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Los expresidentes Chaves y Griñán, en el banquillo. / El Correo
Durante tres meses, 120 ex altos cargos políticos, funcionarios, prejubilados de empresas en crisis, auditores y letrados han descrito el sistema de concesión de ayudas de los ERE y su tramitación por la Junta y el Parlamento andaluces, en un juicio que encausa a 22 responsables autonómicos. Su análisis se resume en una palabra: descontrol.
Cargos y funcionarios de los departamentos afectados han declarado como testigos y hay una idea común entre quienes han visto los expedientes de los ERE, desde los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a auditores, interventores o funcionarios: es que eran un «caos», sin apenas documentación y desordenada.
Estas 120 declaraciones corresponden a los testigos que del 23 de abril y hasta el 25 de julio pasaron por el juicio de la denominada pieza política del caso ERE, que investiga si los acusados –entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán– cometieron prevaricación y malversación al diseñar un «procedimiento específico» con el que la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre los años 2001 y 2011.
Ese sistema se creó en 2001 con un convenio por el que las ayudas las concedía la dirección general de Trabajo pero las pagaba el ente público IFA (luego agencia IDEA), con fondos que la Consejería de Empleo le enviaba mediante las denominadas transferencias de financiación, una herramienta sobre la que la Intervención de la Junta alertó de que se usaba de modo «inadecuado» y que, según el fiscal y las acusaciones, se utilizó para eludir la fiscalización.
Por ello afrontan hasta ocho años de prisión dos expresidentes andaluces, dos exconsejeros de Empleo, dos exdirectores de Trabajo, varios excargos de Empleo, dos exdirectores de la agencia IDEA, un exconsejero de Innovación, un ex interventor general, dos exconsejeras de Hacienda y otros cargos de este departamento, un exconsejero de Presidencia y un ex jefe del gabinete jurídico de la Junta.
También coinciden los testigos en que IDEA era una mera «caja pagadora» de las ayudas y no podía negarse a abonarlas, aunque existe controversia, porque sobrepasó el montante de las transferencias recibidas, asunto sobre el que la tesis mayoritaria es que se trató de un desfase contable pero no de un déficit.
Una de las claves del juicio es dirimir si estas ayudas se pagaban a través de IDEA para eludir la fiscalización previa y por qué este sistema se mantuvo durante 10 años, pese a que la Intervención insistía en que no era «adecuado».
Interventores, auditores y consejeros de la Cámara de Cuentas han ratificado que estas ayudas no podía fiscalizarlas la Consejería de Empleo porque el expediente no incluía ningún documento de gasto, pero hay dudas sobre si el control de la propia transferencia o el posterior en IDEA era suficiente.
También se debate por qué se usaron estas transferencias de financiación, no reguladas hasta 2013, que se incluyeron en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos andaluces en 2001 para equilibrar pérdidas de entes instrumentales, y en las sucesivas leyes como transferencias a IDEA para ayudas sociolaborales.
Al tribunal le interesa esclarecer si la lectura de los presupuestos permitía a cualquier parlamentario saber que las transferencias a IDEA eran para pagar las ayudas que concedía Empleo, algo que ratifican los expresidentes del Parlamento andaluz o el exletrado mayor de la Cámara, José Antonio Víboras, pero que choca con el desconocimiento de estas ayudas esgrimido por los expresidentes Chaves y Griñán y por los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, que además de sus cargos eran diputados.
Entre tanto debate técnico, han destacado en este juicio los testimonios de trabajadores que se beneficiaron de los ERE tras protestar cuando Chaves visitó su pueblo, como el caso de la fábrica Bilore, de Lucena (Córdoba), o que defendieron su «cacho pan», como un exminero Huelva, quien no dudó en enviar una carta a Chaves tras comprobar que personas ajenas a la mina recibían estas rentas.
O empleados de la limpieza de Granada, a quienes Guerrero les pagó la subida de sueldo por la que llevaban un mes de huelga.
