«El agua tiene que ser transparente también en su gestión»

-¿Qué situación se encontró en materia de aguas en el Ministerio cuando tomo posesión de su cargo?

-Recién tomada posesión, el Tribunal Europeo de Justicia dicta una sentencia que condena a España por el incumplimiento de obligaciones en materia de saneamiento y depuración. Doce millones de euros, más otros once, éstos cada semestre transcurrido hasta que se pongan en funcionamiento todos los sistemas de depuración objeto de la sanción. Este ejemplo da cuenta del gran déficit que arrastramos en materia de planificación en la política de agua. Demasiado tiempo gestionando a golpe de improvisación, que ha derivado en un paquete de severas advertencias y sus consecuentes expedientes de infracción por parte de la Comisión.

-¿Sabemos, por el Presidente de Agbar, que las empresas privadas del agua negociaron con el anterior ejecutivo una “ley del ciclo urbano del agua” que incluía un regulador parecido al que actualmente tienen las eléctricas . ¿Cómo ha evolucionado este tema? ¿Es normal que las empresas tengan poder de negociación en una tema tan sensible como este?

-En tanto que el agua es un recurso natural considerado bien público, las bases que han de regir su gobernanza deben construirse desde la transparencia y la participación social. Las decisiones que afectan a la política del agua no pueden gestarse en encuentros de mesa camilla. Por supuesto que los operadores del sector constituyen una parte principal del sistema, y son indispensables en el diálogo, pero sin que ello haya de traducirse en una exclusión del resto de actores sociales.

-Durante este corto gobierno El PSOE y Unidos Podemos han pactado en el Congreso de los Diputados introducir modificaciones legislativas encaminadas a "facilitar" que los ayuntamientos puedan optar "efectivamente" a recuperar la gestión directa del abastecimiento del agua y asegurar el derecho humano al agua. No obstante, no se ha desarrollado por parte del Ejecutivo ninguna medida concreta ni se ha convocado ninguna mesa técnica para desarrollar ese trabajo. ¿Hay diferencia de criterios entre la Cámara de Representantes y el Ejecutivo?

-Las conclusiones de la subcomisión parlamentaria sobre clima y agua, han contribuido en buena medida a cimentar los trabajos que hemos venido haciendo en el ministerio a lo largo de estos meses, y se ven claramente reflejadas en los documentos que se están sometiendo ahora al proceso de participación y de diálogo. Tan es así, que esta entrevista se produce a raíz de uno de esos encuentros para la recogida de aportaciones, en este caso en Sevilla.

-Precisamente en las jornadas organizadas por AEOPAS en Emasesa, en las que le estamos realizando esta entrevista, usted a anunciado un Libro Verde del Agua. ¿En qué consiste ese documento? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál sería su calendario y desarrollo?

-El Libro Verde para la Gobernanza del Agua se impulsa como el eje vertebrador de la nueva política del agua que nuestro país precisa. Me refería al inicio a la necesidad de hacer efectivo el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco; pero también a la imperiosa obligación de contar con herramientas de planificación ajustadas a las condiciones contrastadas de cada una de las cuencas (no podemos aceptar con naturalidad que el Tribunal Supremo anule el plan de una demarcación por no garantizar unos caudales ambientales, cuando es el escrupuloso respeto al ciclo ecológico la única garantía de sostenibilidad del recurso); o a la integración de las previsiones de los impactos del cambio climático en cada decisión que se adopte en materia hidrológica a partir de ahora, porque el gran reto que tenemos por delante se llama adaptación.

-¿Alguna vez en el Estado español viviremos una auditoría externa del agua?

-El agua debe ser objeto de análisis permanente. De hecho en el Libro Verde se plantea la creación de un observatorio del agua, para contar con una herramienta solvente y unas bases sólidas para la toma de decisiones. Hoy más que nunca la política del agua debe sustentarse en la ciencia, porque los riesgos son crecientes. No hay más que ver el informe del Foro de Davos, para entender de la importancia estratégica que el agua tiene ya en la agenda global.

-La reciente sentencia de Tajo pone en solfa la aplicación de los caudales ecológicos en la planificación hidrológica. ¿Cómo puede afectar esta situación al resto de cuencas?

-La sentencia no hace sino consolidar la línea de trabajo que nos marcamos desde el primer momento en el Ministerio para la Transición Ecológica. De hecho la transición hidrológica, al igual que la energética, traen causa de un firme convencimiento de que el futuro de nuestro país pasa por un nuevo modelo económico, y un patrón de desarrollo basado en la sostenibilidad. Así los planes hidrológicos de cuenca de tercer ciclo han de marcar como condición de partida la garantía de caudales ambientales.

-¿El derecho humano y la soberanía municipal estarán en el centro de ese debate?

-Un recurso natural que se reconoce como bien público, no puede ser gestionado como una mercancía; así que corresponde al conjunto de las administraciones garantizar a todos los ciudadanos el acceso al mismo, y eso pasa por considerarlo como un derecho. Eso significa que todos los aspectos del debate han de estar supeditados a este objetivo central.

-En las mismas jornadas aludidas antes, AEOPAS propuso, entre otras cosas, la eliminación del canon concesional que permite a un/a alcalde/sa privatizar el servicio 25 años a cambio de un dinero destinado a cosas que nada tienen que ver con el agua. ¿Usted que opina de este mecanismo?

-Los recursos que el ciclo del agua genera, han de retornar al ciclo. El sistema hidrológico puede ser autoconsistente si, mediante la aplicación del principio de recuperación de costes, los beneficios que resultan de su gestión no son derivados a subvenir carencias ajenas al mismo, o a financiar políticas de otros ámbitos. Y en los próximos años la política de agua va a necesitar de ingentes esfuerzos en materia de innovación, para acometer una enorme tarea de adaptación climática.

-También conocimos que las ciudades de Córdoba, Emasesa y Cádiz son las únicas capitales de provincia que aplican el mínimo vital en toda España. ¿No cree que cualquier persona independientemente de su nacimiento debería tener esta garantía?

-Son ejemplos de buenas prácticas que se irán extendiendo progresivamente, pero no debemos minusvalorar el enorme esfuerzo que vienen haciendo también muchos pequeños municipios en esta misma dirección desde hace años. Hemos de introducir en la ley principios que deberían estar integrados en la normalidad de la gestión.

-En su reciente viaje a Sevilla también estuvo reunidos con los agricultores y ganaderos ecológicos en la Fundación Savia. Los agricultores ecológicos piden acuerdos entre los operadores de agua y los agricultores y ganaderos que pueden actuar como guardianes de nuestras fuentes de suministro de agua. Estos acuerdos deben estar potenciados por los organismos de cuenca. ¿Qué papel puede tener el Ministerio para favorecer este tipo de acuerdos que se realizan en lugares como Francia?

-La agricultura y la ganadería son los grandes consumidores de agua, y por tanto no es posible pensar en una nueva política del agua construida sin su activa participación. Son también sectores especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático, así que precisan anticiparse a los escenarios de restricción de recursos que la comunidad científica viene anunciando. Así que tendrán mucho que decir en el proceso de diálogo en que estamos embarcados.