La Fiscalía ha mantenido la petición de cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y ha sumado el de desobediencia para Juana Rivas, la madre granadina que hace un año permaneció un mes en paradero desconocido con sus dos hijos para no entregarlos al padre italiano, al que acusa de malos tratos.
El Ministerio Público ha elevado a definitiva la petición de condena a cinco años de prisión para esta mujer de Maracena tras el juicio celebrado este miércoles en el Juzgado de lo Penal nº1 de Granada, en el que Rivas reiteró que se siente víctima de violencia de género y defendió su inocencia.
El juicio se fijó para el mes de junio pero, se suspendió por la renuncia a la defensa del abogado Juan de Dios Ramírez y se ha retomado con el abogado José Estanislao López. La vista ha servido para recordar que Rivas se trasladó desde Italia hasta Maracena en mayo de 2016, que viajó con sus dos hijos fruto de su relación con el italiano Francesco Arcuri y que fue postergando su vuelta hasta que en agosto de 2017 comunicó a su expareja que no regresaría. Rivas explicó que se instaló en España con los dos menores para evitar regresar a Italia «bajo la tortura» de Arcuri, al que denunció por malos tratos en 2016 en una causa sin resolver, y quien en 2009 aceptó una condena por lesiones.
La Fiscalía ha solicitado cinco años de prisión para esta madre por no entregar a los niños al padre como ordenaba una sentencia firme.
«Soy madre y he venido escapando del maltrato, cómo los voy a entregar», dijo Rivas, que actuó «por la seguridad de sus hijos».
Detalló que creía que estaba amparada por las leyes porque iba recurriendo cada decisión judicial, dijo que entendió que podría tener «represalias» pero no que se enfrentaría a una petición de cárcel y subrayó que lo hacía para defender a sus hijos del maltrato, hasta que el juez le recordó que la vista de no era de un juicio por malos tratos.
Rivas se negó a contestar a las preguntas de la acusación particular y, en respuesta a las de su letrado, explicó que en todo el proceso fue haciendo caso a lo que le decían sus abogados.
El padre de los menores declaró por videoconferencia desde la isla italiana de Carloforte en la que reside con los niños y recordó que al principio, desde mayo de 2016, sí hablaba con los hijos, una relación que se fue debilitando hasta que le impidieron las comunicaciones en noviembre de ese año.