Durante tres meses, 120 ex altos cargos políticos, funcionarios, prejubilados de empresas en crisis, auditores y letrados han descrito el sistema de concesión de ayudas de los ERE y su tramitación por la Junta y el Parlamento andaluces, en un juicio que encausa a 22 responsables autonómicos. Su análisis se resume en una palabra: descontrol.
Cargos y funcionarios de los departamentos afectados han declarado como testigos y hay una idea común entre quienes han visto los expedientes de los ERE, desde los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) a auditores, interventores o funcionarios: es que eran un «caos», sin apenas documentación y desordenada.
Estas 120 declaraciones corresponden a los testigos que del 23 de abril y hasta el 25 de julio pasaron por el juicio de la denominada pieza política del caso ERE, que investiga si los acusados –entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán– cometieron prevaricación y malversación al diseñar un «procedimiento específico» con el que la Junta repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis entre los años 2001 y 2011.
Ese sistema se creó en 2001 con un convenio por el que las ayudas las concedía la dirección general de Trabajo pero las pagaba el ente público IFA (luego agencia IDEA), con fondos que la Consejería de Empleo le enviaba mediante las denominadas transferencias de financiación, una herramienta sobre la que la Intervención de la Junta alertó de que se usaba de modo «inadecuado» y que, según el fiscal y las acusaciones, se utilizó para eludir la fiscalización.
Por ello afrontan hasta ocho años de prisión dos expresidentes andaluces, dos exconsejeros de Empleo, dos exdirectores de Trabajo, varios excargos de Empleo, dos exdirectores de la agencia IDEA, un exconsejero de Innovación, un ex interventor general, dos exconsejeras de Hacienda y otros cargos de este departamento, un exconsejero de Presidencia y un ex jefe del gabinete jurídico de la Junta.
También coinciden los testigos en que IDEA era una mera «caja pagadora» de las ayudas y no podía negarse a abonarlas, aunque existe controversia, porque sobrepasó el montante de las transferencias recibidas, asunto sobre el que la tesis mayoritaria es que se trató de un desfase contable pero no de un déficit.
Una de las claves del juicio es dirimir si estas ayudas se pagaban a través de IDEA para eludir la fiscalización previa y por qué este sistema se mantuvo durante 10 años, pese a que la Intervención insistía en que no era «adecuado».
Interventores, auditores y consejeros de la Cámara de Cuentas han ratificado que estas ayudas no podía fiscalizarlas la Consejería de Empleo porque el expediente no incluía ningún documento de gasto, pero hay dudas sobre si el control de la propia transferencia o el posterior en IDEA era suficiente.
También se debate por qué se usaron estas transferencias de financiación, no reguladas hasta 2013, que se incluyeron en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos andaluces en 2001 para equilibrar pérdidas de entes instrumentales, y en las sucesivas leyes como transferencias a IDEA para ayudas sociolaborales.
Al tribunal le interesa esclarecer si la lectura de los presupuestos permitía a cualquier parlamentario saber que las transferencias a IDEA eran para pagar las ayudas que concedía Empleo, algo que ratifican los expresidentes del Parlamento andaluz o el exletrado mayor de la Cámara, José Antonio Víboras, pero que choca con el desconocimiento de estas ayudas esgrimido por los expresidentes Chaves y Griñán y por los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, que además de sus cargos eran diputados.
Entre tanto debate técnico, han destacado en este juicio los testimonios de trabajadores que se beneficiaron de los ERE tras protestar cuando Chaves visitó su pueblo, como el caso de la fábrica Bilore, de Lucena (Córdoba), o que defendieron su «cacho pan», como un exminero Huelva, quien no dudó en enviar una carta a Chaves tras comprobar que personas ajenas a la mina recibían estas rentas.
O empleados de la limpieza de Granada, a quienes Guerrero les pagó la subida de sueldo por la que llevaban un mes de huelga.
JIMÉNEZ BARRIOS PIDIÓ AYUDAS
El actual vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, aparece entre estos testimonios recogidos en el sumario de los ERE. Cuando solo era alcalde de su pueblo, Chiclana de la Frontera (Cádiz), escribió a todas las instituciones para pedir fondos con los que inaugurar una feria de muestras en su municipio.