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El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, en silla de ruedas en juzgados. / Carlos Márquez
La declaración del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, entre 2000 y 2010, ha sido la sorpresa de la jornada de este jueves. “Que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento, esa afirmación ahora no cabe”, aseguró Gómez que solo admitió la existencia de “deficiencias administrativas” en la concesión de ayudas sociolaborales con cargo al fondo de los ERE. Para el ex interventor “ni hubo delito ni menoscabo de fondos públicos”, pero también derivó la responsabilidad hacia sus subordinados, los interventores delegados, que “nunca” le pusieron sobre su mesa una denuncia. “¿Una infracción tan grave por la que a mí me piden seis años de cárcel y que no la haya detectado nadie?”, se preguntó.
El testimonio de Gómez, uno de los 22 ex altos cargos acusados en la rama política de los ERE, es una de las claves de este procedimiento después de que en sus tres declaraciones arremetió contra los dos ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, especialmente después de que estos en su declaración ante el Tribunal Supremo le responsabilizaran del supuesto fraude porque el interventor nunca emitió un informe de actuación advirtiendo de las ilegalidades, lo que hubiera obligado a la toma de medidas. Gómez recordó entonces, y así se repasó en la sala, informes adicionales en los que advirtió de “deficiencias” y que fueron remitidos a la Consejería de Economía, a la de Innovación y a la de Empleo, a esta última “por lealtad institucional”. En su momento, en la comisión de investigación parlamentaria dijo a este respecto: “Si su vecino le advierte a voces por la ventana de que hay llamas en el extractor, ¿usted llamaría a los bomberos para evitar la catástrofe o esperaría a que su vecino le confirmara la noticia por carta?”, interrogó. “Nosotros lo advertirmos y quien tenía que tomar decisiones no las tomó”, añadió.
Ante el tribunal, y durante un extenso interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción que continuará el lunes al suspenderse la declaración por “cansancio” del declarante, ha dicho que “ni hubo delito ni menoscabos de fondos públicos”. Pero ni lo detectó él ni tampoco el resto de interventores de la Junta. Es decir, que ha derivado la responsabilidad a “una docena de interventores técnicos”, pese a que él en su día se indignó con Chaves y Griñan por hacer lo mismo. “Ninguno veo que haya llegado a la conclusión de que aquí hubo un menoscabo. No tuve en mi mesa ninguna denuncia”, señaló, tras recordar que estos técnicos declararán como testigos en el juicio “y así lo van a decir”.
La Fiscalía insistía en sus preguntas y Gómez, que acudió en silla de ruedas porque aún está convaleciente de un accidente en el que se fracturó ambos pies, insistía: “no hay menoscabo”. “Ni lo valoramos como un delito ni como un menoscabo de fondos públicos, que nos habría obligado a realizar otro tipo de actuación, pero ni yo ni una docena de personas más”, insistió.
En este sentido, el ex interventor general corrigió al fiscal, que en sus preguntas insistía en la ilegalidad del sistema de los ERE y de la concesión de “subvenciones”, contestándole que “lo que ha relatado está visto con el tamiz de las subvenciones así directamente y sin anestesia. No son subvenciones y, aunque lo fueran hay una orden del 95 y si lo miras con el tamiz del 95 eso que dice de que se prescindió total y absolutamente del procedimiento no cabe con los ojos de hoy”. La orden a la que hizo referencia es la Orden Ministerial de 1995 sobre ayudas sociolaborales, es decir, a juicio de Gómez lo que la Junta otorgó no fueron subvenciones, que siguen un reglamento diferente, sino este tipo de ayudas que, por tanto, podrían encontrar el amparo legal en esta norma estatal, tal y como ya han expresado otros acusados en su declaración. “Si es o no aplicable la orden del 95 para mí sí. Yo ahora en el juicio hay un matiz muy diferente, había deficiencias administrativas, no digo que no las hubiera”. “Si hay menoscabo un interventor se dirigirá directamente al consejero de Hacienda, sin necesidad de pasar por el interventor general, aunque yo lo haría”, añadió.
En cuanto a las transferencias de financiación, el mecanismo que se utilizó para dotar al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) con fondos de Empleo para pagar las ayudas, dijo que estas “no tienen fiscalización previa, es la regla general y no hay excepción en ningún caso”. Igualmente, sobre el uso de este u otro sistema de financiación Gómez señaló ahora que “no lo considera un tema capital francamente, el hecho de que se decida por un mecanismo u otro”. Eso, pese a que por la mañana reconoció ante el fiscal, que si se hubiera hecho un “uso adecuado” de las mismas “no estaríamos ante este problema”.
A este respecto calificó de “abuso conceptual” el que los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) calificaran en su informe de “fraude” el uso que hacía de las mismas el IFA en su contabilidad. “La Cámara de Cuentas respalda que se produzca esa incoherencia, falta de coincidencias lo llaman ellos que es una expresión más suave”, señaló.
El interrogatorio de Gómez, con el que se supera ya más de la mitad de los acusados, está siendo el más largo por ahora, pues ocupó gran parte de la mañana de este miércoles y toda la sesión de tarde hasta que el mismo, a las 19.30 horas, le pidió al tribunal que suspendiera la declaración porque se encontraba “cansado”, pues “no estoy en una situación normal porque he estado 40 días en cama. No estoy en condiciones de seguir declarando”. El presidente del tribunal accedió, por lo que el fiscal proseguirá con su interrogatorio el lunes.