Hace 25 años, el 17 de Abril de 1991, por primera vez se pedía públicamente, a través de una rueda de prensa de los colectivos ecologistas, que la Sierra de Córdoba se declarase Parque Natural. El motivo entonces era, como recuerda Bartolomé Olivares, miembro de Acción Ecologista Guadalquivir, «el anuncio por parte del Ayuntamiento de Córdoba de la firma de un convenio con la empresa nipona Hoyo Europa».
En efecto, un mes antes los ecologistas habían tenido conocimiento de que el entonces alcalde de Córdoba, Herminio Trigo, había viajado a Japón donde firmó un convenio para desarrollar un macroproyecto «que incluso se presentó en campaña electoral como una propuesta de desarrollo económico de alto nivel para nuestra ciudad», recalcó este veterano ecologista.
Como en todos los macroproyectos, la inversión era capaz de marear a cualquiera: 6.500 millones de las antiguas pesetas, más de 39 millones de euros actuales. Se trataba de construir un gigantesco campo de golf, una escuela de informática, un hotel de cuatro estrellas, un hogar de la tercera edad, un puerto deportivo fluvial... Lo único que tenía que hacer el Ayuntamiento era modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
La burbuja especulativa, por suerte para este espacio natural que se pretendía ocupar, reventó pronto. En octubre de 1992, la empresa Hoyo Europa fue denunciada por estafa por muchos de sus accionistas y el proyecto se transformó en humo.
Tras la denuncia de los ecologistas contra el macropoyecto nipón, el entonces concejal en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio del Moral, presentó la propuesta de crear el Parque Natural Sierra de Córdoba en el pleno y se aprobó por unanimidad. Sorprendentemente el acuerdo plenario nunca llegó a la Junta de Andalucía.
Un mes después los ecologistas se interesaron por el tramite en la por entonces Agencia de Medio Ambiente (todavía no se había creado la Consejería del mismo nombre) «que confesó no haberla recibido pues el Ayuntamiento nunca llegó a reunir la comisión para abordarla ni la tramitó a la Junta de Andalucía», recuerda Bartolomé Olivares, que insiste en que «hoy, igual que ayer, volvemos a alzar la voz para pedir que se haga realidad la protección de este espacio y las razones son las mismas que hace 25 años».
En principio, no hay razones objetivas que desmerezcan a este ecosistema para ser Parque Natural, ya que se trata de un ecosistema de bosque mediterráneo que uniría toda la franja norte de Andalucía donde Sierra Morena está ya protegida, desde Huelva a Jaén.
El de la Sierra Morena de Córdoba es un salto inexplicable que rompe la unión de los parques naturales Aracena y Picos de Aroche (Huelva), Sierra Norte de Sevilla y Hornachuelos (Córdoba), con Cardeña-Montoro (Córdoba) y Sierra de Andújar (Jaén). «No hay razón para que la Sierra de Córdoba se quede atrás, aislada y desconectada desde el punto de vista de la protección ambiental, sin Parque Natural», explica el abogado ambientalista Ángel Gómez Puerto, uno de los promotores de la plataforma ciudadana.
«La declaración del Parque Natural para nuestra sierra generaría indudables beneficios y oportunidades para un nuevo modelo de desarrollo económico: conexión patrimonio cultural-patrimonio natural de Córdoba, creación de empleo, educación medioambiental, promoción de los productos propios como la agricultura y la ganadería de la Sierra, mayores garantías de protección de la Sierra o una prevención mayor para evitar incendios», asegura Gómez Puerto.
Según este experto en derecho ambiental, «la declaración del Parque Natural tendría también consecuencias positivas en materia de ordenación y límites que supondrían sus principales instrumentos jurídicos de desarrollo: el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión», explica. Añade que «en función del inventario previo de valores ambientales de la Sierra que habría que elaborar y la delimitación de las zonas con mayor o menor protección, se establecerían las medidas de ordenación y límites de uso correspondientes en materia de mantenimiento adecuado y no impactante de las construcciones (viviendas), visitas al espacio natural, presencia de vehículos a motor, actividades cinegéticas, aprovechamientos ganaderos o actividades agrícolas, acampadas o zonas de baño. No se trata de prohibir, sino de ordenar la presencia humana en el espacio natural. Y todo ello gestionado por una Junta Rectora con amplia participación de colectivos sociales y ciudadanos».
«Es momento de su protección jurídica al más alto nivel y de su puesta en valor como espacio para la educación en valores medioambientales y del bien común», sentencia Ángel Gómez Puerto, que aspira a que la demanda de la plataforma se debata en el Parlamento de Andalucía, «para que quede completo de una vez ese valioso corredor ecológico y que Córdoba deje de ser una isla sin protección medioambiental».
El nuevo espacio protegido, según sus defensores, no debería limitarse tan solo al término municipal de Córdoba sino que debería abarcar otros municipios como Obejo, Villaviciosa o Villafranca.
