El Defensor pregunta a la Intervención por el retraso de las ayudas al alquiler

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, abrió hace meses una queja de oficio por los retrasos en la convocatoria de las ayudas al alquiler correspondientes a 2015. Unas ayudas que, subraya, «están dirigidas a personas con una situación económica precaria, en situación de especial vulnerabilidad» por lo que «cualquier retraso en el pago de estas ayudas, con el indiscutible y grave perjuicio que se ocasiona a las personas beneficiarias provisionales, y las situaciones dramáticas que se esconden tras las distintas solicitudes, desvirtúa la intencionalidad y finalidad» de las mismas. Ante su queja, la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta alegó que las resoluciones habían sido remitidas a los interventores para su fiscalización previa pero «en las distintas provincias difiere la situación respecto de la fiscalización». En concreto, en Córdoba ya se ha iniciado el procedimiento para el pago, en Cádiz y Huelva está previsto empezarlo en breve «mientras que en Sevilla y Jaén está pendiente de respuesta por parte de su Intervención, y en Málaga, Almería y Granada, se han manifestado incidencias».

La consejería añade en su respuesta al Defensor que «con el fin de evitar distintas situaciones en las provincias, se ha mantenido contacto con la Intervención General si bien están pendientes de resolver algunas cuestiones planteadas”.

Ante esta situación, y dado que los demandantes de estas ayudas las esperan «como la única posibilidad que les va a permitir hacer frente al pago del alquiler de su vivienda, o a poder acceder a una y, por consiguiente a mantener o disponer de una vivienda digna ya que, de lo contrario, se podrían ver abocados a un procedimiento de desahucio», el Defensor ha solicitado información a la Intervención General de la Junta «sobre las diferencias en la actuación de las diferentes Intervenciones Provinciales en la fiscalización de las ayudas», con especial mención de las incidencias planteadas en Málaga, Almería y Granada. Reclama conocer «cuáles son las cuestiones planteadas por la Consejería de Fomento y Vivienda, a fin de evitar situaciones distintas y diferencias entre las provincias, en el trámite de fiscalización de estas ayudas, así como la resolución que finalmente se adopte respecto de las mismas».