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Susana Díaz interviene en una sesión del Parlamento andaluz. / Efe
El PP-A citará a declarar ante la futura comisión de investigación en el Parlamento por el fraude de los cursos de formación a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a sus antecesores, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, confirmaron fuentes de la dirección popular. El principal partido de la oposición, responsable de la solicitud de una comisión en la Cámara, pretende repetir la misma estrategia que llevó a cabo en la comisión parlamentaria que investigó el fraude de los ERE, al comienzo de la legislatura pasada.
Los populares consideran que las irregularidades en la concesión, gestión y justificación de las subvenciones que la Junta otorgó a empresas de formación profesional para el empleo –que actualmente investigan más de diez juzgados en Andalucía– se prolongaron desde el año 2002 hasta 2014, y por tanto el supuesto fraude empezaría bajo la presidencia de Chaves y llegaría hasta el mandato de Susana Díaz, que relevó a Griñán en septiembre de 2013. Al final de la pasada legislatura, el PP ya acusó en el Parlamento a Díaz de conocer las irregularidades de las subvenciones para la formación de parados desde julio de 2014, cuando supuestamente recibió ocho informes de la Intervención General de la Junta advirtiendo del fraude.
A la futura comisión de investigación sobre los cursos, cada grupo presentará una lista de personas que quiere citar a declarar en sede parlamentaria. El nombre de todos los comparecientes debe ser aprobado por mayoría de los grupos. El PP-A argumentará que «la responsabilidad política máxima del fraude de la formación recae en los dos expresidentes y en la presidenta actual». Con este mismo planteamiento, Chaves y Griñán ya tuvieron que comparecer ante la comisión de los ERE, y recientemente también han sido llamados a declarar en calidad de imputados ante el Tribunal Supremo.
El PP también incluirá en su lista de citaciones el nombres del responsable de la formación para el empleo en el mandato anterior, el exconsejero de Educación, Luciano Alonso. Alonso compareció en el Parlamento, a petición de IU, hasta en ocho ocasiones la legislatura pasada para dar cuenta del avance en la investigación interna que abrió su departamento para esclarecer las ayudas a la formación sin justificar. El último dato facilitado por Alonso apuntaba a que la Junta ha solicitado a empresas de formación el reintegro de 20,8 millones en ayudas sin justificar. Los populares también citarán al actual consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, al interventor de la Junta, y a los exconsejeros Juan Ojeda, Antonio Ávila y Manuel Recio, ya imputados en la causa judicial.
La propuesta de crear una comisión de investigación en el Parlamento sobre las irregularidades en la formación se debatirá, previsiblemente, en el pleno del próximo 23 de julio. El PP registró esta misma iniciativa hasta en tres ocasiones la legislatura pasada, pero fue vetada por los entonces socios de Gobierno, PSOE e IU. Esta vez saldrá adelante porque Podemos y Ciudadanos han confirmado que apoyarán la propuesta (IU ha presentado su propia fórmula de comisión, pero baraja también sumarse a la del PP). La investigación podría celebrarse en el mes de septiembre. Los populares barajaban pedir que se adelantara a agosto (mes inhábil en el Parlamento), como ocurrió con los ERE, pero ahora descartan esa opción, porque «tendría menos relevancia informativa en verano, y porque Díaz, al estar de baja por maternidad, no podrá acudir a declarar», afirman fuentes del PP.
El PSOE ha rechazado la propuesta porque considera que «no es necesaria ni prioritaria». Su tesis es la misma que esgrimió con el caso ERE: el asunto ya está siendo investigado en los tribunales. Esta nueva legislatura estará marcada por una carrera de todos los partidos por abanderar el discurso anticorrupción. La oposición responde al PSOE que se deben esclarecer todos los casos sospechosos de fraude y que, más allá de las sentencias judiciales, se deberán dirimir responsabilidades políticas.