Es bastante probable que si se hubieran aplicado las propuestas que recoge el Pacto de Estado contra la violencia de género Juana Rivas no hubiese tenido que verse obligada a no presentarse en el punto de entrega de sus hijos (de once y tres años) a su padre, condenado en 2009 por maltrato. El acuerdo que alcanzaron los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados esta semana llega tarde para ella. Una de las reformas judiciales que recoge el acuerdo es la de legislar de forma más imperativa para obligar a los jueces a suspender el régimen de visitas en los casos de violencia de género. La necesidad de este pacto estaba encima de la mesa desde 2015, pero los partidos políticos no han sido capaces hasta este mes de ponerse de acuerdo para promover su puesta en marcha.
Juana Rivas no se presentó en el punto de encuentro de Maracena (Granada) en el que debía entregar a sus dos hijos al padre por orden de un juzgado. Su abogada, María Castillo, aseguró que desconocía su paradero y cuál será su actuación a partir de ahora. La letrada admitió que Rivas habría incumplido por tanto el requerimiento judicial, si bien insistió en que desconoce la posible «causa mayor». Anunció que presentará un escrito para lograr la suspensión de la ejecución de la orden judicial y que llevará el caso ante el Tribunal Constitucional, al que solicitarán amparo.
Fuentes policiales confirmaron que no consiguieron contactar con Juana Rivas y que, al corresponder a la Guardia Civil la demarcación de Maracena, será el instituto armado a quien corresponda intervenir a partir de ahora en este caso, salvo que la juez determine algún otro tipo de actuación.
El padre de los menores, desplazado desde Italia hasta el punto en el que debían entregarle a sus hijos y que denunció la sustracción de los niños, lo abandonó veinte minutos después de la hora fijada al no haberse presentado allí la madre. El abogado Adolfo Alonso, que representa a la expareja de Juana Rivas, señaló que estudia la posibilidad de emprender acciones penales. A su juicio, el asunto «no admite versiones», después de que haya sido juzgado con «todas las garantías para la madre».
Igualmente garantizó que su cliente es «un buen padre» y que la sentencia de 2009 del Juzgado de lo Penal 2 de Granada que le condenó por un delito de lesiones en el ámbito familiar se produjo después de que «él se conformara con la pena porque no se le estaba dejando ver a un hijo». Así, rechazó que el asunto se haya desplazado hacia un posible caso de violencia de género cuando lo que «se ha producido es un secuestro» de los niños, que fueron trasladados a España.
Juana volvió a darle «una oportunidad» y retomaron la relación en Italia hasta que regresó con los hijos a España y, en julio de 2016, lo acusó de malos tratos a través de una denuncia pendiente de ser tramitada ante la justicia italiana.
La Fiscalía ha mantenido que debía cumplirse la decisión judicial acordada porque se había producido una sustracción de los dos menores «no autorizada», y porque cualquier decisión sobre la potestad de los niños debe ser adoptada por los tribunales de Italia, país competente por ser el de residencia de los menores. Según la asesora jurídica del centro de la mujer de Maracena, se trata de un caso de violencia de género, denunciado hace ahora un año por Juana Rivas, en el que los dos hijos también deben ser considerados víctimas y a los que se podría generar un «daño irremediable» en caso de ser devueltos a Italia con su padre.
Hace dos años se aprobó un cambio legal por el que los hijos de las maltratadas pasaban a considerarse víctimas directas de la violencia machista. La reforma obliga a los jueces a pronunciarse preventivamente ante denuncias de malos tratos sobre la potestad, custodia y visitas de los hijos que viven en hogares con violencia.
La Junta de Andalucía reclama un paso más. Pide que se suspenda el régimen de visitas a los padres denunciados por maltrato, haya o no condena firme en su contra. Para ello deberían bastar informes policiales, médicos u otras pruebas acreditadas por los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia machista.