-
Los jueces María Núñez Bolaños y Álvaro Martín, instructores de los casos de la formación y los ERE respectivamente. / José Luis Montero
Caso ERE. 850 millones en ayudas para empresas en crisis entre 2000 y 2011. Se beneficiaron empresas que no cumplían los requisitos y se prejubilaron en los ERE subvencionados falsos trabajadores de las mismas (intrusos), en ambos casos con beneficiarios vinculados al PSOE (tándem Rosendo-Sayago en la Sierra Norte de Sevilla). 26 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y seis exconsejeros, serán procesados por prevaricación y 18 de ellos también por malversación de fondos públicos, entre ellos Griñán tras la instrucción del juez Álvaro Martín. La Fiscalía pide entre 10 y 30 años de inhabilitación y entre 4 y 8 años de cárcel a los imputados por malversación, petición a la que ayer se adhirió Manos Limpias.
Caso cursos de formación. 2.800 millones para cursos de formación a parados entre 2002 y 2012. Se beneficiaron entidades vinculadas a cargos socialistas (Rafael Velasco o Ángel Ojeda). Varias empresas siguieron recibiendo ayudas durante años pese a no haber justificado las anteriores, hubo cursos que no se celebraron o se falseó la asistencia de alumnos. La jueza María Núñez ha archivado, como pedía la Fiscalía, la causa abierta contra 24 ex altos cargos de la Junta, entre ellas el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y ex responsables de su departamento y del SAE, al no ver indicios de que cometieran prevaricación ni malversación.
¿Qué diferencia jurídicamente a las piezas políticas de las dos principales causas sobre presunta corrupción en la Junta para que el resultado de la instrucción sea tan dispar? He aquí algunas consideraciones:
Sistema de control
Las ayudas para los ERE se otorgaban, según la Fiscalía y el juez, sin un sistema de fiscalización previa. De hecho, en 2001 la Consejería de Empleo y el IFA (organismo pagador de las ayudas) crearon un procedimiento específico para otorgarlas que eludía los controles administrativos. Los responsables de Empleo que diseñaron ese sistema y sus sucesores que lo mantuvieron, así como los jefes de ambos que lo permitieron (los expresidentes de la Junta) y los supervisores que no lo frenaron (el interventor general) presuntamente prevaricaron. En el caso de las ayudas a la formación, sí había sistema de fiscalización pero el retraso de la Junta en examinar la documentación de las entidades beneficiados hizo que optara por permitir que recibieran más ayudas aunque no estuvieran revisadas las anteriores. La jueza considera que la solución de la Junta a su retraso (las exoneraciones) pudo ser «nula o ilegal» pero no un acto de prevaricación ni por si misma propiciaba el menoscabo de fondos públicos.
Beneficiarios
El sistema de los ERE permitió que dinero público se usara de manera fraudulenta para un destino distinto al previsto ya que apenas se exigía documentación para solicitar las ayudas ni se pedía pedía justificación de su destino e incluso en la lista de trabajadores prejubilados se colaron intrusos beneficiados que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas, muchos vinculados a exdirigentes socialistas, un menoscabo a las arcas públicas por malversación. En las ayudas a la formación, si hubo empresas que usaron el dinero para otro fin, defraudaron a la Junta por la falta de medios para inspeccionar todos los cursos pero la administración no creó un sistema para eludir controles y que facilitara ese fraude. La jueza considera que el porcentaje de empresarios que recibieron ayudas vinculados al PSOE es tan bajo (38 de 18.000 entre 2009 y 2012) que no se puede hablar del uso de este dinero para forjar una «red clientelar» como señalaba la Guardia Civil y la acusación particular del PP.
Avisos
En el caso ERE, el interventor general de la Junta llegó a emitir hasta 15 informes alertando de que el sistema que se usaba para pagar las ayudas era inadecuado, informes dirigidos al consejero de Hacienda (entonces Griñán) que nunca los recibió y cuyos subordinados (la exviceconsejera Carmen Martínez Aguayo) reconocieron no haberle trasladado ni leído. Todos ellos están imputados por prevaricación y malversación, incluido el interventor porque avisó de irregularidades pero no paró las ayudas pudiendo hacerlo. En el caso de la Formación, los interventores del SAE no alertaron de irregularidades y en sede judicial ninguno ha reconocido que pudo haber menoscabo de fondos públicos salvo el de Huelva. No obstante,
Irregularidades vs delito
El juez Martín dejó claro que en el caso ERE los procesados «mediante un concierto expreso o tácito» dictaron resoluciones «contrarias a derecho» y propiciaron que el dinero público acabara donde no debía «sea de manera activa, sea omitiendo sus deberes de vigilancia». «El alcance malversador no exige el lucro personal del sustractor si no ánimo de cualquier beneficio, incluso no patrimonial, aunque se refiera al beneficio de un tercero», sostiene. Por su parte, la jueza Núñez ve en la gestión de las ayudas a la formación «posibles irregularidades administrativas» pero considera que posible fraude del dinero y el menoscabo de fondos públicos «no es sinónimo de prevaricación o malversación». Añade que para que haya malversación «no es suficiente la mera ilegalidad» si ésta es sólo administrativa.