La comparecencia como testigo de la actual presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha sido una de las peticiones planteadas por el PP en sus cuestiones previas y que no ha dejado a nadie indiferente en la sala. Los populares reclaman que testifique por “el conocimiento de los hechos”. Junto a Díaz, el letrado del PP, Luis García Navarro, ha pedido al tribunal que cite a declarar como testigos al actual consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, y a la que fuera responsable de este ramo Mar Moreno, que estuvo imputada en la causa.
El PP ha detallado que Díaz debe declarar como testigo por el “conocimiento de los hechos demostrado en sus comparecencias en el Parlamento andaluz y en sus actos públicos” y dado que en su etapa como consejera de Presidencia se aprobó el decreto de “convalidación de las ayudas sociolaborales”.
Junto a Díaz, el PP quiere que se cite como testigo al actual consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, debido a que su etapa como alcalde de Chiclana (Cádiz) este Ayuntamiento “recibió ayudas sociolaborales” con cargo a la partida de los ERE. Asimismo, también han solicitado la comparecencia de la exconsejera de Presidencia, Mar Moreno, debido igualmente al conocimiento demostrado de los hechos, recordando “la rueda de prensa que ofreció sobre los intrusos tras un Consejo de Gobierno”, y por el hecho de haber estado imputada en la causa, hasta que el Tribunal Supremo decretó el archivo para ella.
En sus cuestiones previas el PP también ha reclamado la declaración como testigos de tres de los cuatro imputados que resultaron exculpados después de que se abriera juicio oral contra ellos en esta causa del procedimiento específico. Es decir, del ex director general de Trabajo Daniel Rivera, el exviceconsejero de Empleo Justo Mañas, el exdirector de la Agencia IDEA Antonio Valverde. Una petición que también ha expuesto la Fiscalía Anticorrupción.
Asimismo, el letrado del PP también ha pedido, además de numerosa documentación, que declaren como testigos tanto los funcionarios de la Consejería de Empleo que realizaron el informe con información reservada, así como a la dos autoras del informe de la Cámara de Cuentas sobre Fiscalización de las Ayudas Sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis otorgadas por la Junta.