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Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, junto a la consejera Andaluza, María Jesús Montero. / Efe
El PP-A movió ficha ayer para tratar de desatascar el embrollo jurídico-político generado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central a cuenta de la normativa de la reducción a 35 horas de la jornada semanal de los empleados públicos andaluces. El presidente regional del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, confirmó que ha sugerido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que el Gobierno no pida al Tribunal Constitucional (TC) la suspensión cautelar de la norma, que entró en vigor el pasado 16 de enero. «Si se puede evitar que se evite», planteó el líder del PP-A, si bien advirtió de las posibles trabas jurídicas que podría suponer el paso atrás del Ejecutivo. «Hay que recibir con alborozo y alegría que el señor Moreno Bonilla quiera ir a Madrid con la presidenta de la Junta a hacer algún tipo de reivindicación», reconoció el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco.
Con este paso atrás, Andalucía conseguiría que el Gobierno cambie su estrategia respecto a como actuó con las iniciativas idénticas en Castilla La Mancha y País Vasco en las que sí solicitó al TC dejarlas sin efecto hasta que hubiese un dictamen. El anuncio del Ejecutivo central el lunes de plantear la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios en los presupuestos de 2018, descongeló la confrontación.
Pese a que Junta de Andalucía y PP-A parecen haber sintonizado en cuanto a la inconveniencia de la suspensión cautelar, los reproches entre unos y otros no han cesado en las últimas horas. Moreno Bonilla reiteró ayer que su formación no está en contra de la reducción de la jornada de 37,5 horas a 35 «en determinados sectores», pero criticó las formas en las que fue abordada por el Gobierno andaluz. «Susana Díaz era plenamente consciente de que no tenía las competencias para plantear este decreto, pero prefiere la confrontación al diálogo». El PP-A considera que la presidenta de la Junta «pasó la calculadora electoral y prefirió una buena bronca que un buen acuerdo, porque cree que la bronca le puede generar rédito electoral. Sigue con la mentalidad antigua que tenía el expresidente de la Junta Manuel Chaves de confrontar con el Gobierno de España para intentar arañar votos»
Mientras, desde el Ejecutivo andaluz se subrayó las contradicciones en las que ha incurrido el PP después de las declaraciones el lunes del ministro de Economía, Luis de Guindos en las que recalcó que «no hay ningún país de Europa de nuestro entorno donde los funcionarios trabajen 35 horas» y la posterior intención del Gobierno de estudiar la aplicación de la medida en 2018 «en determinados sectores».
Desde la Junta de Andalucía se insistió al Gobierno central para que no solicite la suspensión cautelar, hecho que provocaría «enorme incertidumbre entre miles de andaluces». Además, del recurso contra la reducción de la jornada laboral de 37,5 a 35 horas, hay otro contra la Ley del Presupuesto autonómico para 2017 que habilita, en aplicación de la medida, la contratación de personal para reforzar la plantilla cuando sea necesario. Fuentes del Gobierno andaluz aseguraron ayer que dejar sin efecto esa ley podría tener efectos sobre los contratos ya firmados en virtud de esta norma. Todavía no se han hecho contratos en Educación para reforzar el nuevo curso escolar (se firmarán en septiembre), pero sí se han firmado para en Sanidad.
El Gobierno central apuró el plazo de nueve meses para presentar el recurso después de que las dos reuniones de la comisión bilateral con la Junta de Andalucía no consiguiera consensuar un acuerdo.