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El exjefe de Formación de Cádiz Antonio Juan Vidal, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento.
El actual director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Julio Coca, ratificó este jueves el informe elaborado por el organismo que cuestiona el cálculo realizado por la Guardia Civil en su último atestado sobre las ayudas públicas para cursos de formación sin justificar, y por tanto cuyo reembolso debería exigir la Junta, durante su declaración como testigo ante la jueza María Núñez, que instruye la investigación sobre presuntas irregularidades en estas subvenciones.
Coca respondió a preguntas del fiscal Anticorrupción y de la defensa del exjefe de Formación de Sevilla Daniel Fito, imputado en la causa, mientras que la jueza no planteó preguntas, según informaron fuentes judiciales. Las cuestiones se centraron en explicaciones administrativas sobre las exoneraciones a empresas para permitirles seguir recibiendo subvenciones pese a no haber justificado todas las recibidas y el proceso para la justificación y liquidación de estas ayudas. En su día, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elevó a 1.298 millones las cantidades pendientes de justificar por los cursos de formación financiados con fondos públicos. La Junta hace meses que no da datos sobre los expedientes revisados y las cantidades cuyo reembolso ha pedido. La última cifra que dio es que había reclamado ayudas por un importe de 72 millones de euros.
La jueza Núñez también tomo declaración ayer, en este caso como investigados, al jefe de servicio de Formación de Cádiz Antonio Juan Vidal Agarrado –que recientemente compareció en la comisión de investigación creada en el Parlamento para depurar responsabilidades políticas en este caso- y al responsable del consorcio CioMijas, José Gutiérrez Muñoz. Según fuentes del caso, Vidal reconoció que el interventor de Empleo en Cádiz puso reparos a algunos gastos que el SAE dio por subvencionables si bien señaló que las cantidades concedidas se redujeron. Vidal, que también compareció en la comisión parlamentaria, insistió en vincular los retrasos en las justificaciones y liquidaciones de las ayudas señalados por los interventores en su informe con cierto caos administrativo producido con el traspaso de las competencias de la Consejería de Empleo a la de Educación, posteriormente devueltas a Empleo.