El juez somete a ‘un tercer grado’ al exconsejero Fernández

Nadie se esperaba este final. Al fin terminaba el interrogatorio del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, ha tomado la palabra para plantear una serie de cuestiones al acusado. Hasta ahí todo normal, lo que nadie se esperaba es que acabaría convirtiéndose en prácticamente un tercer grado más propio de la instrucción de la jueza Mercedes Alaya, cuyo espíritu parece que hubiera conseguido meterse hoy en la sala. El magistrado intentaba aclarar por qué motivo Fernández no ratificó la declaración ante ella. La respuesta generalizada de porque «la transcripción no recoge lo que quise decir» hizo que el magistrado haya comenzado a reformular las preguntas de la «incansable instructora» y se ha entrado en un bucle que ha provocado auténticos momentos de tensión no solo entre el presidente del tribunal, sino también entre este y el abogado de Fernández al que ha pedido que no le «interrumpa más».

Las caras en la sala evidenciaban que algo fuera de lo común estaba pasando. Por un lado, las acusaciones satisfechas, principalmente el PP que fue el que de hecho solicitó la semana pasada que se leyera la declaración de Fernández ante Alaya por haber incurrido «en numerosas contradicciones». Frente a ellos, las caras de las defensas no eran las mismas. Miradas, gestos, como el que el abogado del expresidente José Antonio Griñán, José María Mohedano, hacía a su cliente con el móvil para que mirara su teléfono y leyera un mensaje que le había mandado. Ambos, estuvieron unos minutos hablando por esta vía.

El propio abogado de Fernández, Alfoso Martínez del Hoyo, intervino en tres ocasiones tras permitir durante un tiempo más que prudencial la insólita escena. El abogado quiso trasladar su «respetuosa protesta» debido «al cansancio evidente» de Fernández que a su juicio «no le permitía entender el plano lógico desde el que el magistrado le estaba formulando las preguntas». La protesta fue rechazada, pero Martínez del Hoyo ante esta situación intervino una segunda ocasión para pedir una «reunión privada» con su cliente y explicarle la intencionalidad de estas preguntas que él no estaba captando y que estaban generando cada vez más el enfado del juez. Con un «ya se lo he explicado y si es necesario se lo vuelvo a explicar» solventó esta segunda intervención del letrado, que no cejó y volvió a intevenir. «Ahora estoy preguntando yo y no me interrumpa», sentenció. Solo la maltrecha garganta de Fernández pudo sacarle de esta incómoda situación, aunque él asegura que no lo ha vivido así, cuando le ha trasladado al tribunal que «cuando la garganta me funciona, me funciona más la cabeza». Ahí es cuando se ha dado por finalizada la sesión, bien pasadas ya las 14.30 horas, para continuar este miércoles, día de doble sesión.

Calle Peña planteó a Fernández cuál era el motivo por el que no ratificó su declaración de Alaya y este le respondió que, aunque la firmó, está basada «en hipótesis» pues así era como le planteaba la magistrada las preguntas que ha dicho, «estaban repletas de subordinadas». El juez le preguntó entonces cuáles eran esas cuestiones con las que no estaba de acuerdo, pero Fernández era incapaz de hacer un relato pormenorizado debido al tiempo pasado y a lo extensa de esa declaración. El magistrado le ha recordado entonces que en sala se ha leído dicho interrogatorio, a lo que Fernández contestó que «ha sido un fallo, pero no he tomado nota». El presidente ha ido entonces a la carga y ha comenzado a lanzar preguntas de la magistrada y las respuestas que el extitular de Empleo dio entonces. «¿La ratifica?». «No». «¿Por qué?». «Porque no recoge lo que quería decir». «¿Y qué quería decir?». «Porque no recuerdo que quería decir en ese momento». «No le estoy pidiendo que recuerde, diga por qué no lo ratifica». Es solo un ejemplo de los muchos momentos de tensión que se han vivido, y de los que parecía imposible salir.

Finalmente, Fernández ha ratificado algunas de sus respuestas de forma íntegra, otras las ha matizado y otras ha cambiado radicalmente el sentido de su respuesta. Es el caso de lo que señaló sobre el conocimiento que el expresidente Manuel Chaves tenía sobre el convenio marco de 2001 en el que se aparaban las ayudas sociolaborales de los ERE, ha indicado ahora: «todo lo que dije que el presidente debía conocer, yo no lo puedo ratificar, porque yo no puedo saber qué fue lo que le contó el señor Viera», pues en ese momento Fernández era viceconsejero de Empleo y José Antonio Viera consejero del ramo. Lo mismo dijo sobre el conocimiento que el Consejo de Gobierno podía tener sobre el asunto, pues «no puedo saber qué informó el señor Viera al Consejo de Gobierno».

Sin embargo, el mayor golpe de efecto del magistrado, que ha asestado un duro golpe al minucioso interrogatorio de la defensa, ha sido con la normativa y la reglamentación de las ayudas. Fernández, le recuerda el juez, dijo ante Alaya que no había reglamento. Este ha intentado precisar que se refería a los requistos de acceso a las ayudas, y ha insistido en que las ayudas estaban reguladas por el convenio marco de 2001 y la orden ministerial de 1995 por la que el Ministerio de Trabajo otorgaba ayudas similares a las de la Junta. «Es una contradicción», ha asegurado el magistrado, para quien «la orden de 1995 estipula una serie de requisitos totalmente distintos a los que se refiere el convenio». Por ello, le ha preguntado a Fernández si cree que «no hay incompatibilidad entre la orden y el convenio». «No la hay», ha contestado.

Las preguntas del juez seguirán en la sesión de este miércoles, con lo que el interrogatorio a Griñán previsto inicialmente para mañana se demorará de nuevo, a lo largo de la mañana o, incluso la tarde.