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El Gobierno templa a la Junta con su plan para aplicar las 35 horas en 2018

El Ejecutivo andaluz espera que se llegue a un pacto para evitar la suspensión cautelar de la norma

17 jul 2017 / 18:44 h - Actualizado: 17 jul 2017 / 22:23 h.
  • El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ayer en Madrid. / Emilio Naranjo (Efe)
    El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ayer en Madrid. / Emilio Naranjo (Efe)

El nuevo frente entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central a cuenta del recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) de la normativa andaluza sobre la jornada laboral de 35 horas semanales de los empleados públicos se convirtió en una de esas batallas de la I Guerra Mundial sembradas de trincheras. Ambas administraciones se parapetaron en sus posiciones, a la vez que llamaban al diálogo. Ayer la situación empezó a moverse en busca de una solución. El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, afirmó que estudiará en 2018 implantar la jornada de 35 horas en el sector público y explicó que se hará por sectores para ver «dónde se puede aplicar y dónde no». Esta propuesta fue la defendida horas antes por la consejera de Hacienda y Administración Pública andaluza, María Jesús Montero, y por el sindicato CSIF.

En esta línea de concordia, el vicepresidente de la Junta Manuel Jiménez Barrios, desveló que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, dijo, en el seno de la Comisión de seguimiento de la Conferencia de Presidentes, que «intentará evitar la conflictividad».

La primera consecuencia del recurso del Ejecutivo de Rajoy era la posible suspensión cautelar de la medida. Su adopción, mientras el TC dicta sentencia, es potestad del Gobierno y supondría poner en peligro la firma de nuevos contratos. Y es que el recurso contra la reducción de la jornada semanal de 35 horas para los funcionarios andaluces va acompañado de otro contra la Ley del Presupuesto autonómico para 2017 que habilita, en aplicación de la medida, la contratación de personal para reforzar la plantilla cuando sea necesario. La Junta espera que con este anuncio del Gobierno no se concrete la suspensión y se abra una nueva vía de diálogo durante lo que queda de 2017.

En Educación, el decreto se concretaba para el próximo curso escolar en la reducción de horas lectivas de 20 a 19, por tanto sería en septiembre cuando comenzarían las contrataciones. La Junta cifra en 2.400 los empleos que podrían crearse en el sector gracias a la rebaja de la jornada laboral.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía y el PSOE-A lanzaron ayer mensajes para que el Gobierno no suspenda cautelarmente el decreto mientras no hay dictamen del TC. El secretario de Organización de los socialistas andaluces, Juan Cornejo, «pidió diálogo hasta el último minuto para que no se aplique la suspensión». Cornejo defendió que son las Comunidades Autónomas las que tienen competencias sobre la jornada laboral según se recoge en el Estatuto Básico de los Empleados Públicos.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, afirmó que no existe «ningún país de Europa de nuestro entorno» donde los funcionarios trabajen 35 horas. El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, reprochó a la Junta de Andalucía haya usado a los trabajadores como «arma electoral» buscando la «confrontación» en vez de dialogar con el Gobierno central. «La Junta ha preferido no trabajar por buscar el acuerdo cuando se podían haber evitado polémicas. No es una decisión contra Andalucía sino a favor de la igualdad».

Por su parte, la secretaria general del PP-A, Loles López, aseguró que los populares andaluces están a favor de la igualdad y de la jornada laboral de 35 horas, «pero cumpliendo la ley y a favor del diálogo», de manera que explicó que los populares de lo que están en contra es «de la bronca» que, a su juicio, busca la jefa del Ejecutivo andaluz.


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