboral infame”, en estos términos expuso su teoría sobre los agravios de Mariano Rajoy hacia la comunidad. Dicho esto, la presidenta admitió “margen de mejora” en ella misma, pero también “en los partidos de la oposición y en quienes los dirigen”.
La jefa del Ejecutivo subrayó la bajada de la cifras de empleo desde que accedió a la presidencia de la Junta, aún así se comprometió a redoblar el esfuerzo de su gobierno en este asunto. Anunció un decreto de fomento del empleo industrial valorado en 200 millones de euros, que mejorarán la empleabilidad, la investigación y el desarrollo energético sostenible. También propuso la creación de una Mesa por la Calidad y la Dignidad en el Empleo, compuesta por Gobierno, empresarios y sindicatos. También planteó medidas contra la brecha salarial de género, ampliando a las Pymes la obligatoriedad de salarios iguales para hombres y mujeres, hasta ahora esta exigencia sólo era para empresas de más de 200 trabajadores. La Junta también implantará un programa de internacionalización de emprendedores, destinado a jóvenes y mujeres. Otra medida destinada a la creación de empleo será la puesta en marcha de un plan de restauración de explotaciones mineras centrada en la faja pirítica de Huelva y el norte de Córdoba.
La presidenta también pidió el apoyo de la Cámara en dos cuestiones vitales para la comunidad. Planteó un grupo de trabajo en el Parlamento, al que podrían sumarse expertos, para alcanzar una posición única sobre financiación autonómica y otro sobre política de cohesión territorial en España.
La segunda parte de su discurso estuvo dedicada a los servicios públicos y el estado de bienestar. En cuanto a Educación, la Junta se compromete a que la plantilla de docentes aumente en al menos 5.100 profesores en los dos próximos cursos. También propuso una iniciativa legislativa autonómica para instar al Gobierno de la nación a establecer la gratuidad de la enseñanza hasta los tres años. Confirmó la iniciativa que ya se había filtrado en días anteriores: bonificar al 99 por ciento las matrículas universitarias, sobre la base de los créditos aprobados en la primera matrícula. Anunció también un plan de actuación en verano para la eliminación progresiva del amianto en 67 centros educativos.
Díaz también informó de un calendario de nuevas infraestructuras sanitarias a lo largo de este mismo año. De este modo se incluirá en el presupuesto de 2018 un partida para la construcción del Hospital Materno Infantil de Huelva.
En cuanto a violencia de género, la Junta se personará como acusación particular en los casos de violencia machista con menores víctimas. Pondrá en marcha en tres meses un itinerario personalizado para menores víctimas de la violencia machista.
Por último Díaz se refirió también a la Memoria Democrática y su propuesta de creación de un Comisionado, cargo que no está incluido en la ley. La presidenta reiteró el ofrecimiento, aunque obvió el nombre de Diego Valderas después de la marejada política que generó.