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El fiscal pide seis años de cárcel para el expresidente de Invercaria por prevaricación y malversación

El juez instructor acuerda la apertura de juicio oral y procesa a Pérez-Sauquillo y cinco personas más por las ayudas de 1,5 millones a Cedes Electria

04 sep 2018 / 20:58 h - Actualizado: 05 sep 2018 / 08:28 h.
  •  El expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo. / Europa Press
    El expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo. / Europa Press

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión para el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo como presunto autor de delito de prevaricación y otro de malversación en el marco de la pieza separada por las ayudas por un montante total de 1.500.000 euros concedidas por la empresa pública de inversión y gestión de capital riesgo a Cedes Electria.

En concreto, los delegados especiales contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que los hechos investigados en esta causa son constitutivos de un delito de prevaricación y de un delito de malversación de caudales públicos, considerando como presuntos autores a Pérez-Sauquillo, Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Consejería de Innovación entre 2002 y 2012, consejera del Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y vocal del Consejo de Administración de Invercaria; y a Bienvenido Martínez Martínez, director de IDEA y consejero de Invercaria.

Igualmente, la Fiscalía considera «inductor» de ambos delitos a José Luis Manzano Seco, presidente y consejero delegado de Cedes Electria y Anitec; Federico Mañero Ruiz, consejero de Cedes y socio y administrador de Openmatelec; y a Enrique García Chelle, consejero y consejero delegado de Cedes, y socio y administrador de Openmatelec.

Para los tres primeros la Fiscalía pide seis años de prisión, inhabilitación especial de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación absoluta por quince años por un delito de malversación; y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación. Mientras, para los otros tres, una pena dos años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por cinco años por el delito de malversación; y seis años de inhabilitación especial para cargo o empleo público por seis años.

Igualmente, considera que los acusados deben indemnizar conjunta y solidariamente a Inverseed SCR en la cantidad de 1.368.954,98 euros por Cedes y 486.813,35 euros por CSI.

En el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se relata que la entidad Cedes se constituyó el 1 de agosto de 2008 para el desarrollo de proyectos energéticos, mes en el que tuvo lugar una reunión entre varios de los investigados «a la que acudió el titular de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo», Francisco Vallejo, y en la que se acordó la inversión de capital público en el proyecto Cedes.

Finalizada la reunión, De Haro contactó con Pérez-Sauquillo para la puesta en marcha «de todo lo necesario» para invertir y ayudar a los promotores de la compañía. El presidente de Invercaria tomó las decisiones de otorgar ayudas consistentes en participación de capital y préstamos participativos, «sin cumplir el trámite interno establecido en el Plan Director de Inversiones» de la empresa pública, «sin más motivación que la orden dada por De Haro».

«Por decisión de su presidente, Invercaria no realizó ningún seguimiento ni control de la inversión». De Haro, por su parte, estableció «como únicos mecanismos semejantes a un control, que personal de IDEA, entre los que se encontraba ella misma, fueran nombrados vocales del Consejo de Administración de Cedes Electria».

La actitud de De Haro y el otro representante --Bienvenido Martínez-- de IDEA fue «pasiva y nada hicieron para evitar los hechos investigados».

El domicilio social y de operaciones de la empresa «ha sido Madrid», sin embargo para parecer un proyecto andaluz, «se establecieron de manera ficticia en la sede de Invercaria (Isla de la Cartuja de Sevilla), primero, y después en la calle Adriano de la capital andaluza, que corresponde a una academia de formación.

Los socios fundadores de Cedes Electria fueron Openmatelec, representada por Enrique García Chelle, de la que también era accionista Federico Mañero; Alianza por la naturaleza, Innovación y Tecnología, representada por José Luis Manzano Seco y constituida en junio de 2008; e Invercaria, representada por Pérez-Sauquillo, que aportó 42.000 euros. Fueron nombrados administradores Manzano, Mañero, De Haro y Bienvenido Martínez.

En diciembre del mismo año, Anitec, Openmatelec, Mañero y una cuarta persona constituyeron Consultora para la Sostenibilidad Integral (CSI), sociedad que en septiembre de 2011 pasará a ser administradora de Cedes. CSI «no desarrolló ninguna actividad y finalmente fue absorbida por Cedes, lo que permitió a Pérez-Sauquillo fraccionar las ayudas e impedir que el monto total necesitara un requisito adicional, la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta», según la Fiscalía.

Igualmente, en su escrito de acusación, el Ministerio Público señala que, además de los 42.000 iniciales, Pérez-Sauquillo concedió en octubre de 2008 un préstamo participativo de 408.000 euros, aprobado por el Consejo de Administración de la empresa pública en julio del año siguiente. Igualmente, el presidente aprobó una inversión adicional de 700.000 euros, aprobada por el Consejo Rector de IDEA de 28 de julio del mismo año.

Antes, el 15 de abril de 2009, Pérez-Sauquillo volvió a conceder otro préstamo participativo, esta vez, a CSI por 400.000 euros, concesión «huérfana de todo procedimiento».

El expediente de Cedes Electria obrante en Invercaria carecía de documentación alguna, pues el plan de negocios aportado por el promotor fue incorporado posteriormente, cuando las inversiones ya estaban efectuadas. «La realidad era que la actividad de Cedes estaba siendo desarrollado a través de las empresas de los propios socios, mediante lo que éstos han mantenido el nivel de actividad de sus empresas, de tal manera que los fondos públicos invertidos en Cedes terminó en aquellos», según la Fiscalía.

El destino de los caudales públicos fue «al pago de servicios, muchos de consultoría del entorno de Manzano, así como al pago de facturas ficticias de Chelle y Mañero; y al pago de proyectos de terceros como el de Electria Wind y Eolincyl».

Cedes, por decisión de su presidente, José Luis Manzano, y la «total pasividad de Isabel de Haro, Pérez-Saquillo y Bienvenido Martínez, siempre ejerció su actividad a través de terceros y se sirvió de las compañías de sus socios».

Según la Fiscalía, el perjuicio total causado al erario andaluz asciende a la cantidad de 1.363.280,90 euros por Cedes y 468.813,35 euros por CSI.

Tras la presentación de los escritos de acusación del Ministerio Fiscal y de larepresentación procesal del PP-A, que pide idénticas penas para los acusados, donde solicitan la apertura de juicio oral, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, en un auto con fecha de 3 de septiembre, acuerda en la apertura del juicio oral y se tiene por formulada el procesamiento contra los seis acusados por un delito de prevaricación y un delito de malversación de caudales públicos.

Igualmente, declara órgano competente para el conocimiento y fallo de la presente causa a la sección de la Audiencia Provincial de Sevilla que por turnocorresponda.

Cabe recordar que el juez ha remitido ya a la Audiencia para su enjuiciamiento diez piezas separadas de la causa que investiga las irregularidades en la sociedad pública de capital riesgo Invercaria por las ayudas concedidas a Fumapa, Juana Martín, Lolita Canalla, Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), Own Spa, Operador Aéreo


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