-
María Jesús Montero, consejera de Hacienda y Adminstración Pública, durante su rueda de prensa. / José Manuel Vidal (Efe)
La Junta de Andalucía busca una base legal para impugnar los Presupuestos Generales del Estado para 2017. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, compareció ayer en rueda de prensa para argumentar esta iniciativa y planteó que las cuentas incumplen la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía. El texto normativo andaluz recoge que «el gasto de inversión del Estado con destino a Andalucía deberá garantizar de forma efectiva el equilibrio territorial, en los términos del artículo 138.1 y 2 de la Constitución y que la inversión destinada a Andalucía será equivalente al peso de la población andaluza sobre el conjunto del Estado para un período de siete años».
Esos siete años limitarían la vigencia de dicha disposición hasta las cuentas del año 2015. Fuentes de la consejería de Hacienda matizaron las palabras de Montero y aseguraron que la consejería «van a estudiar todos los aspectos que sean recurribles de los Presupuestos, que no necesariamente tienen que estar vinculados al Estatuto de Autonomía.
La consejera abundó en este asunto y planteó que la comunidad «recibe un 13,5 por ciento de la inversión del Estado «muy por debajo del peso poblacional del 18 por ciento, de manera que el Gobierno vuelve a incumplir la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía, incumple la ley de manera flagrante».
No es la primera vez que la Junta de Andalucía usa el argumento de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto para advertir de una posible impugnación de los presupuestos. El consejero andaluz de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ya denunció en septiembre de 2014 que los presupuestos del Estado de 2015 «incumplían» el Estatuto de Autonomía y avanzó que si no había respuestas a las reivindicaciones la Junta tendría que acudir a los tribunales. Fue un amago, pues finalmente la impugnación no se llevó a cabo. También planteó lo mismo José Antonio Griñán sobre los presupuestos de 2013, cuando era presidente de la Junta de Andalucía en 2012, pero tampoco se concretó esa batalla judicial entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía.
El enfrentamiento entre ambos ejecutivos a cuenta de la Disposición Adicional Tercera se remonta ya a varios años. En 2013, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos envió una carta al entonces consejero de Economía, Antonio Ávila, en la equiparaba el planteamiento de la Disposición Tercera del Estatuto de Autonomía Andaluz a la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en junio de 2010 respecto al Estatut de Cataluña.
«Las Comunidades Autónomas no pueden pretender construir en sus Estatutos un sistema de financiación adicional que se distribuya territorialmente según el criterio o variable que sea más favorable en cada momento a los intereses de cada Comunidad. Debe, pues, interpretarse en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena libertad de la Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones», argumentaba el ministerio de Cristóbal Montoro en su carta.
«Si hubiera cumplido con la Disposición Tercera deberían haber llegado 1.547 millones», apuntó la consejera. Montero precisó que la inversión por habitante en Andalucía es de 137,7 euros, lo que supone «un 74,6 por ciento de la media nacional» y «tres veces menos que otras regiones», de forma que «se vuelve a castigar a Andalucía con estas cuentas insuficientes».
Agregó que al «incumplimiento» del Estatuto que se prevé para 2017 «se suma el hecho de que el Gobierno no incorpora en sus cuentas los 2.298 millones de euros pendientes de la Disposición Adicional Tercera del período 2008-2014».
Lamentó que las cuentas de 2017 «no contemplan ningún plan de empleo extraordinario para Andalucía y se registra un déficit para dependencia de 250 millones anuales, de forma que insiste en que estas cuentas «penalizan a Andalucía, especialmente a trabajadores y clase media. Consideró que estos presupuestos «agravan las limitaciones a la convergencia de las regiones que traen las políticas austericidas».
«El Gobierno sólo le importan cumplir el objetivo de déficit ante las advertencias preocupantes de Bruselas, no le importa la gente», dijo la consejera, quien duda de que estas cuentas garanticen y sirvan para el cumplimiento del déficit.