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Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento andaluz. / José Manuel Vidal (Efe)
Las reuniones de la Mesa del Parlamento de Andalucía se asemejan a las citas secretas que congregaban a los herejes albigenses. Nadie dejaba constancia de lo que se trataba por lo que luego era casi imposible poner en común qué se había discutido y qué se había acordado.
Del encuentro de ayer del ente parlamentario hay tantas versiones como formaciones políticas la integran. Lo que sí es seguro es que el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, no tendrá que comparecer, tras la solicitud de Ciudadanos, ante la comisión de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática para explicar la contratación de la empresa en la que trabaja su sobrino para hacer la campaña institucional sobre el 4D. Lo que ya tiene distintas interpretaciones es por qué no tendrá que hacerlo. Existe una primera versión, defendida por PP-A y Podemos, y avalada por fuentes parlamentarias, por la cual se asegura que los letrados del Parlamento vieron inviable la comparecencia al no estar recogida en el Reglamento de la Cámara. A partir de ahí, la propuesta de Cs no puede ser calificada.
La segunda interpretación del mismo hecho es defendida por la formación naranja que, aunque reconoce la imposibilidad de la comparecencia, sostiene que los grupos se han posicionado sobre ella, y que PSOE, PP y Podemos se mostraron contrarios, «han formado una mayoría para tumbar la iniciativa», sostuvieron ayer fuentes de Ciudadanos. El PP-A regateó al verbo mentir para acusar a Cs de «faltar a la verdad».
Lo cierto es que desde que se presentó la iniciativa el pasado lunes, fuentes del Parlamento ya reconocían que era inviable al no estar amparada por ningún artículo del reglamento. Ciudadanos ha querido llegar hasta el final con su propuesta para dar imagen de firmeza y mano dura en un asunto que puede perjudicar a su socio de investidura; los nuevos partidos ya hacen jugadas de pizarra como los que llevan décadas en política. A los socialistas, por su parte, no les ha hecho mucha gracias que Cs abandere la comparecencia.
En la reunión de ayer también se rechazó la propuesta del PP-A para que la Cámara de Cuentas fiscalice los contratos que pasan por la Mesa del Parlamento. En este caso, fueron los votos de PSOE y Ciudadanos los que impidieron que saliera adelante. Julio Díaz, miembro de Cs en la Mesa del Parlamento, basó la posición de su partido en el informe del letrado mayor que apunta a la imposibilidad de que la Cámara de Cuentas fiscalice a un ente, que es la que precisamente fiscaliza a la Cámara de Cuentas. Para los populares, su iniciativa era «interpretable».
A esta falta de claridad en la Mesa del Parlamento ha tratado de poner remedio Podemos proponiendo que el orden del día y las actas de las reuniones se hagan públicas. Las dos propuestas no se han votado, pero ha sido el propio Durán, según sostiene la fuerza morada «para ganar tiempo», el que ha solicitado informes a los letrados sobre ambas. En el próximo periodo de sesiones se presentará un estudio de derecho comparado en el que se analice cómo tratan este asunto en otras cámaras legislativas del país, tanto a nivel autonómico como estatal. Hacer público el orden del día parece que podría aplicarse, en cambio con las actas existen más dudas.