El juez de Menores de Granada Emilio Calatayud, conocido por su sentencias ejemplarizantes, ha defendido la prohibición del uso de los teléfonos móviles en los centros escolares como una de las formas de combatir el acoso.
El magistrado se ha referido de esta forma al protocolo específico de actuación ante supuestos casos de ciberacoso en los colegios e institutos andaluces elaborado por la Junta, que da potestad a maestros y profesores para requisar teléfonos móviles ante la sospecha de que pueda estar dándose un caso de acoso.
En este sentido, ha considerado que no se está haciendo lo suficiente y que la Junta de Andalucía, como administración educativa, no da unas normas absolutamente claras al respecto.
Por ello, se ha mostrado partidario de prohibir el uso de los móviles en los centros escolares y ha calificado como «una barbaridad» que algunos profesores se amparen en que se usan algunas aplicaciones para impartir ciertas asignaturas.
Según Calatayud, si los centros están dotados de ordenadores y tabletas deben usarse esos dispositivos para impartir las materias en los que sean necesarios, pero los móviles deben estar vetados.
De esa forma, ha añadido, en caso de canalizarse algún tipo de acoso a través de esos terminales los centros escolares no tendrían responsabilidad en este ámbito.
«Si están prohibidos los móviles la responsabilidad sería del chaval y de sus padres, pero no veo que exista una orden clara de Educación de la Junta limitando su uso», ha sentenciado.
Preguntado sobre si el hecho de requisar los móviles puede suponer una intromisión en la intimidad, ha señalado que habría que evitar esa «inseguridad» que se crea al profesor, teniendo en cuenta que ese tipo de terminales son actualmente mucho más que una agenda y cuentan con mensajes, fotos, vídeos y direcciones.
En cambio, se ha mostrado a favor de que los padres sí «violen» esa intimidad de sus hijos y accedan al contenido de sus teléfonos móviles, especialmente con los menores de 14 años, que también pueden estar involucrados en acoso y sobre los que legalmente no interviene la justicia.
«Hay que apretarle más a los padres, darle el derecho de corrección a los hijos y reforzar su autoridad junto a la del maestro», ha dicho el juez, que apuesta por la función educativa y que cree que la justicia debe ser el último paso cuando el todo el sistema ya haya fracasado.
