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Un operario trabaja en el reciclado del aceite doméstico usado en la localidad sevillana de Écija. / Manuel Rus
Desde la década de los noventa, el Gobierno central financia la recogida y el reciclaje del aceite usado, un producto altamente contaminante que se recupera en un cien por cien, ya que está terminantemente prohibido que este residuo acabe en un vertedero. La normativa obliga a que al menos el 60 por ciento del aceite usado recogido se emplee para la regeneración, es decir: la obtención de nuevas bases de lubricantes que al sumarle aditivos puedan volver al mercado de los aceites. La otra opción que les queda a estos aceites al completar su ciclo de vida es ser utilizados para valorización energética, es decir, como combustibles, dado su alto valor calórico.
Sin embargo, desde el año 2007 y bajo el principio de quien contamina paga, el Real Decreto 679/2006 estableció unas nuevas reglas del juego: los fabricantes de aceites de motor e industriales son los que tienen que garantizar que esos productos, que generan un residuo, se recogen y se reciclan. Esta obligación que afecta principalmente a las grandes petroleras se lleva a cabo a través del un Sistema Integrado de Gestión de Aceites Usados (SIGAUS) donde está la casi totalidad de estas empresas.
La fórmula de financiación recae sin embargo en el consumidor, ya que los seis céntimos de euro que se pagan por cada kilogramo de aceite que se pone en el mercado lo repercuten en sus precios.
Aunque parezca poco, se trata de una cantidad millonaria que supera los 18,7 millones de euros. Con ese dinero se financia la recogida gratuita de los aceites usados en todos los puntos en los que se produzcan de España, se lleva a almacenes temporales donde se analiza y finalmente se destina a la regeneración o a la valorización energética.
En el caso de España, la apuesta por recuperar el aceite usado es la regeneración, al igual que otros países del sur de Europa como Portugal, Italia o Francia; a diferencia de los estados nórdicos, donde para combatir el frío se apuesta por utilizar este residuo como combustible, lo cual supone menos costes de producción –recuperar un aceite usado para crear nuevas bases de lubricantes es un proceso complejo y caro– pero supone aumentar la contaminación atmosférica.
«Es un residuo que no tiene nombre y apellidos», explica el Director General de SIGAUS, Eduardo de Lecea, en referencia a que una vez puesto en el mercado el aceite es difícil saber a quien corresponden los residuos generados. Por eso es especialmente importante garantizar la recogida gratuita en cualquier punto de España, ya que el valor de este residuo es cambiante y en periodos como el actual de caída de precios del petróleo, la recogida de este residuo no es rentable. «Hay que tener en cuenta que más de la mitad de estos residuos se tienen que recoger a más de 100 kilómetros de distancia», señala el responsable de SIGAUS. Para ello, esta entidad sin ánimo de lucro ha incrementado significativamente su financiación a las empresas gestoras del residuo, con un mecanismo de compensación vinculado a la cotización internacional de los lubricantes, que permite una adaptación continua a las variaciones de precios durante 2016, asegurando así la recogida del residuo.
«Nuestra prioridad es mantener la gestión de todo el aceite usado, y el servicio universal de recogida, al margen del entorno bajista en los precios del petróleo, aunque implique un esfuerzo económico mayor», señaló Eduardo de Lecea.
En 2015 SIGAUS recogió más de 120.700 toneladas de aceites industriales usados, el equivalente a más de 13.000 camiones cisterna de 10.000 litros, y cubrió casi 70.000 puntos de recogida en un total de 4.850 municipios de toda España, gracias a la labor de 136 empresas gestoras autorizadas que trabajan en el marco del Sistema.
En Andalucía, donde se pusieron en el mercado 33.826 toneladas de aceites, se recogieron 17.670 toneladas. Aunque las cifras no coincidan, la recogida del aceite usado sí fue del cien por cien, ya que se estima que de cada litro de aceite que se pone en el mercado se consumen 0,6 litros. De esta cantidad, el 88 por ciento (18 puntos porcentuales más de lo que establece la normativa) se dedicaron a regeneración, mientras que tan sólo un 22 por ciento se dedicó a valorización, lo que sitúa a Andalucía como una de las comunidades líderes en el reciclaje y recuperación de este residuo peligroso.