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El líder de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno Bonilla, ayer en Málaga. / Alex Zea (EP)
La anulación de la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios de la Junta de Andalucía por parte del Tribunal Constitucional y la decisión de la Administración andaluza de mantener las 35 horas presenciales con 2,5 horas de trabajo en casa ha dado de qué hablar. El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, pidió ayer a la Junta «rigor» a la hora de buscar una solución sobre la jornada laboral de los funcionarios y que no se tomen «decisiones a la carrera que al final sean una chapuza».
Moreno, que asistió a un acto de entrega de condecoraciones en la Subdelegación del Gobierno en Málaga, indicó a los periodistas que la sentencia que estima el recurso del Gobierno central contra la reducción de la jornada a 35 horas de los empleados públicos andaluces era «evidente».
El dirigente popular solicitó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que «no juegue con los funcionarios», a los que cree que hay que dotar de seguridad jurídica y «sobre todo hay que respetarlos», al tiempo que ha rechazado que estos se utilicen «en clave electoral».
Respecto a la solución planteada por la Junta de sumar a la jornada «presencial» de 35 horas otras 2,5 horas más de trabajos previos, el líder del PP-A opinó que quienes deben valorarla son los propios sindicatos y organizaciones de trabajadores, e insistió en la necesidad de que no se vulnere la seguridad jurídica.
En la misma línea se pronunció el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien defendió la necesidad de que la jornada laboral de los funcionarios esté regulada «con carácter general» para toda España y sea «común», pero consideró que en la organización del trabajo «sí que hay un margen de flexibilidad». En este sentido, el ministro se refirió a los docentes que preparan sus clases, a los funcionarios públicos que tienen una actividad dedicada a la formación o al sector sanitario.
Catalá, que asistió en Málaga al mismo acto que el líder popular, reiteró que la igualdad de todos los españoles es «un valor muy importante» de la Constitución, por lo que ha opinado que las condiciones de trabajo de los servidores públicos deben ser «iguales en toda España».
Por su parte, la coordinadora andaluza de Podemos, Teresa Rodríguez, acusó al PP de ser culpable de la sentencia del Constitucional que hace que pierdan derechos los trabajadores.
Finalmente, el PSOE lamentó la «pérdida de derechos» y criticó la «actitud» de Moreno, que «se ha convertido en una sucursal sumisa» del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.