El PP-A presentó ayer en el Parlamento andaluz la petición para crear de una comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe) y el uso de la tarjeta black en un club de alterne. «Pedimos una comisión de investigación porque a todos los andaluces les duele muchísimo que en la tierra de más paro de toda España se hayan gastado [en un burdel] los socialistas el dinero de los parados», señaló en rueda de prensa la portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo.
El grupo Popular presentó esta petición tras conocerse que los extractos de una tarjeta black de la extinta Faffe revela 15 cargos en un club de alterne en una misma noche por 14.737 euros, lo que la Junta puso en conocimiento del juzgado el 1 de junio, aseguró ayer el portavoz del gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco.
«La respuesta del portavoz fue patética, perdió toda credibilidad, nadie se explica cómo durante ocho años no se detectó todo esto y nadie se explica cómo se mandó la documentación al juzgado el 1 de junio y que el consejero de Empleo no dijera nada en la comisión parlamentaria del día 12», denunció la dirigente del PP. Por ello, exigió «transparencia» tras asegurar que la Faffe recibió durante una década subvenciones por, al menos, 330 millones de euros.
Por su parte, el PSOE acusó al PP de intentar «influir en los tribunales desde el Parlamento», y ha denunciado que «siempre utiliza la misma estrategia de judicialización de la política», espetó el portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, quien además adujo que «si hay una causa judicial abierta habría que esperar al pronunciamiento de los tribunales» antes de la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Parlamento.
La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, consideró por contra que no es «de recibo» que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no se someta a las preguntas en el Pleno de la Cámara que se celebrará la próxima semana.
También fue tajante la secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla, quien tachó de «repugnante» el uso de la tarjeta y pidió «respeto» al dinero público.