La HH del PSOE nada tiene que ver con el atajo que se usó durante años para referenciar al entrenador de fútbol Helenio Herrera. En este caso, los socialistas han tomado la misma vereda para definir a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, «honrados y honestos» ex presidentes de la Junta de Andalucía. La volvió a usar ayer mismo el secretario de Organización de la federación andaluza, Juan Cornejo, a menos de 48 horas de que ambos dirigentes se sienten en el banquillo de los acusados en el juicio del caso ERE.
Desde que se conoció la imputación de los antecesores de Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía, la presidenta se ha visto obligada a marcar un cordón sanitario ante dos de las personas que la vieron gatear en política. «Cualquier persona que resulte imputada por el Tribunal Supremo o por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) va a tener que dejar el escaño», con esas declaraciones en noviembre de 2014, Díaz empezó a marcar distancias, algo que soliviantó a algunos compañeros de quinta de Chaves y Griñán, incluido Felipe González.
La secretaria regional de los socialistas andaluces sólo se saltó la cuarentena el pasado mes de julio en la inauguración del congreso del PSOE-A, donde sí contó con la presencia de los dos expresidentes. Los actos conmemorativos del reciente 4D han vuelto al habitual confinamiento.
Uno de los grandes objetivos que se marcó Susana Díaz cuando tomó posesión de la presidencia de la Junta fue abrir un tiempo nuevo, libre de corrupción. Su mismo esfuerzo es el que ha empleado el PP-A en no cortar el cordón umbilical que une el modus operandi del Gobierno y el PSOE andaluz desde Manuel Chaves hasta la mismísima Díaz. Los populares usaron ayer el reciente caso Durán (el contrato adjudicado por el presidente del Parlamento a una empresa en la que está empleado su sobrino) para argumentar que esa forma de gestionar no se ha extinguido; «Susana Díaz mantiene muy viva la política del compadreo; una red clientelar con subvenciones a dedo y expedientes en post-it», aseguró la secretaria general del PP-A, Loles López. El proceso dirime a estas dos fuerzas que van a colisionar, una con la intención de salir indemne y la otra erosionar a la presidenta.
Desde el PSOE-A se reprocha a los populares su enconamiento por vincular el caso ERE con prácticas generalizadas en el socialismo andaluz: «a lo largo de los años no han podido sacar ninguna relación del caso con el PSOE-A porque, sencillamente, no existe».
El comienzo del juicio ha llenado la canana de la oposición en Andalucía. Podemos también descargó toda su munición para tratar de vincular a Díaz con las irregularidades que ahora se juzgan, «Andalucía merece otra cosa pero el Gobierno autonómico que preside Díaz, en lugar de colaborar, sigue con su política de perpetuar los recortes sociales», apuntó la portavoz de la Ejecutiva de Podemos, Noelia Vera. El secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina afeó una «política de amiguetes en el PSOE-A y en la Junta que acaba engordando el modus operandi que da lugar a fraudes y casos de corrupción». Desde IU se considera el caso ERE «la máxima expresión de la política clientelar y subsidiaria del PSOE».