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José Antonio Griñán, durante su declaración la pasada semana. / Raúl Caro (Efe)
El PP-A, que ejerce la acusación popular en el juicio de la pieza política de los ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, ha pedido al tribunal que «investigue si la Junta [de Andalucía] falseó un documento aportado» por la defensa del expresidente José Antonio Griñán. Se trata del documento de una modificación presupuestaria para aumentar la partida destinada a las ayudas sociolaborales investigadas aprobada el 28 de diciembre de 2004 por el Consejo de Gobierno, siendo entonces Griñán consejero de Hacienda y como tal quien firma la elevación de dicha modificación a la reunión.
Cuando el fiscal le preguntó por este asunto durante su interrogatorio el pasado miércoles, Griñán ya le rebatió que el documento que le estaba mostrando no era el que él firmó. Alegó que faltaban los vistos buenos a esa modificación presupuestaria del director general de Presupuestos, del Jefe de Servicio de Presupuestos de Actividades Sociales y del Interventor previo informe favorable, sin los cuales nunca elevaba las propuestas de modificación presupuestaria al Consejo de Gobierno.
En el turno de su abogado defensor, José María Mohedano, este explicó que había solicitado a la Junta copia compulsada del documento completo al haber detectado que el que obraba en la causa no estaba completo y lo había remitido al tribunal, exhibiéndose el nuevo en la sala. Los letrados del PP ya se opusieron entonces a la admisión «extemporánea» de una nueva prueba documental cuya veracidad no consideraban acreditada y constatada, pero el juez, Juan Antonio Calle, la admitió al considerar que no se trata de una nueva prueba sino de la subsanación de un documento obrante en la causa (el fiscal no se opuso).
Ahora el PP considera que el documento aportado por la defensa de Griñán «contiene incongruencias respecto al que ya obra en la causa, lo que podría ser producto de un presunto falseamiento», tales como que «lleva una fecha y un sello distinto a la prueba original que la Junta de Andalucía remitió en su día para la causa de los ERE».
Por ello, solicita al magistrado que preside el tribunal del juicio de los ERE, Juan Antonio Calle, que «deduzca testimonio» de dichos documentos y los obrantes en la causa «para su remisión al Juzgado de Instrucción por si los hechos fuesen constitutivos de delito de falsedad documental o, incluso, de estafa, en la modalidad de fraude procesal».
Por su parte, el tribunal del caso ERE ha eximido a los acusados, una vez que ayer terminaron de declarar, de asistir a las sesiones en las que durante los próximos meses comparecerán casi 150 testigos y una docena de peritos. Las defensas de los acusados han solicitado esta dispensa para sus clientes alegando que no afecta a los derechos de ninguna de las partes. Ni la Fiscalía ni la acusación popular de Manos Limpias se han opuesto, pero sí lo ha hecho la otra acusación popular que ejerce el PP-A.
No obstante, el tribunal ha accedido y ha señalado que no existiendo regulación al respecto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal porque no está pensada para juicios de esta duración, se atiene a precedentes esgrimidos por las propias defensas siempre que los acusados renunciaran expresamente a su derecho a asistir, como así han hecho uno por uno.