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Protesta contra la instalación de depósitos de gas en Doñana frente al palacio de San Telmo, sede de la Junta de Andalucía. / Cedida por WWF
El 10 de marzo de 2016 la multinacional petrolera Gas Natural lograba su más ansiado objetivo: una autorización ambiental que le permitía empezar a actuar en su macroproyecto para transportar y almacenar gas en el entorno de Doñana. Antes había logrado, con el apoyo del Gobierno central del Partido Popular, que se le permitiese la artimaña de dividir en cuatro lo que los expertos coinciden en destacar que es un único proyecto. De esa manera lograba eludir los vetos administrativos del Espacio Natural de Doñana y de la Junta de Andalucía. Lograron así tener los permisos necesarios para empezar su almacén de gas en Doñana con su primer proyecto: Marismas Occidental, ubicado fuera de los límites legales de Doñana y por tanto sin posibilidad legal de ser rechazado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Ahora un reciente informe del Instituto Tecnológico Geológico y Minero (ITGM), organismo que paradójicamente depende del Gobierno central, revela que las medidas de Gas Natural para llevar a cabo su proyecto Marismas Occidental son insuficientes y califica como cuestionable la interpretación y valoración de los resultados finales de peligrosidad y riesgo de inundación, erosión y sedimentación. Por si fuera poco, el ITGM recomienda que la documentación sobre riesgo sísmico sea remitida para ser evaluada a la Red Sísmica Nacional del Instituto de Geografía Nacional, dependiente del Ministerio de Fomento, ya que considera que es ese organismo el realmente competente para informar sobre la documentación aportada.
Este nuevo informe ha supuesto ya la puntilla a un proyecto que ha cosechado el rechazo popular más absoluto. La Junta de Andalucía, a través de su consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, apuntaba ya que lo más razonable tras el análisis del ITGM es la paralización del proyecto gasista y que se evalúen de forma conjunta los cuatro proyectos de Gas natural, que según los expertos que ha consultado Ecoperiodismo «no tienen sentido de manera independiente salvo para haber eludido la evaluación ambiental conjunta que Gas Natural sabía que sería negativa».
Ecologistas en Acción se ha sumado también a la petición generalizada a la «paralización total e inmediata» del proyecto Marismas Occidental del almacén de gas Marismas ubicado en el entorno de Doñana. Para Ecologistas en Acción «hay un incumplimiento de los condicionantes exigidos en la resolución de 10 de marzo de 2016 que concedía autorización administrativa al proyecto Marismas Occidental del almacén de gas Marismas, pues según se extrae del citado informe la documentación aportada no responde adecuadamente a lo exigido para la puesta en marcha del almacén».
Ecologistas en Acción considera que el Gobierno central «tiene suficiente y sobrada información para cancelar de inmediato la ejecución de Marismas Occidental, uno de los cuatro proyectos del almacén de gas Marismas». Los permisos administrativos para ejecutarlo, junto a la declaración de utilidad pública, fueron concedidos a Gas Natural Fenosa con determinadas condiciones, mediante resolución de 10 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas del entonces Ministerio de Industria, Energía y Turismo. «A la ausencia de informes relativos a la actividad hidrogeológica, tectónica y sísmica en la comarca de Doñana como una unidad espacial y territorial indivisible, que Ecologistas en Acción viene denunciando desde el inicio de la tramitación del almacén subterráneo de gas Marismas, se suma ahora el reciente informe realizado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) sobre los estudios aportados por la empresa Gas Natural entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017, en respuesta al condicionado de la citada resolución de marzo de 2016 para la puesta en marcha de uno de los proyectos (Marismas Occidental) del almacén Marismas». Dicho informe, explican desde la organización ecologista, sirve como argumento para afirmar que ese condicionado no ha sido cumplido por la empresa que ejecuta el proyecto.
Según se desprende de la lectura del informe del ITGM, al que ha tenido acceso Ecoperiodismo, no existen estudios de los diferentes impactos acumulativos de los cuatro proyectos pertenecientes al almacén subterráneo de gas en la zona de Doñana. Por eso el ITGM advierte de que en los estudios sobre las deformaciones del terreno, aportados por Gas Natural en relación al proyecto Marismas Occidental, «no se cubre adecuadamente la zona geotectónica de la comarca de Doñana que podría verse afectada por las cubetas de depresión del terreno que se pudieran producir, siendo insuficiente la información obtenida».
Respecto al marco legal vigente y los procedimientos abiertos, el informe del IGME recoge la posible alegalidad del proyecto de almacén de Gas Natural en Doñana, según el Real Decreto 638 de 2016 de modificación del reglamento de Dominio Público Hidráulico. En este sentido, Ecologistas en Acción tiene interpuesto en plazo un recurso de alzada contra la resolución de 2016 que concedía los permisos administrativos y declaraba de utilidad pública del proyecto Marismas Occidental del almacén de gas Marismas en Doñana, que está pendiente de resolución en los tribunales. Ecologistas en Acción considera que no había una situación «de necesidad ni urgencia» para declarar de utilidad pública el proyecto de la empresa Gas Natural, «dado que este almacén de Marismas no suponía potenciar el desarrollo industrial y renunciar a él no pone en peligro el suministro energético español, puesto que España posee ya, de facto, el triple de capacidad de almacenamiento respecto al consumo anual de gas».
A escala andaluza, los ecologistas han presentado ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y ante su Delegación de Huelva un escrito en el que solicitan la revisión de oficio de la Autorización Ambiental Unificada que la Junta de Andalucía otorgó al proyecto Marisma Occidental del almacenamiento Marismas, por las causas de nulidad que el propio consejero de Medio Ambiente está esgrimiendo públicamente ante el Gobierno de España.
Mientras, ya se ha hecho público que el Gobierno central del PP subvencionará este año con 6,30 millones de euros a Gas Natural por almacenar gas en el subsuelo de Doñana. La reacción de Ecologistas en Acción ante el reciente anuncio por parte del Gobierno, de que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no se ha hecho esperar. Lola Yllescas, coordinadora de la organización ecologista, ha expresado: «Es inconcebible y aberrante que se subvencione a una empresa por llevar a cabo una actividad que pone en peligro el Espacio Natural».
Esta subvención fue publicada mediante una orden del citado Ministerio el 22 de diciembre (ETU/1283/2017), en la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018. Según el Ministerio, la retribución a Gas Natural ha sido calculada conforme a la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Por último, desde la comunidad científica se ha puesto sobre la mesa que propiciar proyectos de hidrocarburos, basados en el modelo energético que causa el cambio climático, precisamente en un espacio natural muy sensible a este fenómeno devastador supone un total despropósito.
Así las cosas, El proyecto gasístico en Doñana tienen en contra a la Junta de Andalucía, cuyo consejero de Medio Ambiente ha dicho en muchas ocasiones que realizará todas las acciones que estén en manos del Gobierno andaluz para impedirlo. Tampoco cuenta con el apoyo de ninguna alcaldía o asociación ciudadana de la comarca de Doñana. A ello se suma que el Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Pueblo de España han criticado la forma en la que se ha hecho su tramitación y, en particular, su Estudio de Impacto Ambiental. Ha recibido alegaciones, escritos y protestas de las cinco grandes organizaciones ecologistas del Estado: WWF, Greenpeace, SEO, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción.
Pese a todo, a Gas Natural le basta con tener un único aliado para seguir adelante: el Gobierno de Rajoy.