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Un agente de la UCO traslada documentación durante una de las fases de investigación del caso ERE. / Efe
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha elevado un escrito a la jueza María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los ERE fraudulentos, en el que reconoce que no realizó ningún concurso público para las ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas desde el año 2001 hasta 2011, que se otorgaron por el régimen de «concesión directa».
En un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, el director general de Empleo, Javier Thibault Aranda, responde así al requerimiento que le realizó la magistrada el pasado mes de julio para que aportara una relación de dichas ayudas concedidas entre 2001 y 2011, que es el periodo investigado en los ERE.
La jueza requirió además al Ministerio que indicara en cuáles de estas ayudas extraordinarias para prejubilaciones «se realizó concurso público», con aportación de la documentación que acredite la celebración de esos concursos públicos «caso de haberse llevado a cabo».
La jueza reclamó esta documentación al Gobierno tras la petición realizada a tal efecto por la defensa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín en el marco de la pieza separada por las ayudas sociolaborales por valor de más de 40 millones concedidas durante la crisis de la minería de la Faja Pirítica de Huelva, donde están siendo investigadas 25 personas, entre ellas dos ex altos cargos que formaban parte del Gobierno de José María Aznar en 2003 y los ex secretarios generales de UGT-A, Manuel Pastrana, y de CCOO-A, Francisco Carbonero.
La defensa de Antonio Albarracín realizó esta petición alegando que «la necesidad de práctica de la prueba deriva del hecho de que hasta el momento, cuando se han cumplido más de cinco años de instrucción, se ha dado por bueno entre otros por los peritos de la Dirección General de Seguros que en todas las ayudas de la Administración para prejubilaciones se utilizaba la convocatoria de concursos públicos». Y eso, según el letrado, «como se pone de manifiesto en el procedimiento, no ha sido así, al menos respecto de las 15 ayudas extraordinarias concedidas para la minería de Huelva, en donde no consta concurso público alguno».
El director general de Empleo, en este informe fechado el 18 de septiembre y consultado por Europa Press, señala que, «a la vista de los motivos alegados y de la documentación acreditativa aportada, la Dirección General de Trabajo resolvía directamente sobre la concesión de las ayudas, condicionada a la disponibilidad presupuestaria existente».
De este modo, Thibault informa a la juez de que la concesión de ayudas extraordinarias entre 2001 y 2011 se realizó en los supuestos y condiciones que se establecen en la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, cuyo artículo tercero «establecía que las ayudas podían ser solicitadas conjuntamente por la empresa y los representantes de los trabajadores, o directamente por éstos últimos, acompañando una memoria explicativa en la que constasen los motivos por los que se solicitaba, la cobertura solicitada y el coste económico individualizado».