-
El líder de IU, Antonio Maíllo, salió a apoyar a los trabajadores del sector concentrados ayer ante el Parlamento. / El Correo
PP, Podemos e IU coincidieron ayer en sus argumentos para rechazar convalidar el decreto-ley que regula el nuevo sistema de financiación de la educación infantil que abre la puerta a que nuevos centros privados se adhieran cada año a ofertar plazas subvencionadas para las familias frente al modelo anterior en el que la Junta firmaba convenios por cuatro años con un número limitado de escuelas. Para los tres grupos, el nuevo modelo supone primar la «concurrencia competitiva» sobre el concepto de servicio público. Una concurrencia competitiva en la que al permitir a los centros rebajar hasta un 15 por ciento el precio público fijado (209 euros) –que el sector ya considera muy bajo para cubrir costes al estar congelado desde 2009– abre la puerta a la «mercantilización» de la educación infantil y a una «guerra de precios» que repercutirá en la calidad del servicio y en las condiciones laborales de los trabajadores. De hecho, por este motivo, CCOO convocó ayer una jornada de huelga entre los empleados de escuelas infantiles cuyo seguimiento alcanzó el 80 por ciento según el sindicato y que la Junta rebajó al 17,3. Colectivos de trabajadores del sector acudieron ayer al debate del decreto en el pleno de la Cámara, que por la ausencia de la presidenta Susana Díaz ha trasladado excepcionalmente la votación a la sesión de hoy, en la que previsiblemente sólo C’s apoyará la norma.
La consejera de Educación, Adelaida de la Calle, contrarrestó las críticas de la oposición, que prevé que la guerra de precios perjudique a las pequeñas empresas y el sector sea copado por grandes grupos, detallando la tipología de los 300 nuevos centros que se han incorporado. Según De la Calle, la mayoría son «microempresas y cooperativas». En concreto, casi la mitad –147 escuelas– son propiedad de personas físicas, la mayoría «pequeñas empresarias»; otras cien son sociedades laborales; 27 pertenecen a comunidades de bienes o sociedades civiles; ayuntamientos y mancomunidades son titulares de 16; seis son cooperativas y cuatro de instituciones y fundaciones.
Pese a ello, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, advirtió de que cuando se puso en marcha el sistema de atención a la Dependencia, la mayoría de las entidades que gestionaban los centros y servicios como la ayuda a domicilio eran cooperativas pero con el tiempo se fue concentrando en grandes empresas. Consideró «muy grave» y «feo» que en el sistema educativo se introduzcan «factores de competitividad para que las empresas hagan el mejor servicio al mejor precio».
También la diputada de Podemos, Libertad Benítez, denunció la «subasta de precios a la baja» y reclamó que la educación de 0 a 3 años sea «gratuita y universal». Criticó, al igual que la portavoz popular Carmen Crespo, que para acceder a ayudas las familias tengan plazos cerrados y que el presupuesto sea limitado, 175 millones de euros, «apenas un 1 por ciento más que el año pasado cuando las plazas ofertadas crecen un 12 por ciento».
La oposición, incluido C’s, también criticó la falta de diálogo con el sector. El líder del PP prometió derogar el decreto si llega al poder.