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Las escuelas infantiles comienzan el curso el 1 de septiembre y los niños tienen que tener cuatro meses. / J. M. Paisano
La Consejería de Educación anunció ayer cambios en la propuesta inicial sobre el nuevo modelo de financiación de las escuelas infantiles ante la protesta convocada hoy por el sector. La Junta ha dado marcha atrás en su intención de fijar un plazo cerrado para que las familias soliciten las ayudas que impedía a que accedieran a ellas las familias que metieran a sus hijos en la guardería a mitad de curso. Educación permitirá que si hay vacantes en el centro en el que pidan plaza, puedan solicitar también las becas que sustituirán a las actuales bonificaciones en el caso de «los niños que no hubieran alcanzado las 16 semanas de edad a 1 de septiembre». Sin embargo, no concreta si abre también esa posibilidad a niños que teniendo cuatro meses al inicio del curso, sus padres decidan esperar un poco para meterlo en la guardería o aquellos que necesitan recurrir a este servicio a mitad de curso por necesidades laborales.
La consejería tampoco aclara si habrá un presupuesto cerrado para las ayudas como anunció, ya que en ese caso, una vez agotado el presupuesto no habría más ayudas para nadie. Sólo señala que «está articulando la fórmula más adecuada» para que las familias cuyos hijos no cumplan los cuatro meses (que es la duración de la baja maternal) antes del 1 de septiembre puedan acceder a ayudas.
La vicepresidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas (Aeiou), Maribel Uncala –una de las organizaciones convocantes de la manifestación este mediodía ante la consejería– señaló que limitar el acceso a ayudas sólo a los casos de niños que no entren a principio de curso por tener menos de cuatro meses no soluciona el perjuicio a las familias. «No permiten a las familias el derecho a decidir cuándo escolarizar a un bebé», lamentó. Recordó que la educación infantil es una etapa especial en la que se dan muchas «casuísticas» que hacen que las familias tengan que utilizar este servicio durante al año porque cambian sus circunstancias laborales.
La Consejería de Educación también ha modificado otro de los puntos conflictivos del nuevo modelo de financiación, que acaba con los convenios por cuatro años con escuelas infantiles y lo cambia por un sistema en el que cualquier centro privado se puede adherir anualmente a colaborar con la Junta, con lo que pretende ampliar su oferta de plazas en 12.500 (las prometidas para la legislatura). Hasta ahora, para los centros públicos y de convenio, la Junta fijaba un precio público por plaza que se mantiene congelado desde 2009 en 278,88 euros con comedor. El nuevo modelo establecía que éste sería el precio máximo que podrían cobrar los centros que se adhirieran pero abría la puerta a que el servicio se ofertara más barato.
Asociaciones como Aeiou o la Coordinadora de Escuelas Infantiles (CEI), así como formaciones políticas como C’s y PP, alertaron de que con ello se podría generar una «guerra de precios» entre empresas en detrimento de la calidad del servicio. La presidenta de CEI, Charo de la Peña, denunció que por debajo del precio plaza actual resulta «imposible» ofrecer el servicio e instó a la inspección educativa a visitar los centros que lo ofertaran por debajo de ese precio. Finalmente, fuentes de la consejería explicaron que la Junta prevé fijar también un precio mínimo que impida a los centros adheridos cuantías por debajo del mismo, aunque aún no se ha determinado dicho precio mínimo. «Habrá una horquilla pequeña», señalaron las mismas fuentes.
Pese a ello, las asociaciones Aeiou, CEI y la Asociación de cooperativas de enseñanza (Aces) mantienen la concentración de hoy porque defienden un «precio único» para evitar «desigualdades». Insisten en que, tras nueve años congelados, el precio plaza está por debajo del coste real del servicio. Reclaman una subida de al menos el IPC hasta situarlo en torno a los 302 euros al mes que «las familias más desfavorecidas no notarían porque son las que acceden a bonificaciones del cien por cien y a las que tienen el 75 por ciento les supondría cinco euros». La Junta deja claro que el precio máximo no se va a tocar y echa en cara al sector que quiera aumentar la carga a las familias.
De la protesta de hoy, apoyada por los sindicatos y el PP, se ha desmarcado la patronal Acade al entender que Educación ha recogida parte de sus reivindicaciones.