El exjefe del gabinete jurídico de la Junta desconocía que existía un convenio que regulaba las ayudas

El que fuera jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía entre los años 1982 y 2012 ha asegurado hoy en el juicio por la rama política de los ERE que desconocía el convenio marco firmado en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA, órgano del que era miembro del Consejo Rector, pese a que era el documento que regulaba la concesión de ayudas sociolaborales y en el que se basaban el resto de convenios particulares firmados para cada una de estas subvenciones, que eran revisados por el Consejo Rector. No obstante, ha recordado que cada año el Gabinete recibía «20.000 asuntos nuevos» y que los informes solo se realizaban «a demanda». Por lo que, aunque hubiera sabido que este convenio no les había sido remitido “no tenía competencia” para reclamarlo.

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción Francisco del Río ha admitido que este convenio, que fue firmado por los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández –entonces presidente del IFA y viceconsejero del ramo-, que “debió pasar” por el Gabinete Jurídico de dicha consejería, aunque ha preferido reservase su opinión si el mismo debió publicarse en el BOJA porque, ha dicho, “es algo que debería estudiar detenidamente”. Ambos trámites no se hicieron en su momento, de ahí las preguntas del fiscal.

Del Río ha explicado que pese a ser miembro del Consejo Rector, tras ser nombrado de forma discrecional por el Consejo de Gobierno, no asistió a muchas reuniones, de tal forma que solo tuvo conocimiento de “cuatro o cinco” convenios particulares. El exjefe de los letrados de la Junta ha indicado que no asistió a la reunión en la que Antonio Fernández explicó el convenio marco y ha dicho que tampoco “se lo explicaron” con posterioridad. El fiscal le ha preguntado entonces si no se cuestionó sobre en qué consistía dicho convenio cuando aprobó otros basados en este, a lo que ha respondido que “en los expedientes no se hacía alusión al convenio marco”. Además, ha destacado que nunca se cuestionó que quien otorgarse las ayudas, que luego abonaba el IFA gracias a las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo, fuera la Dirección General de Trabajo porque pensó “que tendría la delegación o una encomienda” para otorgarlas.

En este sentido, ha remarcado que la información que se trasladaba por parte del presidente del IFA al Consejo Rector sobre cada uno de los convenios era “muy suscinta” salvo algunos casos. Además, ha incidido en que su papel en estas reuniones no era la de asesor jurídico, sino que el IFA tenía su propio gabinete. Es más, ha recalcado que el IFA “no podía solicitar informes al Gabinete Jurídico” y que en el caso de que lo hubiera hecho se habría rechazado, así como que “nunca ningún consejero” planteó dudas sobre alguno de estos convenios.

Del Río también ha indicado que “no conocía la partida 31L”, de la que se nutría el fondo de los ERE, “porque no sabía de asignaciones presupuestarias ni denominaciones”. Igualmente, ha indicado que tampoco sabía que el pago de las ayudas sociolaborales se hacía mediante pólizas y que el dinero de las mismas fuera abonado por el IFA directamente a las cuentas de las aseguradoras. Igualmente, “desconocía” que los expedientes no contaban con fiscalización previa.

Asimismo, como jefe del Gabinete Jurídico también asistía a las reuniones de los viceconsejeros previas al Consejo de Gobierno, a las que acudía “con voz, pero sin voto” como asesor jurídico. En estos consejillos ha dicho que era “muy habitual” que se llevaran modificaciones presupuestarias, que eran aprobadas y trasladadas al Consejo de Gobierno sin más documentación que “las hojas de alta y baja y que contaban con el visto bueno de la Intervención como marca la Ley de Hacienda”.»

Del Río también precisó que él no revisaba todos los informes que emitía el Gabinete, pues de hecho, los gabinetes de las Consejerías emitían sus propios documentos sin necesidad de ser revisado, “la responsabilidad técnica era del letrado que lo firma”. Así, a preguntas de su abogado, Enrique del Río, ha incidido en que cada año recibían “más de 20.000 asuntos nuevos”, por lo que era “imposible” que él los revisara y visara todos los informes.

Igualmente, ha añadido que el Gabinete actúa “a demanda”, es decir, que aunque para un determinado expediente sea preceptivo el informe de este órgano, si la entidad en cuestión no les remitía el informe “no podíamos actuar”.

Por otro lado, en la jornada de la mañana de este lunes también ha terminado de declarar el ex director general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, que ha insistido en que este organismo era “un ente instrumental de la Junta” y que simplemente pagaba las ayudas que eran comprometidas por la Dirección General de Trabajo. De hecho, ha recalcado que “nunca” pagaron por adelantado, sino que pagaban con los recursos que les remitía Empleo.

Además, ha destacado que “no había ni un mínimo atisbo de ilegalidad” y que la administración trabaja bajo “la confianza legítima”, es decir, si “un órgano superior tomaba una decisión, se ejecutaba porque se presuponía la legalidad del mismo”.

Por último, el médico forense ha vuelto a revisar al exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha confirmado hoy que este sigue con sus problemas en la garganta, que le impidieron declarar. Así, debido a su afonía la declaración de Fernández se pospondrá otros quince días.