De grito en el cielo. No cabe otro apelativo al informe que ayer hizo público la ONG Save the Children, que situó en un 20 por ciento la tasa de andaluces que en algún momento de su infancia ha sido víctima de abuso sexual. La cifra, escandalosa por sí misma, desciende drásticamente cuando se trata de valorar el número de casos que llegan a ser denunciados una vez producido el abuso, apenas el 15 por ciento del total.
En su informe Ojos que no quieren ver, la ONG trató datos de esta índole a nivel nacional, incluyendo un pormenorizado anexo en el que escudriñaba la realidad andaluza del abuso sexual contra menores de edad. Parafraseando el documento de análisis, el titular más destacado emerge de forma palmaria: «Los datos disponibles estiman que el 18,9 por ciento de la población [andaluza] ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia», dividiéndose esta media ponderada entre niños y niñas, un 15,2 y un 22,5 por ciento, respectivamente.
A este respecto, el de las disimetrías entre el abuso ejercido sobre niños y niñas, el informe de Save the Children especifica que en caso de los varones suele ocurrir cuando tiene entre 11 y 12 años, siendo el agresor un conocido con cierta dosis de autoridad sobre el crío: entrenador deportivo, profesor o monitor de actividades extraescolares como principales perfiles abusadores. Entre las niñas, los abusos suelen darse con más frecuencia entre los siete y los nueve años, y el agresor es un miembro del entorno familiar.
Los datos que esta ONG de reconocido prestigio en el ámbito de la infancia esgrime para llegar a las conclusiones expresadas proceden, fundamentalmente, de dos fuentes. La primera es sobre la encuesta central sobre la materia que se considera consuetudinariamente como válida en España. La segunda de ellas se extrae de 203 sentencias judiciales comprendidas entre 2012 y 2016, cuyas pesquisas han sido fundamentales para estructurar la investigación.
Más allá de los datos gruesos, el informe apostilla en un denominado como Resumen ejecutivo, que pretende acercar la realidad de estos abuso a través de su conspicua explicación. Un ejemplo es la definición del perfil de niño más vulnerable a los abusos: faltos de autoconfianza y pasivos, integrantes de familias disfuncionales en las que se carece de la figura de un adulto protector y con discapacidad intelectual. El documento también analiza falsos mitos y realidades al respecto de los abusos a los menores, como el hecho de que no es cierto que sean aislados y poco comunes. También cita que sus efectos, pese a lo que se pueda pensar, no han de ser siempre muy graves, sino que este asunto varía según factores como la frecuencia, el grado de parentesco o la intensidad. Igual que su detección, no siendo cierto el hecho de que es fácil enterarse si un niño del entorno más cercano lo sufre, revelándose como algo complejo en su conocimiento. Otro de los mitos-realidad analizados es que ni se dan en clases sociales bajas ni son desconocidos los agresores, sino todo lo contrario, en ambos casos.
El proceso judicial
Save the Children incluye en su informe cómo suele discurrir el proceso judicial en este sentido, y su apartado de ficción, al respecto de cómo debería ser. En primer lugar se produce la toma de declaración al menor, que generalmente cuentan los abusos unas tres veces, mientras que este proceso debería llevarse a cabo lo más pronto posible, dirigido por personal cualificado. En el orden de la preconstitución de pruebas, el documento denuncia que solo el 22 por ciento de sentencias andaluzas se había preconstituido, siendo lo aconsejable el total de los casos y los más próximo posible a cuando ocurrieron esos abusos. La declaración del menor víctima en un plenario, hecho que ocurre en el 78 por ciento de los casos debería ser sustituido por el uso de un espacio seguro y amigable, así como la búsqueda de un fin relativamente rápido en el proceso, ya que la media andaluza está en tres años, un plazo, a juicio del informe, necesario de acortar.
Llegados a este punto, Save the Children llega a determinar una suerte de ranking por regiones al respecto de los métodos de defensa y recursos de apoyo a menores que integran. Aquí es donde se resalta la capacidad de la administración andaluza, que lidera esta clasificación y se califica como que «hay un servicio público y universal». Para contrarrestar los efectos de las escandalosas cifras ya referidas, la ONG incluso plantea una sección de «soluciones» en las que aborda mayor educación sexual y afectiva, más formación, protocolos internos en los colegios, recursos a familias que lo necesiten e incluso una Ley Orgánica.
